El fin de semana se viralizaron a través de Facebook imágenes en las que se veía perfectamente la celebración de un cumpleaños en la Alcaidía de la Unidad Regional V (URV) del departamento Castellanos, con sede en la ciudad de Rafaela. Aparentemente se trató de un asado que organizó el subcomisario Gastón Eletti, detenido en ese penal acusado de haber cometido múltiples delitos cuando se desempeñaba como jefe de la Zona de Inspección 5 con jurisdicción en Frontera y Josefina, en el oeste santafesino. Según trascendió, el motivo de la reunión a la que asistieron unas diez personas fue el festejo del cumpleaños de su pareja.
En ese marco, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, decidió la intervención de la URV. “Hemos decidido intervenir la Unidad Regional 5 y desplazar a los jefes. Va a haber una interventora en estas horas y luego designaremos un nuevo jefe”, sostuvo el funcionario. Jorgelina Aguirre, quien se desempeñaba hasta el viernes al frente del departamento Judiciales, fue designada como interventora por la jefa de la Policía provincial, Emilce Chimenti.
Apenas se enteró de la noticia sobre el festejo prohibido, Lagna tomó una serie de medidas. La primera fue que efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) realizaran un procedimiento en la dependencia donde se secuestraron libros de guardia y cámaras de vigilancia internas y externas de la Alcaidía. Como la ACP es una agencia de índole administrativo no precisa una orden de allanamiento para confeccionar planillas de control.
Además de la investigación interna se abrió una causa penal que está a cargo de la fiscal de Rafaela Fabiana Bertero, quien también ordenó una serie de medidas en el lugar, entre ellas un allanamiento en la sede de la URV par relevar distintas pruebas.
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Hasta el momento, según dijo el ministro a este diario, lo que está comprobado es que en la alcaidía de la URV había gente que no debía estar allí. “Lo que me consta por ahora, y sin los datos que se obtendrán de la revisión de las cámaras de vigilancia y los libros, es que hubo visitas a reclusos en un día no permitido”.
Además de la designación de Aguirre como interventora fueron desplazados quienes se desempeñaban como autoridades de la URV: Arnoldo Suárez y Marcela Fernández, removidos y destinados al D1, tal como se denomina al departamento Personal de la Jefatura provincial. “Vamos a investigar lo sucedido y si es grave es probable que los pasemos a disponibilidad. Suárez es un jefe sin graves problemas, pero si esa reunión sucedió es muy grave lo ocurrido”, dijo el ministro entre molesto y consternado.
“En la fuerza son 23 mil hombres. Algunos pueden estar equivocados o cometer errores pero seremos inflexibles con ellos. Nosotros entregamos justamente a esta Unidad 32 móviles nuevos y no es justo desayunarnos con esta noticia de un presunto cumpleaños”, sostuvo Lagna, para adelantar: “Quiero que la intervención sea corta. En quince días quiero poner un jefe nuevo y ya tengo algunos nombres. De momento se estarían jubilando varios cuadros intermedios por la propia dinámica de la fuerza y esto nos va permitir recategorizar la fuerza, situación que no se produce hace siete años. Así dispondremos de otros recursos humanos”.
Tres uniformados acusados
Gastón Eletti tiene 43 años y está preso desde febrero junto con la ex jefa de la comisaría 6ª María Silvina Asís y el ex agente de la Motorizada Juan Manuel Villafañe. Están acusados de integrar una asociación ilícita que cometía delitos abusando de sus funciones como integrantes de la fuerza policial.
La fiscal Gabriela Lema los imputó en febrero por una serie de hechos que transcurrieron en entre septiembre de 2020 y febrero de 2022. “Privaban ilegalmente de la libertad a distintas personas, las víctimas fueron un periodista que estaba cubriendo una protesta frente a la comisaría de Frontera, el hijo de una mujer que había tenido una relación sentimental con uno de los investigados y otros dos hombres a los que también insultaron, agredieron físicamente y amenazaron de muerte”, sostuvo la fiscal al momento de formular las acusaciones.
En ese momento la fiscal dio a conocer algunos de los hechos por los cuales los policías quedaron presos. En octubre de 2021, Eletti llamó por teléfono a la jefa comunal de Josefina para pedirle que hablara con la prensa y reconociera su presunto desempeño por haber recuperado chapas del techo de una capilla que habían sido robadas días antes. Además le solicitó que le mandara carne para hacer un asado para catorce personas en la comisaría de Frontera.
La misma solicitud le hizo días después a una mujer que llamó a la comisaría para saber cómo debía hacer para recuperar una moto que le habían robado: llevarle carne para hacer un asado para diez personas. Pero mientras se enfocaba con insistencia en ese pedido, Eletti había omitido registrar en los libros de la comisaría el procedimiento para recuperar y devolver ese vehículo, cuyo robo no fue siquiera comunicado al fiscal en turno.
Entre los delitos que se le achacan está el de apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad, encubrimiento agravado, lesiones graves en accidentes de tránsito, solicitar y recibir dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y introducir elementos falsos en actas de procedimientos y realizar custodias sin cumplir con las reglamentaciones.
Eletti está imputado como jefe de asociación ilícita, rol también atribuido a Asís, quien estuvo con prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos hasta que tuvo que volver a estar tras las rejas por haber amenazados a dos policías en la seccional de Frontera. En el caso de la mujer, también se le achacan los delitos de secuestro activo, privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones, defraudación a la administración pública, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. Todos delitos agravados por su condición de funcionaria pública.
