"Monchi" Machuca pide la derogación de la categoría de preso de alto perfil

Ramón Ezequiel Machuca, uno de los líderes de la banda de Los Monos, reclamó ayer mediante un escrito judicial a las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia (del cual ahora depende el Servicio Penitenciario) la derogación de la resolución dictada por el gobierno anterior que lo declara un preso de "alto perfil" y se le otorguen los mismos derechos que a cualquiera de los detenidos en la cárcel de Piñero, donde cumple condena. El pedido de "Monchi Cantero", como se lo conoce, sostiene que la caracterización que se hace de él se basa en una resolución "ilegal e inconstitucional" que viola todas las garantías que le corresponden como recluso de un presidio provincial, tales como el acceso a la educación y actividades recreativas, la restricción de los horarios de visitas, el lugar para realizarlas y la recepción de alimentos.

"Monchi" cumple una condena a 37 años de prisión en el pabellón 26 de Piñero como líder de una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos (la banda de Los Monos), cohecho, encubrimiento agravado y la instigación de los crímenes de Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César, y Lourdes Canteros. Los tres primeros ocurridos el 28 de mayo de 2013 como venganza por el asesinato de quien fuera líder del clan, Claudio "Pájaro" Cantero; y el otro, el 15 de mayo del mismo año, por la disputa de un quiosco de venta de drogas en la zonas sur de la ciudad.

En un escrito que lleva la firma de Machuca y su abogado, Carlos Edwards, se solicita al jefe de Piñero que eleve a las nuevas autoridades la derogación de la resolución firmada el 22 de octubre de 2018 por el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Manuel Martínez Saliva, en la cual se define a los presos de "alto perfil" y "se establecen los lineamientos básicos de seguridad a aplicar a los sectores especialmente destinados al alojamiento de internos" así catalogados.

Ilegal e inconstitucional

"Monchi" plantea que la resolución es "ilegal ya que viola lo estipulado en la ley nacional de ejecución de la pena privativa de la libertad, que no contempla en ningún momento la categoría de presos de «alto perfil»; inconstitucional porque a partir de dicha categorización se limitan los derechos de los internos que antes a su dictado los ejercían plenamente; y arbitraria porque la inclusión en esa categoría depende pura y exclusivamente de la autoridad penitenciaria sin la elaboración de un perfil criminológico multidisciplinario del condenado".

Tras ello el escrito nombra los derechos cercenados al estar en un pabellón especial, tales como el de acceder a actividades recreativas, deportivas o culturales "en medida en que lo permitan las cuestiones de seguridad y el resguardo de otros internos", lo que está sujeto a la decisión de la autoridad carcelaria; el acceder a la educación "a través de sistemas remotos" que eviten el contacto con reclusos de otros sectores; la diferenciación en la cantidad de los alimentos que pueden recibir por parte de quienes los visiten; los horarios y lugares donde esas visitas se realizan, que son acotados en diferencia a otros presos; y la posibilidad arbitraria de ser sometidos a radiografías en foma aleatoria.

Finalmente, tanto Machuca como su abogado remarcan que la derogación de la resolución cuestionada pondrá fin a "la flagrante arbitrariedad de las distintas disposiciones que contiene al crear un régimen de excepción que únicamente se aplica a aquellos internos que son rotulados por las autoridades penitenciarias como de «alto perfil»".