Cuando escuchó que la causa que lo mantuvo preso 3 años y 3 meses había llegado a su fin, que quedaba en libertad y que la Cámara Penal lo absolvía después de haber sido condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una menor, Facundo Rogelio Torrez se largó a llorar como un chico a pesar de sus 57 años. Junto a él, en la sala de audiencias de Tribunales, estaba Héctor Matías Pusitanelle, de 29 años, padrastro de la niña y sentenciado a igual cantidad de años. "Los jueces están para escuchar y para estudiar los casos. Para dejar libres a quienes deben estar libre. Porque sólo deben estar encarcelados quienes han cometido un delito y merecen una pena privativa de la libertad", dijo la camarista Carina Lurati en el fallo que se conoció ayer y que lleva además las firmas de sus pares Guillermo Llaudet y Georgina Depetris. De esa manera pusieron fin al calvario de los dos hombres y dejaron al desnudo la mala instrucción de la causa.
La historia se remonta a febrero de 2013. Por entonces, en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales se recepcionó la denuncia de una mujer que refirió que su sobrina, J.M.M., de 11 años y por entonces al cuidado de su padrastro, le había contado que había sido abusada sexualmente por ese familiar y por "El manga", otro hombre que vivía con ellos en el mismo terreno de la zona oeste de Rosario. Esos hombres eran, según la niña, Pusitanelle y Torrez respectivamente.
Buenas personas. Durante la instrucción, realizada por la jueza Marisol Usandizaga, se constató mediante exámenes médicos que J.M.M. había sido abusada sexualmente, aunque nunca se estableció quiénes y cuándo lo habían hecho.
Ambos hombres siempre dijeron ser ajenos al hecho. Torrez sostuvo que nada tenía que ver con la acusación, que cuando Pusitanelle y su pareja le pidieron un pedazo de terreno para instalarse a vivir junto a él se los cedió porque los conocía y que desde ese momento a los hijos de la pareja jamás les faltó comida. Además, contó que jamás los chicos se habían quedado solos con él. E hizo mención a que la menor, que cambió varias veces de escuela, "tuvo problemas con un compañerito con el que se tocaban de común acuerdo y por lo que hay una causa abierta en la Justicia de San Lorenzo porque parece que eso pasó en Puerto General San Martín", donde J.M.M. vivía antes con su familia.
A su turno Pusitanelle también se desligó de la acusación y consideró a J.M.M. como "una hija". Contó que no era habitual que la niña se quedara sola con él y que cuando ella "tenía 8 años tuvo un encuentro sexual con otro menor de la misma edad, con un vecino, y después se la llevó el padre a la casa".
En el curso de la instrucción declararon varios vecinos de los acusados. Todos coincidieron que se trataba de "buenas personas", les sorprendió que "estén presos por un hecho así", y dijeron tener "el mejor de los conceptos" de ambos. Incluso la pareja de Torrez contó que él era padre de sus tres últimos hijos, y que tenía 7 chicos más que "el crío como si fueran propios".
No obstante, el fiscal Enrique Hernán Paz dio por acrditada la materialidad de los hechos a partir del informe médico forense, la denuncia presentada por la tía de la menor, las entrevistas hechas a la nena por distintos profesionales y varias testimoniales y pidió que se condene a ambos hombres por abuso sexual agravado por acceso carnal, por resultado gravemente ultrajante para la víctima, por la minoridad de la misma y por la convivencia preexistente del autor. En ese marco solicitó 16 años de prisión para cada hombre.
A su turno las defensas encaradas por Sergio Larrubia en nombre de Torrez y Marcelo Argenti en representación de Pusitanelle, reclamaron la absolución de sus clientes por falta de pruebas en su contra.
En ese marco la jueza Usandizaga expuso que "es conocida la dificultad probatoria de este tipo de delitos que, por su propia naturaleza se realizan al abrigo de miradas de terceros, frustrándose así la posibilidad de convocar testigos presenciales del hecho", y que por ello "en causas como éstas se debe, en primer lugar, analizar exhaustivamente la declaración de la víctima".
Así la magistrada deduce que "todo conduce a la certeza de que la menor no falta a la verdad", que "de sus dichos se desprende un relato que resulta verosímil, explicando detenidamente y con cierto grado de detalle cómo fueron las conductas abusivas que los imputados practicaron sobre ella" y echa mano a informes de forenses que hablan de "síntomas de abuso sexual infantil". Y concluye que "hay plena certeza de la comisión por parte de los imputados de las conductas que se les enrostran" por los que los condena como "coautores de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante" a 13 años de prisión.
La otra visión. La sentencia de Usandizaga fue apelada por las defensas y ayer se conoció el fallo que absolvió a los dos hombres. Los camaristas Carina Lurati, Guillermo Llaudet y Georgina Depetris manifestaron que "no se ha logrado el grado de certeza necesaria para arribar a una sentencia condenatoria" y absolvieron a Torrez y Pusitanelli, dictaminó su libertad y el cese de toda medida restrictiva.
Los camaristas mencionan "la jurisprudencia imprecisa" a la que refiere la jueza de primera instancia para sostener su fallo; dicen que la magistrada, "sin explicar la razón, desliza que contrariamente a lo que sostienen las defensas de los acusados todo conduce a la certeza que la menor no falta a la verdad"; que la misma jueza "concluye retóricamente y sin contenido sobre hechos que no explica y, lo que es más grave, sobre una calificación legal jurídicamente imposible" porque "no se puede ser coautor de un abuso sexual con acceso carnal".
También denuncian "la defectuosa tarea del instructor y el fiscal lo que originara (en la lógica del viejo sistema penal) una línea única en la que —y ésto es lo grave—, no se corroboró el único testimonio incriminante, no se tuvo en cuenta que en la denuncia original no se mencionó como autor del abuso a ninguno de los acusados y que tal circunstancia recién se produjo en una entrevista de menos de una hora que un psicólogo tuvo con la víctima".
También el fallo refiere que "la subjetividad de las familiares de la madre de la nena debió haber llevado a la búsqueda de testigos con mayor grado de objetividad", que "no se indagó en hechos trascendentes de la vida sexual de la menor previos a la denuncia", que "se omitió citar a las maestras de los colegios a los que asistió y en lo que habría tenido problemas". Y, en ese sentido, sostiene que "se dio por sentado que Torrez y Pusitanelli accedieron carnalmente a la menor sin siquiera corroborar los extremos puestos en conocimiento, cuando el relato de la menor fue ambivalente y cargado de incoherencias".