Los defensores del núcleo duro de la banda de Los Monos iniciaron ayer sus alegatos de clausura en la causa contra el clan de barrio Las Flores y sin medias tintas fueron al grano: pidieron la nulidad absoluta de la investigación porque las escuchas telefónicas que le dieron sustento fueron solicitadas, a su entender, "de forma arbitraria". En esta tónica, apuntaron contra la disuelta Brigada Operativa de Judiciales (BOJ) que solicitó la medida y luego la concretó; y contra el juez Juan Calos Vienna, quien estaba a cargo de la investigación y autorizó las escuchas.
"La defensa logró acreditar la ilegalidad de la persecución penal en la causa que nos ocupa", sostuvo ayer Fausto Yrure, el primero de los defensores en hacer uso de la palabra, a quienes siguieron, en orden, Carlos Varela y Adrián Martínez.
Lo hicieron en representación de los cinco hombres considerados el núcleo duro de la asociación ilícita cuya existencia la Fiscalía intenta probar y de la que son parte Máximo Ariel "El viejo" Cantero, Máximo Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca, todos ellos sindicados como jefes de la organización; y Emanuel "Ema" Chamorro y Leandro "Gordo" Vilches, considerados sus principales laderos.
Yrure hizo un raconto desde el inicio mismo de la causa 913/12, que es la que derivó en este juicio oral y público: el homicidio de Martín "Fantesma" Paz, ocurrido el 8 de septiembre de 2012 en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero. El letrado aseguró que el crimen se investigaba como cualquier otro hasta que entró en escena la BOJ. Hasta ese momento, el expediente tenía 358 fojas y en ellas constaba que todos los testigos habían dicho desconocer los motivos del ataque a tiros contra Paz. Pero desde la Brigada aseguraron tener un dato en el marco de una investigación denominada "Sicarios": que al "Fantasma" lo habían asesinado miembros de la familia Cantero por una deuda millonaria que él mantenía con Claudio "Pájaro" Cantero, su cuñado. "Ignoraron todas las demás líneas investigativas", dijo Yrure.
Sin argumentos
Tanto el abogado Carlos Varela como el propio Yrure hicieron hincapié en el hecho de que fue en ese momento en el que Vienna, que estaba a cargo de la instrucción de la causa, ordenó la intervención de algunos teléfonos con la finalidad de esclarecer el asesinato de Paz. "Lo hizo sin que le dieran un solo argumento de cómo habían llegado a esa conclusión", dijo Yrure. Y remarco que, finalmente, esa muerte nunca se esclareció mientras que se inició esta causa por asociación ilícita.
"Nunca investigaron el homicidio de Paz, a nadie le importó, fue una excusa para perseguir a la familia Cantero", enfatizó Yrure en el mismo tono que poco después lo haría Varela: "Se creó una real asociación ilícita para tratar de encontrar una supuesta asociación ilícita. La real era la Brigada de Judiciales".
Además, los defensores sostuvieron que los testigos que cambiaron sus declaraciones durante el juicio en favor de los Cantero "no lo hicieron por temor" a ellos, sino que, en realidad, en declaraciones anteriores "los habían inculpado por el miedo que infundía la propia Brigada". Los letrados también acusaron a los integrantes de Judiciales de presionar a periodistas que seguían de cerca las actuaciones.
Dos llamados en la sala
Tras las alocuciones de Yrure y Varela fue el turno del abogado Adrián Martínez, quien se encargó de analizar las pruebas de la Fiscalía. Apuntó a dejar por el piso la validez de las escuchas telefónicas que los fiscales esgrimieron como prueba "irrefutable" de la asociación ilícita. Y para eso usó un truco efectista.
"Señor juez —dijo mirando al presidente del Tribunal, Ismael Manfrin—, durante las audiencias la Fiscalía expuso como prueba una llamada telefónica mantenida con alguien apodado «Chino» pero las mismas no se escucharon aquí. No sabemos quién es «Chino», como tampoco quiénes son los destinatarios y correspondidos hombres que hablan en varias oportunidades. Pero hagamos un ejercicio. Llamemos a los números de «Chino»".
Entonces tomó su celular y leyó el número de la copia de la llamada. Pulsó y sonó en la sala un móvil. Era el del abogado defensor Carlos Varela. Hizo lo mismo con el segundo número adjudicado a «Chino» y sonó el móvil del defensor penal Fausto Yrure. "¿Esta es la experiencia en la que debemos creer? La Fiscalía nos dijo que era sencillo saber quién hablaba en cada ocasión, y resulta que no sabían quién era «Chino». Son números de los defensores."
Por otro lado, Martínez abundó en lo que hace al contenido de las llamadas. "¿Cuál es el estado del juicio en el que el tribunal puede condenar? Todos sabemos que ante la duda se impone el sobreseimiento. El mismo fiscal Luis Schiappa Pietra dijo el lunes aquí que se necesita un buen expediente en un juicio, pero hay importantes teóricos del Derecho Penal que insisten en que se debe juzgar lo que se aprecia en un juicio oral, fuera del expediente. Tal vez estén confundidos y me pregunto: si no sabemos ni siquiera quién habla, ¿cómo hacemos para entender las transcripciones? ¿Quién lo dice? Resulta imposible que el Tribunal evalúe estas llamadas como pruebas y también que ésto sea una certeza para fundar una condena".
¿Dónde está la plata?
El mismo Martínez dudó de "los miles de millones de pesos que dejó la asociación ilícita", según la acusación, y se basó en los bienes encontrados en los registros de cuatro "testaferros" acusados como integrantes de la organización, entre ellos el representante de futbolistas Francisco Lapianna; la pareja de Ramón Machuca, Silvana Gorosito; y Lorena Verdún, ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero.
"A cada uno se les encontraron vehículos, casas de medio pelo y nada más. En todos los allanamientos no se encontró ninguna suma importante. Inclusive todas las adquisiciones que hicieron fueron antes de la fecha en que se investigan los hechos de este juicio. Casi todas fueron hechas en 2011. Si ésto es así, puedo asegurar que esta asociación fue un fracaso, de los miles de millones que argumentó la Fiscalía no quedaron ni tres empanadas", dijo irónicamente.
Tras los cuestionamientos hecho por Martínez sobre la validez de las escuchas, Fausto Yrure retomó la palabra y se enfocó en los testigos que "debían dar el andamiaje en el que se apoyaban las escuchas".
En ese argumento enumeró a los seis testigos que la Fiscalía presentó y de los cuales, según Yrure, "todos se cayeron de la hipótesis de trabajo de la acusación y ninguno habló de asociación ilícita. Luis Paz (padre del «Fantasma»), por ejemplo, dijo no saber quién mató a su hijo, tema que por otra parte no era asunto de este tribunal, y no acusó de nada a mis defendidos", enfatizó.
En ese orden siguió con los testimonios de la Brigada de Judiciales y sostuvo que "sus integrantes ni sabían la fecha de la muerte de Paz y menos quién intervino en el crimen. Es más, durante los testimonios a quien acusaban de ser el principal sicario de Los Monos, un tal «Chino» González, resulta que cuando se produjeron varios de esos crímenes el sospechoso estaba preso".
Y concluyó: "De los seis testimonios que se valoraban como soporte de las escuchas ninguno les sirvió. Las escuchas son excursiones de pesca obtenidas entre la Brigada de Judiciales y los permisos que les otorgaba el juez Juan Carlos Vienna".
Tras ello la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando el defensor Carlos Edwards, según deslizó, hablará "sobre la actuación del juez Juan Carlos Vienna" en la instrucción del expediente.
