La audiencia acusatoria en la que los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos llevan adelante desde el miércoles sobre nueve personas _entre ellos Carlos Vergara, secretario de la Uocra, y del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte_ por una serie de delitos para imponer negocios con viandas, baños químicos y coimas para la concreción de obras continuará este lunes. Pero dentro de esta imputativa hubo este jueves una incidencia que hace mirar de reojo otra audiencia, que se llevará a cabo el martes, y que tiene como protagonista a Juan Pablo M., el denunciante contra Vergara, Bracamonte y otras siete personas (seis de ellos miembros de la Uocra). Es que Juan Pablo M. luego de denunciar fue detenido y será acusado de integrar la asociación ilícita y un hecho de extorsión, que podría ser en grado de tentativa.
En la audiencia del jueves, cuando efectivamente el juez Facundo Becerra pudo comenzar a escuchar la imputación en la voz de los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni, algunas de las defensas realizaron planteos de nulidad a futuro a partir de la situación de Juan Pablo M., quien fue detenido el lunes pasado en su casa de en Juan José Paso al 300 de Empalme Villa Constitución. Es que esta incidencia policial transformó a uno de los protagonistas de la acusación, uno de los principales denunciantes contra la troupe de Vergara y Bracamonte, en detenido.
El planteo de las defensas está basada en que el testimonio de Juan M. sirvió para encarcelar a Vergara y Pillín. Que luego de esas detenciones se convocaron a numerosos testigos independientes. Y posteriormente al quedar preso Juan M. se transformó en un protagonista infranqueable para ser entrevistado por los defensores de los acusados en la causa que enloda a la Uocra y a la barra de Rosario Central.
¿Debió Juan Pablo M. haberse sentado en la misma sala en la que los demás acusados comenzaron a ser imputados el miércoles? ¿Podría transformarse en un imputado colaborador? Lo concreto es que el hombre será acusado el martes desde las 14 y será acusado por el fiscal Mariano Ríos Artacho, también integrante de la Unidad de Delitos Económicos. La jueza de garantías para esta audiencia será Verónica Silvana Lamas González.
La denuncia
El 15 de mayo pasado Juan M. realizó una denuncia online ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que generó un CUIJ _código único de identificación del expediente_ que le fue asignado a la Unidad de Delitos Económicos. En la denuncia se presentó como “colaborador gremial de la seccional Rosario del sindicato de la Uocra afectado a la localidad de Villa Constitución, Venado Tuerto y recientemente a la ciudad de San Lorenzo”. Explicó que venía sufriendo todo tipo de “presiones y amenazas” contra él y su familia.
Además dijo que quienes los apretaban “eran personas conocidas y peligrosas” y mencionó el nombre de Pillín Bracamonte. Y se refirió específicamente a un hecho ocurrido durante una comida realizado en un restaurante de barrio Echesortu la noche del 15 de febrero pasado organizada por Vergara, en la que estaba la cúpula del sindicato de la construcción.
Personal de la Agencia de Control Policial (ACP) trasladan cajas con evidencias en la causa contra Bracamonte y Vergara.
Foto: Marcelo Rubén Bustamante.
Según la denuncia Pillín entró a la reunión de la mesa chica de la Uocra local, sin estar invitado, y se sentó a la mesa donde Juan M. estaba con sus compañeros. “Se dirigió directamente hacia la mesa, se sentó sin estar invitado, mirándome fijo todo el tiempo”, aseguró. Luego contó que al pararse e ir al baño, Pillín lo siguió para amedrentarlo. Y lo prepoteó: “Yo te dije que te iba a sacar de San Lorenzo y de Villa y voy por vos y por tu familia”. También le dijo: “nunca te quisiste alinear con nosotros, ahora bancátela. Te dijimos si no te alineabas ibas a tener problemas”.
De acuerdo al relato del fiscal Moreno en la audiencia de este jueves “las amenazas consistes en decirme en persona que se iban a quedar con la delegación San Lorenzo del gremio, que me iban a matar e iban a ir a apretar al secretario Carlos Vergara”. Juan M. expuso que “Bracamonte y su gente comenzaron a manejar bajo amenazas las viandas y baños químicos de todos los agremiados del cordón industrial, amenazando y apretando también a los empresarios como para que contraten sus servicios, caso contrario sufrirían consecuencias”.
Para la acusación, Juan M. fue corrido en San Lorenzo por Luciano G., un hombre de Pillín en la barra de Central que se encuentra entre los acusados en la causa madre, quien era el encargado de “acordar la contratación de los servicios de viandas y baños químicos” que estaban en manos de empresas de Bracamonte. Juan M. hizo una ampliación de su denuncia en agosto pasado.
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El lunes pasado al ser detenido en Empalme Villa Constitución en la casa donde fue detenido los agentes de la Agencia de Control Policial (ACP) incautaron 11.250 dólares, una máquina de contar billetes, 32 banderas de la Uocra, cheques y dos microchips. Por lo que trascendió Juan M. será acusado como parte de la asociación ilícita y por una extorsión (o tentativa) a partir de la venta de un inmueble por fideicomiso a la pareja de Vergara.
Viandas y baños químicos
En la audiencia que debió comenzar el miércoles pero que arrancó este jueves tras un cuarto intermedio, el fiscal Moreno hizo una descripción de “las modalidades extorsivas” de la presunta asociación ilícita que encabezan como jefes organizadores Vergara y Pillín. Una manual de qué y cómo hay que hacer las cosas “si no querés tener problemas” con el gremio. “Algunas consisten en exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio”, explicó.
El 29 de noviembre se realizaron una serie de allanamientos que terminaron con el jefe de la barra brava de Central y el secretario general de la Uocra presos.
Foto: Marcelo Rubén Bustamante.
E indicó que para esta operatoria tuviera carácter formal desde el sindicato ofrecían “libre deuda”, que para la acusación no reviste validez dado que el único “legalmente exigible” es el que expide la Uocra a nivel nacional.
Con ese “libre deuda sindical”, que expedían las sedes de San Lorenzo y Villa Constitución, el contratista adquiría un permiso de la cocontratante (empresas con plantas en el Cordón Industrial) para ingresar a trabajar. A su vez, siempre según la acusación, las empresas eran amenazadas para exigirles a los contratistas el “libre deuda” como requisito para ingresar a las plantas. Una manera de asegurarse el negocio apretando a las dos puntas posibles.
A partir de denuncias y documentaciones la investigación detectó casos en los que no se exigía ese “libre deuda” pero sí permanecía la obligación de contratar a los proveedores de baños químicos y servicios de viandas manejados por los acusados. “Las otras empresas que quisieran ser recomendadas por Uocra deben compartir sus ganancias con la asociación ilícita”, indicó Moreno.
Otra modalidad analizada por la acusación fue el llamado “rentamiento”, una maniobra que consistía en exigir a las empresas de construcción la contratación de determinadas personas relacionadas a los acusados que luego percibían un salario sin trabajar. Como ejemplo, con documentación entre las evidencias, Moreno citó el caso de un hijo de Bracamonte y dos hijos de Vergara. También fue citado el caso de una supuesta amante de Vergara a la que anotó como delegada del gremio en una empresa constructora, aunque no trabaje en la firma.
“La figura del rentamiento es la versión extorsiva de la del delegado sindical”, consideró. Por último, la tercera modalidad extorsiva recayó puntualmente en Vergara. “Ha incorporado inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o de compraventas con empresas constructoras. La simulación consiste en que el precio que consta en los contratos nunca se abonó”, analizó Moreno.
