Combatir la corrupción policial requiere asumirla como un fenómeno estructural a
la fuerza. Ese enfoque es la clave que, para el criminólogo Máximo Sozzo, permite diseñar
mecanismos eficaces contra los sistemas de recaudación ilegal de la policía. "Pensar que la
corrupción es un fenómeno individual es un acto de ingenuidad o de complicidad. Son prácticas
delictivas sostenidas en una economía ilegal", planteó tras el anuncio oficial de que un organismo
a cargo de un civil controlará a las fuerzas de seguridad provinciales.
La creación de una Secretaría para supervisar a la policía fue propuesta por el
gobierno tras la denuncia del oficial Juan José Raffo, quien reveló cómo funciona la caja negra de
la policía rosarina con detalle de quiénes aportan y recaudan. Para Sozzo, profesor e investigador
de la Universidad Nacional del Litoral, nadie puede poner en duda que las cajas policiales existen.
Son "mecanismos instalados a causa de su autonomía, la falta de controles y un manejo oscuro de su
presupuesto".
Por eso, aunque el organismo de control surja como reacción a una denuncia, para
Sozzo es una buena iniciativa, si va acompañada de una decisión política: apuntar a las causas
estructurales de la caja negra. Un fenómeno que legitima prácticas delictivas, pero queda suprimido
en el debate sobre la "inseguridad": "La derecha hace de la seguridad un tema de individuos
malvados. Cuando el delito está cada vez más estructurado en un mercado que involucra a actores de
la economía «legal»", opinó.
—¿Qué capacidad tiene un organismo civil de controlar la corrupción
policial?
— La experiencia de reformas policiales de los últimos 20 años en el mundo
demuestra que es una buena noticia. No sólo en la lucha contra la corrupción sino también contra
los abusos policiales. Lo que sucede es que el anuncio es muy básico y es indispensable saber qué
modelo de control se va a impulsar. La iniciativa del gobierno es una respuesta reactiva frente a
un caso que involucra a una serie de individuos. Pero existen otros mecanismos, proactivos y
desindividualizados, que tratan de actuar antes de que emerjan las malas prácticas. Un ejemplo
típico es la auditoría. La pregunta es: ¿Este organismo va a funcionar con una lógica reactiva,
mirado hacia el pasado, trabajando sobre un caso puntual? ¿O va a generar mecanismos de control
desindividualizados? Esa es una decisión política clave.
— Crear mecanismos de control que excedan el caso puntual implica reconocer que la
recaudación es una práctica arraigada en la fuerza.
— Obviamente. Esa afirmación forma parte de un diagnóstico descontado en
los estudios sobre la policía en los últimos 30 años. Pensar que la corrupción es materia de
individuos aislados es un acto o de ingenuidad o de complicidad. Las dos posibilidades son malas
desde el punto de vista de una política respetuosa de los derechos. Es claro que los procesos de
corrupción policial son estructurales, porque están ligados a prácticas delictivas que producen
riquezas y sostenidas en una economía ilegal. Si queremos trabajar contra la participación de la
policía en las economías ilegales se debe entender que la que está comprometida es la estructura
misma de las prácticas policiales.
— De modo que no puede ponerse en duda la existencia de cajas negras en la
policía.
— Creo que no. No hacía falta esta denuncia para darse cuenta de que la
policía tiene una opacidad extraordinaria en cuanto a su participación en las economías ilegales y
en la gestión de los fondos que administran. En estos dos planos, fuentes exógenas y endógenas de
la corrupción, nuestras policías tienen una asignatura pendiente. Están marcadas por un velo que
impide a la política y a los ciudadanos ver cómo se comportan. Y los mecanismos de control
tradicionales tienen un alto nivel de impunidad.
—¿Falla el Poder Judicial al investigar la corrupción?
— El Poder Judicial no falla. El Poder Judicial es cómplice. Eso es más
grave. Este debate ya lo tuvimos en el año 1998 en torno a la creación de la Dirección de Asuntos
Internos, que era una suerte de híbrido: un organismo externo a la policía pero integrado por
policías. Una de las iniciativas más interesantes de esa dirección fue una auditoría que concluyó
que un 25 por ciento de la fuerza estaba involucrado en causas penales. Pero también que había un
alto nivel de archivo de esas causas, sobre todo las relacionadas con el uso de la fuerza. Esa
auditoría demostraba que el Poder Judicial era cómplice de la ilegalidad. Tales niveles de
inactividad judicial no dan lugar a otra interpretación.
—¿Y esto a qué se atribuye?
— Para el Poder Judicial, controlar a la policía involucra una decisión
política que trae aparejadas consecuencias. En el sistema procesal de la provincia el
funcionamiento de la Justicia penal está relacionado al de la policía. Los jueces penales son en
gran medida dependientes de la policía en el proceso de producción de prueba. Y perseguir a
funcionarios policiales puede acarrear una respuesta negativa de los uniformados. El archivo de
esas causas revela cómo funcionan en tándem.
— La denuncia por cajas negras en Rosario hecha en 2001 terminó archivada.
— Y podríamos agregar, hablando de ese año, las causas de diciembre de
2001. Parece que el Poder Judicial santafesino no tiene una experiencia positiva en el control de
la actividad policial. Por eso, la responsabilidad en la preservación de esa ilegalidad en la
fuerza es policial, pero también judicial y política.
— ¿Por qué son estructurales los sistemas de recaudación?
— Porque son instituciones que han tenido durante décadas, casi siglos,
niveles de autonomía extraordinarios con respecto al Estado. Eso les permitió construir formas de
ilegalidad permitidas donde la recaudación se distribuye en forma difusa.
—¿Qué validez tiene la figura del "arrepentido" de la fuerza que divulga el
fenómeno?
— Tiene la validez de una denuncia que, si tiene la fuerza del detalle y
es contrastable con otras fuentes, puede habilitar una investigación seria que acabe en la sanción
de ciertos responsables. Pero además debe generar un debate sobre cómo la policía trabaja respecto
a las economías delictivas más importantes, como el juego y la circulación de drogas ilegales. Se
puede aprovechar para producir un verdadero proceso de cambio, para que en seis o siete años no
discutamos lo mismo.
— Lo que expone el fenómeno de la caja negra es que hay economías delictivas
permitidas y negociables. ¿Qué papel juega esto en la seguridad?
— Demuestra que el terreno de la seguridad es ilusorio. Es llamativo que
los sectores de derecha hagan de la seguridad un tema de individuos malvados y aislados. Cuando en
realidad sabemos que el delito en las ciudades está cada vez más estructurado y en el marco de un
mercado no solo integrado por individuos más o menos privados de oportunidades económicas, sociales
y culturales, sino también por individuos de clase media, clase alta y la estructura estatal,
quienes pueden articular los procesos más complejos de esas economías delictivas.
— Sin embargo el reciente debate sobre la pena de muerte focaliza el tema en el
individuo y en respuestas represivas.
— Es un ejemplo paradigmático. El individuo que lleva adelante la acción
en el terreno es quien llama la atención de los medios de comunicación. Pero nadie se molesta por
ver cómo se conecta en cadena con la producción de riqueza en forma ilegal, en escenarios que no
tienen nada que ver con este individuo al cual le queremos aplicar la pena de muerte. Involucra en
realidad a los propietarios de los medios de comunicación, a los empresarios y a actores
fundamentales de la economía "legal". El tema es que es cada vez más difícil distinguir los límites
de esa economía.
