La Justicia de Rosario homologó este jueves un acuerdo abreviado al empresario del juego Leonardo Peiti a la pena de seis años de prisión, reducida a tres años de prisión efectiva, por colaborar en el proceso que la Fiscalía de Delitos Complejos investigaba para desentramar una red de juego ilegal y el blanqueo de activos provenientes de esa actividad clandestina. En la audiencia presidida por el juez Rafael Coria, a Peiti se le aplicó una multa de $42 millones a abonar en cinco cuotas consecutivas que, según el acuerdo, implica tres veces el dinero lavado. También abarca el decomiso de un barrio privado de Casilda y un vehículo Toyota Corolla.
El magistrado consideró admisible el aporte de Peiti en su rol de imputado colaborador. Esta figura había sido cuestionada por la defensa por no estar avalada por el Poder Legislativo de la provincia. Sin embargo, para Coria es aceptable por estar en la legislación de fondo, a nivel nacional.
El magistrado consideró que se pudo avanzar para llegar a la sentencia con el aporte de lo que consideró un colaborador arrepentido, que estimó es legítimo y valioso cuando se produce en investigaciones que habilitan a llegar a estratos superiores dentro de la función pública.
"No se advirtió que Peiti presentara información falsa o maliciosa. Se encuentran, además, sus dichos respaldados en elementos objetivos evidenciados en audiencias previas. Es relevante que (el ex fuscal Gustavo) Ponce Asahad ya rubricó un acuerdo abreviado en el marco de esta investigación por delitos que aceptó", sostuvo Coria.
Señaló que de modo alguno se debe esperar un esclarecimiento de lo dicho solo por el imputado. "Es solo un aporte que exige encontrar respaldo en otras evidencias", agregó.
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Por su parte, Peiti mostró conformidad en con la resolución judicial. "Escuché todo y estoy totalmente de acuerdo. Asumo la responsabilidad. Entiendo que tal vez no recupere la libertad. Estoy de acuerdo en la multa acordada y el importe", admitió.
Leonardo Peiti se presentó este jueves a la audiencia judicial en la que se pedirá el aval para una condena por manejar emprendimientos de juego clandestino en distintos lugares de la provincia. Uno de los sostenes de esa sentencia es una extensa declaración, la suya, en la que reconoció haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.
La revelación más resonante pasa por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.
