Erica Fernández está presa desde hace cuatro meses. La buscaban por instigar un crimen a balazos que ejecutó un hombre desde una moto en Villa Gobernador Gálvez en 2016. La investigación del asesinato reveló que la mujer estaba ligada a una banda narco y derivó en el secuestro de cerca de un millón de pesos y cajas con cocaína escondidos detrás de una pared en una casa de Las Parejas. Todo tuvo un mismo origen, pero el homicidio se investiga en la Justicia provincial y la red de tráfico, con ocho acusados de integrarla, en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900. Por eso ayer un camarista penal instó a los fiscales rosarinos a derivar este tipo de casos a la esfera federal. Fue en una audiencia en la que denegó un pedido de prisión domiciliaria de la acusada, sobre quien pesa un pedido de 25 años de prisión.
El planteo es novedoso pero se enlaza con un precedente que estableció en marzo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuando recomendó unificar en una sola investigación las acciones delictivas ligadas al narcotráfico. Esto abre la puerta a que se investiguen en la esfera federal delitos ordinarios como homicidios, amenazas o lesiones. En la misma línea, el camarista Guillermo Llaudet Maza recomendó ayer al Ministerio Público de la Acusación provincial (MPA) que derive al fuero federal, desde un primer momento, las causas donde existe una conexidad clara con organizaciones de narcotráfico.
"Sin pretender convertir a los Tribunales Federales en foco de atracción de cualquier delito, cuando existe evidencia de la existencia de una organización narcocriminal detrás la investigación conjunta en un fuero único hace a la eficacia", planteó Llaudet durante una audiencia oral en los Tribunales de Balcarce al 1600. El juez rechazó un pedido de prisión domiciliaria de Erica Fernández, acusada de ordenar una balacera a una casa de Villa Gobernador Gálvez a raíz de conflicto de pareja.
El ataque armado causó la muerte de Ramón Isidro Espíndola, un hombre de 51 años ajeno al incidente que estaba en la puerta de su casa tras festejar el cumpleaños de un nene cuando lo sorprendió la balacera.
El camarista remarcó que "se viene rediscutiendo el dogma" que separaba de forma tajante, en investigaciones inconexas, los delitos comunes de los de narcotráfico. Por eso exhortó al MPA a que "se propenda a la unificación con el fuero federal" cuando se constante en los delitos "una proyección necesaria al narcotráfico".
Los fiscales Adrián Spelta y Luis Schiappa Pietra tomaron nota de la recomendación que será transmitida a sus superiores, dadas las implicancias institucionales del planteo.
Para solventar su sugerencia Llaudet remitió a la jurisprudencia que citó en marzo una resolución de la Cámara Federal en el expediente "Gallardo" sobre infracción a la ley de drogas. Entonces, por primera vez, la Justicia Federal santafesina habilitó a que delitos de incumbencia provincial sean remitidos a esa jurisdicción si se comprueba que tienen relación con el narcotráfico. Lo hicieron en un caso donde a raíz de un crimen ocurrido hace dos años en la localidad de Frontera se detectaron "conexiones indudables" con el comercio de drogas.
Los camaristas federales aclararon entonces que, por razones de "economía procesal" se deberá proceder de ese modo siempre y cuando sea un fiscal federal quien requiera la acumulación. En base a los mismos tratados internacionales citados en esa resolución, Llaudet recomienda ahora que sean los fiscales provinciales los que deriven causas.
Conexiones
El caso en el que está imputada Erica Fernández tuvo una dinámica similar: la investigación de un crimen desnudó conexiones con una banda narco. Para Llaudet, "debió haberse reparado en la conveniencia de una investigación conjunta", aunque ahora el trámite está demasiado avanzado como para derivar la causa al ámbito federal.
Recientemente Spelta presentó su acusación previa al juicio, pidiendo 25 años de cárcel para Fernández como instigadora de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la misma pena para Carlos Fabián Franchini, preso como autor material.
Tras una larga búsqueda, la mujer se entregó el pasado lunes 7 de mayo en la Fiscalía y fue imputada por instigar el crimen de Espíndola. El hombre fue baleado en el pecho la tarde del 16 de mayo de 2016 frente a su casa de Liniers 1845 de Villa Gobernador Gálvez. Esa tarde se festejaba allí el cumpleaños de un nene.
Según la Fiscalía, a las 14.10 irrumpieron Erica y su hermana e interceptaron a la hija del dueño cuando salía en una camioneta. La acusaron de salir con el esposo de la hermana de Erica. "¿Qué te tenés que meter con el marido de ella? ¿No sabés quiénes somos nosotros?", la increpó la acusada. Luego, según la acusación, la mujer le ordenó a Franchini que fuera a balear la casa. A los dos minutos el tirador pasó como acompañante en una moto Honda Wave negra y uno de los ocho balazos que efectuó alcanzó en el pecho a Espíndola.
Los testigos entonces comentaron que Fernández era la esposa de "un transero" del barrio villagalvense La Ranita y que contaba con una red de soldaditos a su disposición. En el marco de esa investigación se hicieron allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, Alvear y en una casa de Las Parejas donde efectivos de la Policía Federal secuestraron cerca de un millón de pesos detrás de una pared de durlock que ocultaba el dinero y cajas con drogas. Fueron detenidas ocho personas y se secuestraron 400 dosis de cocaína celulares, proyectiles y armas.
