Los integrantes de una organización que cometió una seguidilla de entraderas en Rosario entre 2015 y 2016 fueron declarados culpables de integrar una asociación ilícita y condenados ayer a altas penas de prisión. Los implicados actuaron en conmocionantes robos domiciliarios a los que antecedió un estudio minucioso de cada vivienda a asaltar, el despliegue de una violencia extrema con los fines de vencer cualquier resistencia de las víctimas y una planificación rigurosa de las acciones. Los líderes de la banda estaban en Rosario y reclutaban la mano de obra ejecutora de los golpes en el conurbano bonaerense. Fueron detectados en diversas causas que por la semejanza de los métodos y la coincidencia de los sospechosos se acumuló en una pesquisa única
Al grupo condenado, integrado por siete personas, se lo denominó "La banda de los cerrajeros", dado que utilizaban para ingresar en los domicilios un plástico de forma hexagonal y flexible, con el que lograban destrabar las puertas de picaporte fijo cuando estaban cerradas sin llave. Los hechos por los que se los sospecha son 47 dado que existe esa cantidad de denuncias realizadas entre agosto de 2015 y julio de 2016 con el mismo modus operandi. Pero para la acusación, la fiscal Viviana O'Connell se concentró en 15 episodios. La funcionaria sostuvo que si se consideran los casos no denunciados esta banda cometió más de 100 entraderas.
El señalado como jefe local de la banda, Claudio Cereijo, fue condenado a 22 años de prisión. A su hijo Nicolás Martín Cereijo le impusieron 11 años de pena. Juan Alberto Vallejos Figueroa, domiciliado en un barrio de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, recibió 20 años de prisión. A estas tres personas se las consideró como los engranajes superiores de la estructura y partícipes de todos los hechos investigados.
"La banda funcionaba con un jefe que se encargaba de la logística. Proveía los vehículos, les conseguía viviendas de alquiler temporario a los encargados de los robos. A las personas que eran reclutadas para cometer los hechos les proveía de todo: hasta la diversión. La comida, las armas y las municiones", sostuvo la fiscal O'Connell.
"Se encontró gran parte de los elementos que habían sido robados. Se probó la asociación ilícita. En los allanamientos les encontramos armas, incluso algunas habían sido robadas de los domicilios de las víctimas", agregó la funcionaria.
Tras escuchar las condenas dictadas por los jueces Paula Alvarez, Mónica Lamperti y Pablo Pinto, la fiscal agradeció la contribución de los damnificados para formular las imputaciones.
"Los robos fueron muy traumáticos. Utilizaban otros elementos además del arma de fuego como cuchillos y planchas, con los que aterrorizaban a los víctimas. En dos casos quemaron a una persona, aunque solo uno de estos hechos, con esta cualidad, fue traído a juicio. Fueron extremadamente violentos, se que para las víctimas que vinieron a declarar fue muy difícil porque revivieron esos difíciles momentos", estableció.
Lo más importante para la fiscal es que se probó la existencia de una empresa criminal conducida por el rosarino Claudio Cereijo a pesar de que él no ingresó en ninguno de los domicilios afectados. De 46 años y estudios secundarios completos, este hombre poseía diversas propiedades, hasta una fábrica de zapatos hasta 2010, lo que implica una posición económica desahogada. Había sido investigado por causas de piratería del asfalto justamente en la organización.
Los unos y los otros
Cereijo es propietario de tres vehículos (un Audi Q5, un Audi A3 y un Peugeot 207) que se usaron en las entraderas o en actos previos. Para la fiscal era el encargado de asegurar el alojamiento de los ejecutores que llegaban de Buenos Aires. Para ello, en el juicio presentó dos contratos con el dueño de la casa donde los conchabados se hospedaban. Afirmó que en los hechos concretos proveía la inteligencia previa, el apoyo y vigilancia desde su vehículo en una posición más segura que la que estipulaba para su hijo Nicolás. También valoró la fiscal que utilizó a un menor de edad para esconder lo obtenido en los hechos delictivos.
En el juicio, O'Connel repasó en su alegato el amedrentamiento físico y psíquico contra víctimas particularmente vulnerables, como son los padres cuando se amenaza a sus hijos, en muchos casos menores de edad. Sostuvo que en un domicilio de calle Rioja llegaron a atar a una nena de 12 años. Mencionó que en dos ocasiones apuntaron con armas a la cabeza de niños, que utilizaban cuchillos para hacer creer a los padres que les amputarían un dedo a ellos o a sus hijos. En una casa de calle San Luis una de las víctimas fue quemada con una plancha. En otra de calle Viamonte le acercaron la plancha enchufada a un adolescente de 17 años para asustar a su madre.
De acuerdo a la acusación, a la gavilla la completaron otros cuatro hombres. Eugenio "Ketu" Salas, de 31 años, quien recibió 8 años de prisión. A Pablo Sebastián "Pancho" Saavedra, oriundo de La Matanza y presentado como "el cerrajero", le dieron 9 años. Néstor Giménez, reconocido como quien utilizó la plancha, recibió 16 años. Y a Marcos Fabero le impusieron 6 años de cárcel. Aunque a todos se los sentenció por integrar la asociación ilícita estuvieron en algunos de los hechos y no en su totalidad.
La fiscal señaló que hubo cinco fuerzas de seguridad en la investigación. En Buenos Aires trabajó el Ministerio Público Fiscal con la Policía Metropolitana haciendo trabajo de inteligencia sobre los domicilios de los implicados de esa ciudad más las pericias de escuchas telefónicas. En Rosario intervino la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería Nacional. Pertenencias de las víctimas fueron encontrados en tres domicilios de Buenos Aires y en Rosario en la casa de uno de los imputados que para O'Connell se los guardaba a Claudio Cereijo.
Varios de los hechos quedaron grabados por cámaras de vigilancia públicas y privadas. Incluso, algunos de los sindicados eran escuchados por intervenciones telefónicas judiciales.
Lo cierto es que el modus operandi de la gavilla era calcado. A las casas ingresaban dos o tres delincuentes. Se manejaban con autos de apoyo y maleantes en el exterior de los domicilios.
Por estos hechos ya aceptó una condena a tres años de prisión en juicio abreviado Nicolás H., hoy de 20 años, por tenencia de armas y encubrimiento. Se lo consideraba "el chico de los mandados" de la banda.
