La audiencia imputativa del miércoles pasado por los crímenes a trabajadores que conmocionaron a la ciudad terminó siendo un óleo sobre tela en la que quedó sintetizado el diario vivir de la delincuencia, en una ciudad que no encuentra paz. En la audiencia fueron acusados cinco mayores de edad, dos ellos viejos conocidos de las crónicas policiales; los ataques fueron gestados desde cárceles provinciales y federales por presos de alto perfil; entre los acusados, en los eslabones más bajos, pibes de entre 14 y 17 años (no punibles y punibles) quienes actuaron como sicarios. Y también quedó expuesto que intramuros se han diluido cuestiones territoriales que en las calles provocaron asesinatos por cantidades.
Según delinearon en la audiencia los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone fueron dos las células armadas dentro de las prisiones que golpearon en las calles entre el 2 y el 10 de marzo asesinando a cuatros trabajadores en sus horarios laborales: los taxistas Héctor Figueroa (de 40 años, la noche del martes 5) y Diego Celentano (de 33 años, la noche del miércoles 6); el colectivero Marcos Daloia (de 39 años, baleado la tarde del jueves 7 y fallecido el domingo 10); y el playero de estación de servicios Bruno Bussanich (de 23 años, el sábado 9 por la noche).
En las acusaciones también se sumaron el ataque a un colectivo de la línea 122 roja (miércoles 6 por la noche), el ataque a balazos contra la comisaría 15ª (jueves 7 por la noche) y la colocación de un trapo con mensaje tumbero en un puente sobre Circunvalación (sábado 9). Dos de los crímenes se vieron favorecidos porque fueron ejecutados en momentos en el que había operativos de cancha: el 7 de marzo Newell´s jugó en el Parque frente a Tigre (Daloia) y el sábado 10 Rosario Central enfrentó en Arroyito a Instituto (Bussanich).
La primera de las células era dirigida desde prisión por Alejandro Núñez, alias “Chucky Monedita”, un preso de 28 años proveniente del barrio Tablada al que se le asigna liderar una banda de narcomenudeo, aprietes y homicidios. Según la acusación, Núñez le daba órdenes, en las visitas íntimas, a su pareja Brenda “La Cote” Pared, de 29 años, quien cumple la fase final de una condena federal en prisión domiciliaria en Funes.
Según los fiscales fue a visitar a su pareja en tres ocasiones a la cárcel entre febrero y el 1º de abril. Por debajo de la pareja de Chucky y Brenda fueron acusados como gestores de tercera línea Axel Uriel Rodríguez, de 29 años; Gustavo “Gusti” Márquez, de 29, y su pareja Macarena Solange Muñoz, de 28.
Las defensas de Chucky y La Cote expusieron su descontento. La de Núñez explicó que Chucky está en un “régimen endurecido” desde el primer día del año. El de Pared explicó que la mujer está en la etapa final del cumplimiento de una condena. ¿Por qué querría sumarse más problemas?, dijeron sus allegados. Y pusieron en debate la validez de la declaración del pibe de 15 años que motorizó la pesquisa.
Los crímenes de tacheros
A este grupo se le atribuyó la coordinación de los asesinatos de los taxistas Figueroa y Celentano, como así también el ataque a balazos contra la comisaría 15ª; todos cometidos con una misma pistola 9 milímetros y municiones con la sigla (PFS) de la Policía de Santa Fe. El brazo ejecutor material de estos ataque fueron pibes menores de edad: M.M., 17 de años; M.C., de 16; y D.M.G. y C.N.T., ambos de 15 años. Para la pesquisa, en los casos de Figueroa y Bussanich el ejecutor fue D.M.G., un pibe de 15 años no imputable para la ley penal. La hipótesis fiscal es que como una banda no tenía mano de obra disponible le pidió a la otra que le “prestara” un gatillero.
