El juicio oral y público al ex jefe de la policía santafesina Hugo Damián Tognoli y otras 26 personas vinculadas entre sí por tres causas conexas que se inició en junio de 2017 entrará en los próximos días en su etapa definitoria luego de largos meses de audiencias y un sinnúmero de postergaciones, muchas de ellas sostenidas en la falta de estructura de la Justicia Federal de Rosario, una realidad de la que dio cuenta La Capital en un informe publicado el domingo 18 de marzo pasado. Pero también por la famosa "politización" de la Justicia, término en boga que permite que hasta el presidente de la Nación se inmiscuya en los fallos que se dictan sobre causas vinculadas a funcionarios del gobierno kirchnerista o de la composición de tribunales que deben juzgar causas propias o ajenas.
Tognoli está acusado de conformar una "empresa criminal conjunta" por el presunto encubrimiento a narcos del sur provincial, como Carlos Andrés Ascaíni (apresado en un controvertido procedimiento) y Aldo "Totola" Orozco, quienes también están acusados en el proceso a cargo del tribunal que componen Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci.
Vale recordar que en otro juicio que estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el ex número uno de la policía fue condenado el 27 de octubre de 2015 a 6 años de prisión por encubrir una red narco y coaccionar a la titular de una ONG de la capital provincial, pero ese fallo no está firme.
Según aquella condena, Tognoli debería permanecer en libertad hasta que se expidiera la Cámara de Casación Penal ante la que el dictamen fue apelado por su defensa. Pero aún el Tribunal nacional no se ha manifestado al respecto (como esperando el resultado del juicio en Rosario) y Tognoli lleva tras las rejas un tiempo que supera ampliamente el que la condena dictada le exigiría para obtener la libertad condicional.
Decisión política
Es que el ex titular de Drogas Peligrosas fue apresado por primera vez el 22 de octubre de 2012, tras la publicación de una nota periodística, y liberado por falta de méritos el 5 de noviembre del mismo año. Sin embargo, una decisión política de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, desplazó de su cargo a la ex fiscal Liliana Bettiolo por no apelar el dictamen firmado por el juez Carlos Vera Barros ya que, como dijo la funcionaria al declarar en el actual juicio, "no tenía más pruebas para hacerlo".
Bettiolo reveló que "había una pesquisa contra Hugo Tognoli", pero que recién "a partir de una publicación en Página/12 el 19 de diciembre de 2012 ("La delgada línea blanca") ordenó el arresto del jefe policial "para preservar pruebas". No obstante, no pudo explicar cómo el expediente que tenía en su escritorio se había filtrado a la prensa.
"Quedó claro con el testimonio de Bettiolo que la detención de Tognoli obedeció pura y exclusivamente a una opereta orquestada desde el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento. La doctora Bettiolo fue víctima de esa operación al ser removida de su cargo. Y en su lugar colocaron a un fiscal funcional a los intereses del gobierno nacional, que en ese entonces era detener al jefe de la policía de Santa Fe", dijo el abogado Paul Krupnik, abogado del supuesto narco Carlos Ascaíni.
Y en el marco del juicio a la banda de Los Monos que acaba de concluir en los Tribunales provinciales, el abogdo Carlos Edwards, codefensor del núcleo duro de la banda y ex abogado de Tognoli, explicó que "hubo un hecho que marcó un antes y un después en Santa Fe (tanto en la Justicia como en la política). En diciembre de 2012 el jefe de policía fue detenido acusado de brindar protección a narcos del sur provincial". Para el letrado, "ese hecho se produjo en un contexto muy particular: el de la puja entre la Nación y la provincia en medio de la cual incluso se dijo que el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández podía llegar a intervenir el territorio al mando de Antonio Bonfatti", considerado por un diputado nacional como un gobierno "narcosocialista".
Fue entonces, una vez desplazada Bettiolo, que la Procuradora mandó en su lugar a Juan Patricio Murray, quien en forma inédita en la Justicia penal argentina aplicó la figura de la "empresa criminal conjunta" englobando a Tognoli, Ascaíni y otros dos policías.
Con plazos cumplidos
Así las cosas Tognoli volvió tras las rejas el 7 de marzo de 2013, por lo lleva cinco años preso sin condena firme, lo que resulta una violación constitucional porque nadie puede estar detenido más de dos años en prisión preventiva sin que su sentencia esté firme. No obstante, y ante cada pedido que hizo la defensa del comisario para que acceda al beneficio de la libertad, esa normativa fue desestimada por los jueces.
Incluso días atrás, en medio de la polémica generada por la excarcelación de los ex funcionarios kirchneristas Luis D'Elía y Carlos Zannini, la fiscal Gabriela Baigún sostuvo que "aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley". Y mucho más cuando "no hay riesgo de fuga y no hay peligro de obstaculizar la investigación", lo que Tognoli demostró entre fines de 2012 y marzo de 2013 cuando siguió residiendo en la casa de su suegra en Santa Fe.
Como contrapartida, Daniel "El tuerto" Mendoza, el narco que fuera condenado a 6 años y medio de cárcel en el mismo juicio seguido a Tognoli en 2015, el 9 de septiembre del año pasado obtuvo de parte de la Justicia de Ejecución Penal las salidas transitorias del penal de Coronda. Pero el hombre se "olvidó" de regresar a la cárcel y desde entonces está prófugo. Para él la "peligrosidad procesal" se evaluó de forma distinta que para el ex jefe policial.
En cuanto al juicio que se sigue en Rosario, el Tribunal fijó el siguiente cronograma de alegatos finales: 9 y 10 de abril dirán lo suyo los fiscales; el día 12 alegará la defensa de Ascaíni; y el 16 y 17 de abril los abogados de Tognoli y los otros policías; el 23 y 24 de abril alegarán los defensores oficiales; y el 7 y 8 de mayo habrá dúplicas y réplicas. Así, a mediados de mayo podría haber una sentencia. Por entonces los plazos de la detención de Tognoli se habrán superado ampliamente violando todo lo estipulado por la ley.
