Durante poco menos de cuatro horas en la Sala B de la Cámara Federal de Rosario se analizaron ayer, oral y públicamente, las apelaciones presentadas por las defensas de los procesados en la investigación vulgarmente conocida como "causa Tognoli". Primero fueron analizadas las situaciones procesales del comisario Néstor Beto Fernández y el cabo primero Carlos Quintana (procesados como supuestos integrantes de una organización dedicada a la venta de estupefacientes) y del comisario mayor Oscar Alberto Ledesma (procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público). Después llegó el plato fuerte: el análisis de los procesamientos del ex jefe de la policía provincial, comisario Hugo Tognoli, y el sindicado narco del sur santafesino, Carlos Andrés Ascaíni, inetegrantes de una supuesta empresa criminal conjunta.
De un ladro estuvo la fiscal general subrogante Adriana Saccone apuntalada por funcionarios bonaerenses de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Nación (UIF), quienes llevan adelante la querella. La funcionaria evitó confrontar con las defensas y se plantó, palabras más o menos, en que "existen elementos de convicción suficientes" para mantener los procesamientos de los acusados.
Del otro lado del "mostrador" se sentaron la defensora oficial Roxana Gambacorta en nombre del cabo Carlos Quintana y el comisario Oscar Ledesma; el abogado José Luis Vázquez en representación del comisario Néstor Fernández; Paul Krupnik y José Nanni cuidando los intereses de Carlos Ascaíni; y Carlos Edwards los de Hugo Tognoli.
Ahora la Sala B de la Cámara, integrada por Elida Isabel Vidal (presidenta) y Edgardo Adrián Bello (vocal), tiene cinco días hábiles para decidir si confirman o no las apelaciones y si le dan curso al pedido de la fiscal Saccone acerca de que se detenga a Quintana y a Fernández, quienes permanecen en libertad.
Enemigo político. Durante la audiencia más esperada, la de Tognoli y Ascaíni, la fiscal Saccone y el fiscal subrogante Juan Patricio Murray hicieron una defensa técnica de los procesamientos sin adentrarse en la profundidad de los argumentos.
Carlos Edwards, por su parte, durante 45 minutos puso bajo la lupa la doctrina de "empresa criminal conjunta" (figura por la que están procesados Tognoli y Ascaíni) e incorporó el concepto del enemigo. "¿Quién es el enemigo? En el orden político es Tognoli y el ropaje jurídico que le encontraron fue la empresa criminal conjunta", indicó.
Y entonces explicó: "Tognoli (quien era jefe de Drogas Peligrosas) tenía superiores. Su jefe de policía (el comisario Daniel Cáceres), su ministro de Seguridad (Daniel Cuenca), el gobernador Hermes Binner. ¿Quién es el autor de escritorio? Según el planteo de la acusación puede pensarse que es políticamente incorrecto mandar a detener a Binner y por eso fueron por Tognoli", dijo Edwards. "¿Qué pruebas hay de que Ascaíni es narco, de qué se conocían con Tognoli? A Fernández, poco después del llamado (hecho para saber de quién eran los autos que perseguían a Ascaíni) lo corrieron de Venado Tuerto. Quintana (trabajaba en la seccional de Villa Cañás) no era de la ex Drogas Peligrosas. ¿Si formaban parte de un todo, porque ahora están separados?", indicó el profesional haciendo referencia a las imputaciones diferenciadas que pesan sobre ellos.
Edwards, flanqueado por un Tognoli visiblemente desmejorado por el paso del tiempo en prisión, explicó la mecánica del pedido de las claves al Registro de la Propiedad Automotor (RNPA) basándose en la declaración del perito Jorge Likerman y volvió a remarcar que no existe un mecanismo de control sobre la sábana de consultas en la que sólo surgen fecha, hora y dominio del auto requerido. "En toda la provincia había seis calves de usuarios con un promedio de 600 consultas cada una. Es decir 3.600 consultas cada 90 días. ¿Cómo podía conocer Tognoli a qué correspondía cada consulta?", se preguntó Edwards. Y resaltó que fue el propio Ascaíni quien denunció en la comisaría de Villa Cañás, y por lo tanto judicializó, que era perseguido por autos que resultaron ser de la Policía Aeroportuaria.
Asimismo, Edwards desmenuzó los mensajes de texto que el comisario Oscar Ledesma intercambió con la regenta de un cabaret de Venado Tuerto. E hizo un juego de palabras. "Esto es como si a un sumariante lo llama un acusado, le pregunta cuánto cuesta arreglar con el juez para cerrar la causa y el que termina preso es el magistrado, que estaba ajeno al llamado". Y lo apuntaló con estadísticas: "Norma Castaño (la santafesina que lidera la ONG que acusa al ex jefe policial de connivencia con los narcos) acusó a Tognoli de ser renuente a investigar. Entre 2008 y 2012, el área comandada por Tognoli realizó 1.200 allanamientos en los que incautó 600 kilos de cocaína y 15 toneladas de marihuana", explicó Edwards.
Anular todo. A su turno, Paul Krupnik pidió "la nulidad absoluta de lo actuado porque el delito que se achaca (a Carlos Ascaíni) no existe". Y fue más allá: "No sabemos de qué estupefacientes estamos hablando. Se habla de una banda de dos (por Tognoli y Ascaíni) y un kilo de azúcar con un poco de droga (en alusión al kilo de azúcar con 40 gramos de cocaína que quedó asentado en la causa en la que está procesado Ascaíni por el juez Marcelo Bailaque). ¿Dónde hay comercio de estupefacientes en esta causa? No hay", dijo Krupnik. "No hay llamadas entre Ascaíni y Tognoli. Ni entre Fernández y Ascaíni. ¿Cómo se comunicaban para ser una empresa que vendía droga? ¿Por telepatía (adueñándose de una idea hecha pública por el abogado Vázquez)?"
Y volvió a quejarse, como ya lo había hecho en otras audiencia, de que nunca los defensores tuvieron acceso a la causa Miguens, el expediente del cual se desprende la acusación a Tognoli y compañía. "Hay varias escuchas de un mismo número intervenido del que hablan varias personas", dijo Krupnik. Y puso como ejemplo: "Un tal Andrés, mi cliente se llama Carlos Andrés, en una comunicación dice que tenía problemas con su suegro y que lo llevaba al médico para que hiciera un tratamiento. El suegro de Ascaíni murió en 1982", explicó.
Finalmente, José Nanni se encargó de pedir la excarcelación de Ascaíni. "¿Puede entorpecer la causa? ¿Se puede profugar? La respuesta es no", dijo el abogado.
Luego fue tiempo para que las partes interactúen replicándose conceptos y dejando en claro que habían leído a mucha jurisprudencia. Ahora todo está en manos de los camaristas. "La Sala lo quiere resolver. En estas audiencias se habla mucho de lo político y poco de cuestiones jurídicas. Y al final de cuentas lo más importante es lo que dice el expediente", explicó una fuente tribunalicia. Ya fuera del edificio de Entre Río 435, uno de los defensores indicó: "Ojalá sea así, porque en el expediente no hay causa".
