El juez de Sentencia a cargo del expediente de la causa por asociación ilícita y delitos conexos de l banda de Los Monos, firmó el viernes el decreto de clausura de la etapa de instrucción, lo cual despeja el camino para fijar la fecha de incio (podría ser entre el 23 y 28 de este mes) del postergado juicio oral y público donde serán juzgadas 23 personas. Las defensas de los principales acusados apelaron la resolución y recusaron al juez. Argumentan que no puede resolver en ese sentido cuando aún restan producir e incorporar pruebas que ellos solicitaron.
La emblemática causa 913/12 en la cual, a partir del crimen de Martín "Fantasma" Paz se derivó en investigar el accionar de la banda de Los Monos, parece que se encamina al esperado juicio donde serán juzgadas 23 personas a las que se les achacan distintos roles y delitos, desde homicidios a conformar una asociación ilícita. En las audiencias se esperan unos 350 testigos en un juicio que puede durar hasta tres meses.
Después de idas y vueltas a partir de recursos planteados por las defensas, ayer trascendió en Tribunales que el juez de sentencia Julio Kesuani firmó el decreto en el cual notifica a las partes que se cerró formalmente la etapa de investigación y acopio de pruebas.
Sin embargo, y como viene ocurriendo desde que el Estado provincial tomó la decisión de establecer un corte a la historia judicial de la banda de barrio Las Flores, los abogados de los principales imputados plantearon la apelación y revocatoria del dictamen. Ambos incidentes serán definidos por el juez en las próximas horas, pero se descarta que elevará la controversia a la Cámara Penal.
Aún no corresponde
Los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure en representación de "Monchi" y "Guille" Cantero, Emanuel Chamorro y Leandro Vilche, entre otros defensores, entienden que el juez no puede cerrar la instrucción cuando aún resta que se resuelva si se acepta la incorporación de algunas pruebas que solicitaron y podrían constituir su teoría del caso.
Cuestionan que están en vía recursiva extraordinaria ante la Corte provincial y la Corte nacional la negativa al pedido de declaración del juez Juan Carlos Vienna (principal instructor de la causa) al que cuestionan por parcialidad, de su par Alejandra Rodenas (quien dictó los procesamientos), del gobernador Miguel Lifschitz, de Graciela Franco y Laura Maida (parejas de Vienna y Luis Paz respectivamente), y datos sobre los movimientos de tarjetas de crédito de estas mujeres.
Además, remarcan que todavía no fueron remitidos los resultados de pedido de cotejo de voz sobre escuchas a "Monchi", en manos de peritos de la Policía Federal, evidencias que conforman el corazón de la acusación de casi todos los implicados.
Cabe recordar que en base a evidencias telefónicas el hijo adoptivo de Ariel "El viejo" Cantero fue procesado por ordenar balear un búnker en Conscripto Bernardi 6374 en el cual murió la adolescente Lourdes Cantero, el 14 de mayo de 2013.
Además, los defensores insisten por la vía recursiva extraordinaria que se defina la admisibilidad de las escuchas obtenidas en el marco de una causa por narcotráfico contra Ariel Spadoni, ex dueño de una agencia de motos y condenado en el marco de una causa por envío de droga a Europa, de quien Vienna habría recibido un rodado a modo de dádiva.
Los planteos sobre parte de esas pruebas que demoran el inicio del juicio se generaron cuando en una audiencia celebrada en septiembre, el camarista Daniel Acosta decidió admitir algunas y rechazar otras, lo que disparó la inmediata revocatoria de las defensas.
Así no se puede
"Nosotros necesitamos armar nuestra teoría del caso en base a las pruebas. No se puede comenzar el juicio con la vía recursiva en trámite, la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia lo dice en base a otros fallos: antes del comienzo del juicio se deben agotar todas las instancias", aportó a este diario el abogado Fausto Yrure, defensor de "Monchi".
El profesional también confirmó que "Guille" Cantero, a quien el próximo 21 de octubre se le vence el plazo de prisión preventiva, presentó un escrito donde expresa aceptar la prórroga de la medida cautelar a la espera del juicio, por más que el vencimiento vaya contra sus intereses.
La batalla jurídica entre jueces y fiscales por un lado y defensores por el otro ya lleva varios capítulos. El juicio iba a comenzar el 21 de junio pasado, pero se pospuso. El juez Ismael Manfrin, quien presidirá el juicio junto a María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga fue recusado, pero el planteo fue rechazado por el propio Manfrin y luego por Daniel Acosta.
Luego volvieron a recusar a Manfrin por otro motivo: ordenar el debate pese a que no estarían listas las pruebas y hay recursos de inconstitucionalidad pendientes en la Corte Suprema provincial, pero esa queja también fue rechazada. A la espera del debate está el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, a quien en los últimos meses se sumaron sus pares Alejandra Rodríguez, Verónica Balari, Román Moscetta y Luis Schiappa Pietra.