Violencia narco

La negativa a investigar a 15 búnkeres impulsa la cita de Bullrich con jueces federales

Fuerzas federales los detectaron pero un magistrado no autorizó la pesquisa. Es uno de los casos que impulsa el reproche de la ministra

Lunes 28 de Mayo de 2018

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se reunirá hoy en Rosario con jueces y fiscales federales para conversar sobre criterios de intervención frente a situaciones de venta de drogas, fenómeno que según coinciden distintas agencias de seguridad está en la base de la disparada de violencia que produjo en la ciudad una notoria escalada de homicidios. La funcionaria pedirá unificar apreciaciones para avanzar sobre los grupos implicados en estos delitos. El motivo es que, para Bullrich, hay demoras incomprensibles para autorizar acciones de inteligencia o medidas operativas cuando, según entienden en su cartera, hay fundamentos para que se habiliten.

La ministra expondrá a los funcionarios judiciales los motivos de su discrepancia descargando en la reunión el peso político de su cargo pero sin posibilidad de imponer órdenes dado que sus interlocutores pertenecen a un poder independiente.

¿Qué está por detrás de los motivos de Bullrich? Una secuencia de hechos en los que para la cartera nacional cree que frente a elementos concretos para ordenar investigaciones hubo inacción judicial. La mayoría de los casos se refieren a requerimientos en los que actúa el juez federal Marcelo Bailaque.

Puntos de venta

El último que provocó la contrariedad de la ministra es una investigación que derivó en un informe con 15 puntos de venta de droga en Rosario hechos por cuatro fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) junto a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. El documento fue realizado con denuncias de vecinos al 911 y verificación de las distintas fuerzas sobre la actividad de esos búnkeres. Se presentó en el Juzgado Federal Nº 4 el pasado 16 de mayo y pasados doce días no hubo autorización judicial para investigaciones preliminares de inteligencia en esos objetivos. La razón esgrimida, según fuentes del caso, es que cuando se denunciaron al 911 esos lugares el juzgado que recibió la solicitud no estaba de turno.

Esta es una de las razones por las cuales Bullrich dijo el sábado a este diario que existen con la Justicia Federal de Rosario "algunos desencuentros en cuanto a la rapidez con que otorgan las órdenes de allanamiento para desarticular bandas que se dedican al narcomenudeo".

Otro de los episodios analizados tiene que ver con la detención de una mujer de 23 años de la familia Caminos el miércoles pasado en la zona del Complejo Municipal de Alice y Lamadrid. Personal de Gendarmería requisó a la joven y en presencia de testigos hallaron cuatro envoltorios con 17 gramos de marihuana y 18 bolsas de cocaína que pesaron 14 gramos y una bolsa de polietileno con 16.880 pesos. La mujer quedó en libertad porque para Bailaque no quedó probada la finalidad de comercio de la droga incautada.

El fiscal federal Claudio Kishimoto pidió el allanamiento de la casa de la joven ante la sospecha de que hubiera allí más material estupefaciente o elementos que implicaran un delito y no la tenencia simple, que no es una conducta penalizada. El juez no lo autorizó porque consideró que no estaba correctamente fundamentada esa petición.

Contrariedad

La negativa produjo contrariedad en la fiscalía y en la cartera de Seguridad nacional. Consideraban que no se valoró de manera ajustada el contexto para allanar la vivienda de la mujer: la detención en un lugar caracterizado por hechos reiterados de homicidios en el marco de disputas por narcotráfico, la pertenencia de la detenida a una familia con personas que tienen causas por este delito. De hecho Bailaque procesó por comercialización de drogas a once personas detenidas en 22 allanamientos en los barrios Tablada, Municipal y Saladillo, varios integrantes de la familia Caminos.

Un episodio más de esta serie analizada ocurrió el pasado 18 de mayo cuando un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad china, fueron detenidos en la terminal de ómnibus al ser descubiertos con nueve bolsitas de plástico que contenían cápsulas de cocaína cristalizada que pesaron siete gramos, distribuidos en pequeñas bolsas selladas al vacío, además de 4.400 dólares y 30 mil pesos en efectivo. Se trata de metanfetaminas, una droga de alto poder adictivo y severos efectos tóxicos a nivel cerebral. Ambos detenidos residían en el conurbano bonaerense. El juez Bailaque les concedió la libertad por la escasa cantidad de la droga incautada, que no sugiere por su peso tener fines de comercio, y les reintegró sus teléfonos.

Desde la fiscalía cuestionaron la decisión entendiendo que no todo es cuestión de gramos. Aducen que tiene que parecer raro o digno de investigación más profunda el hecho de que se trate de dos extranjeros de paso, con esa cantidad de dinero y esa droga peculiar. Eso habría habilitado, para el fiscal, la inspección de los celulares momentáneamente incautados.

La ministra Bullrich ya había barajado mantener una reunión con jueces federales en ocasión de su anteúltima visita a Rosario, el pasado 13 de abril. En esa ocasión tuvo declaraciones críticas hacia la Justicia Federal local aludiendo a demoras históricas para investigar a la banda de Los Monos.

Pero hubo una situación en especial por la que gestionó personalmente una reunión con jueces federales que finalmente no debió realizarse. Fue porque hubo una demora en autorizar los allanamientos al ex jefe de Inteligencia Zona Sur de Drogas Peligrosas Alejandro Druetta, que luego se zanjó cuando el juez Carlos Vera Barros emitió las órdenes respectivas, dado que su colega Bailaque estaba de vacaciones y no había querido librarlas, según fuentes ministeriales, en su último día antes de la licencia.

Enfoques y diferencias

Estas tensiones se registran en base a diferencias de enfoque. Bailaque alude al resguardo jurídico que debe proporcionar un juez al suspender las garantías de una persona acusada de un delito, lo que implica que los fiscales fundamenten plenamente sus órdenes de allanamiento, detención o incautación de elementos.

Desde el Ministerio de Seguridad enfatizan que el marco histórico habilita a adoptar con rapidez una medida excepcional. Por ejemplo cuando el detenido pertenece a una familia con vínculos con el mismo delito. El mismo contexto convierte en secundaria, para la cartera de seguridad, la cuestión de quién estuvo de turno originariamente cuando se debe decidir una medida con celeridad.

La cartera de Seguridad cree que frente a casos concretos para ordenar investigaciones hubo inacción judicial

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