Tras la audiencia, el fiscal Spelta dijo: “No habíamos visto antes esta planificación tan marcada con menores”. Y agregó que la seguidilla de este tipo de asesinatos obliga a “revaluar” ya que “fueron los menores la punta del ovillo que terminó en los adultos”. El fiscal indicó: “No habíamos visto esta planificación con menores tan marcada porque está ideada desde un Servicio Penitenciario, a uno domiciliario, a ejecutores en libertad y gatilleros menores de edad. Cuatro crímenes en cinco días, todos ejecutados por menores de edad”, reconstruyó el fiscal. Las presencia de menores inimputables disparó, una vez más, el debate por la baja en la edad de imputabilidad con un férreo posicionamiento de la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bulrrich.
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Según lo expuesto en la audiencia, la insinuación de que hubo una “unión de bandas de delincuentes encarcelados contra el Estado” perdió fuerza. Lo que surge es que hubo una colaboración “eventual” entre delincuentes del sur y el oeste rosarino. Pero ¿qué hacen hampones de zona sur trabajando codo a codo con sus pares de otras zonas de la ciudad, como del oeste o del norte? Varias son las investigaciones judiciales, cerradas o en proceso, que exponen que sobre todo a partir del confinamiento por la pandemia (año 2020) dentro de las cárceles los territorios callejeros comenzaron a diluirse.
Los pesados encarcelados priorizaron “negocios” por sobre “luchas por el control de los territorios”. Solo como ejemplo, Matías “Pino” César organizó desde la cárcel una banda con franquicia de Los Monos en barrio Ludueña y la puso en manos de Andy Benítez y Julián Aguirre que, desde sus calabozos, articularon mano de obra en la calle. En este caso, y siguiendo el razonamiento fiscal, Morocho Mansilla y Chucky articularon mano de obra de pibitos de barrios de zona oeste manejando franquicias de la marca Alvarado.
El colectivero y el playero
La segunda tiene un liderazgo más difuso. Axel Rodríguez, alías “Franco”, fue acusado de facilitar los asesinatos del colectivero Daloia y el playero Bussanich. Rodríguez purga una prisión domiciliaria en una vivienda en el límite de los barrios Santa Lucía y La Palmera, zona oeste, purgando una condena por un homicidio que cometió cuando era menor. Tenía una tobillera electrónica colocada por orden de la Justicia de Menores. Su rol, según la acusación, fue reclutar a los pibes menores de edad para ejecutar a los trabajadores.
Aunque todavía no se presentaron indicios o pruebas en las audiencia, los investigadores entienden que la línea delictiva de Franco son los hampones Claudio “Morocho” Mansilla y Esteban Lindor Alvarado como instigadores de los ataque para generar conmoción pública. Desde su intento de fuga en helicóptero, en marzo de 2023, Alvarado está aislado en una celda de castigo, sometido a requisas diarias y sorpresivas, monitoreado las 24 horas por cámaras de vigilancia y sin contacto físico que no sea personal del Servicio Penitenciario Federal.
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Vale destacar que Rosario tuvo en marzo siete días sin transporte urbano de pasajeros; varios días con servicio restringido de taxis y estaciones de servicios, y algunos días con clases limitadas por los paros anteriormente mencionados. A este segundo grupo se le asignan la organización del ataque al chofer de un colectivo 122 rojo, el pasacalle con amenazas a funcionarios que apareció colgando del puente de Oroño y Circunvalación, el crimen del colectivero Marcos Daolia y el del playero Bruno Bussanich. Este último caso, según la investigación, fue cometido por el mismo adolescente de 15 años acusado de dispararle al taxista Figueroa.
Este nexo, a criterio de los investigadores, revela una interconexión entre las dos células definidas detrás de los ataques. Hechos que, según la hipótesis oficial, fueron cometidos como una réplica al endurecimiento del régimen de detención de los presos de alto perfil.
Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el viernes una serie de allanamientos que, con los acusados ya detenidos en el marco de la investigación por los crímenes de trabajadores, buscaron documentar los puntos de venta de drogas de estas bandas para solicitar judicialmente el derribo de los búnkeres en los próximos días teniendo a la Ley de Microtráfico como telón de fondo.
