Policiales

Mientras los jueces y el poder político discuten, los delincuentes aprovechan

Desde el Poder Judicial critican al gobierno por falta de inteligencia criminal y la respuesta es la blandura con la que actúan en ciertos casos.

Domingo 24 de Junio de 2018

En veinte días hubo tres atentados contra casas donde residen familiares de jueces. El primero fue contra una vivienda de la que dos meses antes se había mudado el presidente del tribunal que condenó a la banda de Los Monos, Ismael Manfrin. Los que siguieron hicieron blanco en la vivienda de la ex esposa del juez Juan Carlos Vienna, que procesó a la mayoría de los integrantes de ese clan y, como para que no quedaran dudas, en la de su padre.

En todos los casos los ataques pudieron ser mortales. Las balas atravesaron puertas o ventanas para terminar en ambientes donde vive gente. Si los que produjeron estos actos buscaban plantar una advertencia, dejar en el camino vidas humanas no les importó. No hubo muertos por azar. No porque resultara imposible que los hubiera.

El sacudón que provoca esta serie de atentados está expresado en el comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial exigiendo al Ministerio de Seguridad de la provincia garantizar la seguridad de los operadores del sistema judicial. Pero más notorio es el impacto emocional que estas acciones criminales han tenido en los magistrados. Y es allí donde el propósito de terror buscado con los balazos tiene su resultado. El juez Manfrin acaba de excusarse de intervenir en incidentes relacionados a las causas penales por las que Los Monos, con su voto como presidente, fueron condenados a prisión.

Dado que las condenas no están firmes, es el propio Manfrin y no un juez de Ejecución, el que sigue a cargo de los trámites vinculados con las condiciones de prisión de los sentenciados. De esos asuntos el juez busca apartarse. Los atentados a las casas donde vivió fueron dos días después de que rechazara un recurso para evitar que Ariel "Guille" Cantero fuera trasladado a una prisión federal fuera de la provincia. Manfrin no podía allí hacer nada porque como la causa era por tráfico y comercio de drogas, quien debía resolver era un juez federal. No obstante el mismo día que se resolvió transferir a "Guille" al penal de Resistencia las dos viviendas fueron azotadas a tiros.

Objetivo logrado

Si el afán de los atentados fue infundir miedo y neutralizar la acción de un juez el objetivo está logrado. El juez asume que si atacaron su casa, y no a él en la calle por ejemplo, lo que puede estar en peligro es su familia. El miedo deja de ser personal y se vuelve algo disperso que, en este caso, atenta contra lo más íntimo.

Alguien por su función puede absorber un riesgo personal, pero cuando eso llega a los más próximos, la resistencia se desnaturaliza. Esto se comprende humanamente. Pero el efecto institucional es el señalado: arrancar con un ataque una decisión institucional. Por más que el juez argumente que se aparta porque las noticias vinculan el atentado que sufrió con Los Monos y no desea que se infiera que obrar bajo efecto de esa situación produzca parcialidad con los condenados, el miedo por lo ocurrido es algo presente.

La decisión de Manfrin coincide con la obtención de una información, de parte del Ministerio Público de la Acusación, que vincula los ataques en forma directa a Los Monos. No es un indicio sino de una evidencia concreta, en diligencia de constatación con nuevas pruebas, que alude a la organización de los atentados y también a sus realizadores.

Desde un lugar de entendimiento, el viernes un miembro del Poder Judicial cavilaba en Tribunales sobre la dimensión institucional de la decisión de Manfrin. "Estaremos en aprietos si a partir de ahora, cuando un funcionario judicial deba resolver, en vez de analizar las circunstancias del caso o si hay o no delito, se detenga primero en saber quiénes son las partes que disputan, quiénes los profesionales que actúan en el caso o cuál es el contexto. Si es así, la enseñanza para los grupos criminales es transparente: sólo tienen que presionar para tener éxito".

El terror como herramienta

Hace mucho tiempo es constatable la eficacia que tiene el terror para contrarrestar a víctimas o testigos de delitos. Es algo que el propio Manfrin analizó junto a sus colegas de tribunal en la sentencia a Los Monos acerca de la conducta de aquellos que cambiaron su testimonio al estar frente a los acusados o tuvieron que ser buscados por la policía para ir al estrado. Ahora ese miedo campea entre los jueces porque la criminalidad que antes se cobró la vida de testigos trepó a un peldaño al que nunca había subido. Hoy esa promesa de letalidad llegó hasta ellos.

Pero hubo incidentes previos. El juez de Sentencia Edgardo Fertitta, que tiene su despacho al lado del de Manfrin, fue amenazado de muerte cuando negó un traslado de la cárcel de Rawson a Rosario a "Guille" Cantero, hecho por el cual le pidieron siete años de prisión a uno de los líderes de Los Monos. La sede de la Procuración de la Corte fue baleada cuando se cayó el juicio abreviado para tres miembros conspicuos del mismo grupo delictivo en abril de 2015. La ex jueza y actual diputada nacional Alejandra Rodenas denunció sentirse amenazada cuando "Monchi Cantero" le envió desde la cárcel un video cuestionando la actuación que tuvo en la causa donde ella lo procesó.

Relaciones peligrosas

Luego de esos incidentes no hubo acciones de inteligencia criminal eficaces para prever que de este grupo podrían generarse represalias. Es por ésto que los magistrados hacen centro de sus críticas al Poder Ejecutivo, y en especial al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Con Pullaro además las relaciones vienen de un profundo desgaste. Una causa es el cuestionamiento del ministro por la blandura, a su criterio, con los dictados de prisiones preventivas que los jueces rechazan. Otro es por los enconos generados por las decisiones de jueces sobre dónde alojar a presos de alto perfil que el gobierno acata con críticas. El tercer punto de fuerte conflicto está en el reciente régimen disciplinario de fiscales y defensores apoyado por el Ejecutivo y el oficialismo que coloca la potestad sancionatoria en la Legislatura, lo que blinda a los legisladores, a criterio de los fiscales, de investigaciones en su contra.

Faltas de criterio

Los jueces critican pero como parte del sistema penal no son ajenos al problema. Los grupos que hoy producen las amenazas no nacieron en 2013. Fueron durante años un factor importante de la criminalidad sin que hubiera un criterio de gestión idóneo de acumulación de causas, cuando magistrados y fiscales sabían bien qué delitos, qué nombres y en qué zonas de acción se reiteraban, sin producir estrategias para contenerlos.

Es cierto que los jueces intervienen solo cuando el ilícito se produjo. Pero quienes producían esos delitos se nombraban de forma recurrente y asociada en el sistema de consultas penales. Quedaban impunes y volvían a aparecer.

Mientras jueces y gobierno se lanzan recriminaciones recíprocas, se abre la brecha que aprovechan los grupos criminales. La comunidad no mira con simpatía esa disputa que le quita vigor al sistema penal frente a los delincuentes. Los jueces no estarán solos si hay un consenso de preservar las instituciones estatales y dar respuestas en bloque. Con las refriegas entre palacios, el volumen político se escurre y la autoridad decae.

Al mismo tiempo es cierto que la inteligencia criminal sigue siendo el gran ausente en este momento. Si se espera el milagro de que surja un arrepentido para aclarar hechos graves tardarán en llegar los días mejores.

primero de la saga. El 29 de mayo atacaron a tiros una casa donde vivió el juez Ismael Manfrin en Italia al 2100.

"Estaremos en aprietos si los funcionarios judiciales deben saber a quiénes tienen adelante en vez

de analizar los casos"

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