Uno de los inmuebles allanados en el Gran Rosario, en el marco de un amplio operativo contra el robo de cobre.
Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron 18 allanamientos en simultaneo en el Gran Rosario por robo y daño a las infraestructuras urbanas, tales como tendido eléctrico, flexibles de gas, sustracción de cable de telefonía y afines. Cuatro personas, presuntas responsables de los inmuebles allanados, quedaron a disposición de la justicia.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Matías Ocariz y desarrollados por personal de la Brigada Operativa Departamental de la A.I.C., junto con agentes de la secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, peritos de la Empresa Provincial de Energía (EPE), de Litoral Gas, de Aguas Santafesinas y compañías de telecomunicaciones.
Fuentes policiales indicaron que la investigación comenzó el año pasado y tuvo sus primeras intervenciones en junio de 2022, donde además de cobre se secuestraron armas de fuego.
Tras la continuidad de los hechos delictivos, los investigadores sumaron nuevos actores a las averiguaciones y cruces de información, fruto del cual se libraron 18 allanamientos a comercios dedicados a la compra y venta de chatarra ubicados en los barrios de Empalme Graneros, en la zonas oeste y sur de Rosario, y en las localidades de Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.
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Los elementos hallados por los investigadores y peritados por los veedores de las empresas son de todo tipo y valor, como ser: 8 baterías de respaldo energético a base de gel correspondiente a la empresa de Telecom valuadas en $250.000 pesos cada una, además de gran cantidad de chapas con inscripciones de medidores monofásicos hasta con números de serie perteneciente a la EPE, recortes de cables para distintas tensiones, llaves de línea de cobre perteneciente a Aguas Santafesinas, vallas de cercamiento tipo corralito de las cuales 7 fueron reconocidas por la Municipalidad de Granadero Baigorria y las restante son propiedad de Aguas.
En cuanto a control municipal se dispuso la clausura de 15 galpones más las intimaciones de cada caso en particular.
Las aprehensiones y detenciones dispuestas desde la Justicia, recayeron sobre los comercializadores del rubro. En principio trascendió que eran cinco los detenidos, pero con el correr finalmente se confirmó que son cuatro las personas que irán a audiencia imputativa y que por ahora estaban privadas de la libertad.
Según fuentes oficiales, la investigación que lleva adelante el fiscal Matías Ocariz sigue abierta y no se descarta que pueda haber nuevas medidas tendientes a desbaratar la operación ilegal que alienta el robo de cables en la ciudad.
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Por Gustavo Conti