En una audiencia imputativa llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal en una causa por estafa, el juez Hernán Postma dictó una serie de medidas contra el empresario inmobiliario Juan Carlos V. L. El imputado tiene prohibida su salida del país y además se le impuso una caución de 15 mil dólares al cambio oficial, además de comparecer todos los meses a firmar en la Fiscalía y fijar domicilio judicial fijo. Con estas medidas rechazó el pedido de Fiscalía que imponía la prisión preventiva y su inhibición comercial.
La Fiscalía, a cargo de Ana Julia Milicic le atribuyó a V.L. haber defraudado patrimonialmente a Micaela G. en agosto de 2022, cuando ella suscribió un contrato de mutuo con la firma con oficinas en Puerto Norte "Adelante Broker Inmobiliario" (V. L.), mediante el cual entregó US$ 30.000, con la promesa de que dicha suma sería restituida en un plazo de seis meses, mediante el pago de seis cuotas mensuales de $113.400, que incluían un interés mensual del 3,5% sobre el capital. El capital total debía ser devuelto al vencimiento de la última cuota. Pero V. L, quien había ofrecido a la una inversión en un proyecto inmobiliario, nunca cumplió con sus promesas.
Según la imputación "V. L. ha incurrido en un comportamiento sistemático de engaño y evasión, induciendo a la víctima entregar una suma de dinero bajo falsas promesas, con la clara intención de obtener un beneficio económico ilícito”. Así la fiscalía calificó el delito como estafa, en calidad de autor.
Un empresario inmobiliario sin matrícula
Según se ventiló en la audiencia, V. L. se presentaba como empresario de la noche, del sector de espectáculos y de los rubros gastronómico e inmobiliario, lo que le generaba confianza y credibilidad. Micaela G. sostuvo por escrito que "ha tomado conocimiento de que, a través de su operatoria con contratos de mutuo, el denunciado ha perjudicado a numerosas personas. En su caso particular, han transcurrido meses sin que haya recibido la restitución del dinero aportado”.
Por otra parte, la Fiscalía realizó una consulta al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario para verificar si Juan Carlos V. L. se encuentra matriculado como corredor inmobiliario. El resultado fue que "no existen matriculados con esos datos". Terminada la audiencia el juez Hernán Postma resolvió dejar en libertad a V. L. pero con condiciones judiciales estrictas.
Hasta llegar a la instancia de la audiencia el Cuij —el legajo judicial de forma— atravesó distintas alternativas, entre ellas los cambios de fiscales y la posibilidad de que no se imputara a V. L. al considerar uno de los fiscales que tuvo la causa que el delito de estafa no correspondía como calificación. pero finalmente prosperó lo solicitado por el abogado querellante, Gabriel Montserrat, y se arribó a la audiencia imputativa.
