El sistema penal santafesino escribió ayer un nuevo capítulo al sentar en el banquillo de los acusados a uno de sus exponentes. Nada menos que la fiscal María Laura Martí, fiscal del Ministerio de la Acusación Pública (MPA) que investigaba irregularidades en el otorgamiento de las asignaciones de las denominadas Horas Ospe (órdenes de servicio de policía extraordinaria) en determinadas áreas de la fuerza santafesina. Su par, Roberto Apullán, también involucrado en la misma conducta, no asistió a la audiencia por "estar de licencia", según dijo a La Capital el defensor de ambos, Alejandro Otte.
La audiencia se desarrolló poco después de las 11 y por más de tres horas en la sede del MPA de la capital provincial, frente al Ministerio de Seguridad desde el cual su titular, Maximiliano Pullaro, cruzó caminando para asistir a la audiencia.
Pullaro, además de querellante, es uno los principales protagonistas del caso que se convirtió en un escándalo político cuando en septiembre de 2017 se conocieron escuchas del ministro con el entonces jefe de la Unidad Regional V de policía, comisario Adrián Rodríguez, hablando en términos de estrecha confianza sobre los concursos de ascensos en que participaba su interlocutor.
Desde ese momento, la cuestión se centro en una puja entre el MPA y el Ejecutivo alimentando toda clase de especulaciones. Y llevó a la Legislatura a dictar una ley por la cual diputados y senadores se convirtieron en contralores del accionar de fiscales y jueces. En ese marco, ayer quince fiscales se hicieron presentes en el MPA para presenciar la audiencia y apoyar a sus pares pero se les prohibió el ingreso.
Pedido solapado
El 29 de septiembre de 2017, Martí y Apullán solicitaron al juez Nicolás Falkenberg, en el marco de la investigación de supuestas asignaciones de horas Ospe que se habrían cobrado sin haberse realizado, una orden para intervenir varios teléfonos de uniformados que estimaban involucrados en la maniobra. Sin embargo, no aclararon que uno de esos números era el celular oficial de Pullaro, quien comenzó a ser escuchado sin que él lo supiera.
Al trascender públicamente algunas de esas escuchas, lo que desde el Ejecutivo se atribuyó a una "intencionalidad política", la reacción fue inmediata y se buscó mediante denuncia penal y administrativa llevar a Martí y Apullán al banquillo de los acusados por mal desempeño, lo que finalmente se cumplió ayer cuando a la primera se la imputó falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad.
La misma imputación le harán a Apullán, quien estuvo ausente por licencia, según su abogado. Y aclaró que más adelante se fijara una nueva fecha para su comparecencia. Otte agregó que, además, solicitará una ampliación de declaración frente a un juez para permitir el ingreso del público y otros fiscales.
Manos oscuras
Pullaro habló desde un primer momento de "manos oscuras que se oponen a las reformas policiales" puestas en marcha y ayer insistió en que anhela que se "desenmascare a quiénes estuvieron detrás" de esta maniobra, dando a entender que los fiscales obedecieron a autores intelectuales todavía desconocidos.
"Hoy, lo que claramente se prueba aquí, es que la intervención a mi teléfono fue ilegal y que los fiscales de Rosario (que llevaron adelante la instrucción del caso, Juliana González y Gustavo Ponce Ashad) entendieron que hasta el momento se cometieron por lo menos tres delitos. En función y conforme a la investigación que vamos a seguir es probable que se les pueda achacar más delitos a estos fiscales, que hasta pueden tener una pena privativa de la libertad", dijo Pullaro. Y aclaró: "Me constituí como querellante porque es importante saber la verdad".
"Desde que juré ser ministro me comprometí con (el gobernador) Miguel Lifschitz en ir a fondo en estas cuestiones y nada nos va a detener. Ni las cosas que nos puedan traer un costo político o personal. Yo, bajo ningún concepto, voy a frenar la lucha contra el delito y el mejoramiento de la policía. Para mí no es fácil, ni poco costoso haber hecho una denuncia de esta característica contra dos fiscales. La podría haber dejado pasar, no constituirme como querellante y dejar todo en el marco de la impunidad. Pero la verdad es que uno se compromete con mejorar las instituciones y ésto tiene una gravedad muy relevante", manifestó el titular de seguridad.
Y agregó: "Siempre planteé que quería saber la verdad de lo sucedido. Sabemos que en este tiempo hemos avanzados en causas de corrupción, hemos tocado intereses de sectores oscuros de la policía que apartamos, denunciamos, hicimos encarcelar y en más de una oportunidad destituimos. Siempre quisimos saber cuál era el trasfondo de esta cuestión, quienes estaban detrás".
Difusión y Los Monos
Acerca de la difusión de la escuchas, el ministro manifestó que "ahora queremos saber quién ordenó interceptar de manera ilegal mis comunicaciones y también vamos a saber quiénes filtraron los audios". En ese sentido puso como ejemplo un hábeas corpus presentado por los abogados de Los Momos el día del inicio del juicio al clan Cantero en los Tribunales provinciales, en noviembre pasado: "Lo pidieron en función de los lugares de detención donde iban a estar sus defendidos. Parecían tener datos precisos que seguramente salieron de las conversaciones que yo fui teniendo mientras tuve intervenido el telefóno", indicó el ministro lo que derivó en una rápida respuesta (ver aparte).
Pablo Cococcioni, abogado de Pullaro, remarcó a su vez que "la investigación ha avanzado. Entendemos que lo de hoy fue muy importante. Se le atribuyó a la fiscal haber solicitado escuchas telefónicas invocando datos falsos, mintiéndole al juez y llevándolo al error".
Una "perseguida"
Por su parte, Martí dijo ser "una perseguida política". "Lo que ellos consideran un hecho delictivo para mi es el cumplimiento de mi deber. Está claro el mensaje que se quiere dar. Esta investigación es una simulación para tapar otras causas de corrupción institucionales gravísimas, como las horas Ospe, la causa Rodríguez (el jefe policial con el que Pullaro conversa en confianza en las escuchas), la policía motorizada".
González y Ponce Asahad pidieron la imputación a Martí por el pedido de intervención de la línea telefónica del ministro pero no por la difusión de esas escuchas, lo que le permitió a la acusada reclamar que se hicieron públicos los 300 CD's en las que están almacenadas esas conversaciones permitiendo que se pudiese inferir que allí habría más sorpresas.
Finalmente, el abogado de Pullaro resaltó que "el juez Falkenberg ya ha prestado declaración como testigo y por el momento no surgen elementos que prueben que él obró con dolo, más bien que los fiscales le ocultaron información relevante al juez y éste, de haberla tenido, hubiera ponderado en la decisión de avanzar en el derecho a la intimidad de las personas".
Replican cuestionamiento de Pullaro tras la audiencia
Carlos Edwards, codefensor de los líderes de la banda de Los Monos, le respondió al ministro Pullaro que ayer puso como ejemplo el pedido de hábeas corpus presentado para determinar el lugar de alojamiento de sus clientes en el juicio al que fueron sometidos por la Justicia y que, según el ministro, lo hicieron al "tener datos que seguramente salieron de las conversaciones que tuve mientras tenía intervenido el telefóno".
Edwards manifestó que "el haber presentado el hábeas corpus el día de inicio del juicio ante el tribunal provincial en base a las comunicaciones telefónicas supuestamente intervenidas al ministro resulta algo inexacto, ya que los cuestionamientos al lugar de detención de nuestros defendidos surgió el día del comienzo del juicio, y por ello el retraso en el inicio del mismo, resolviéndose ese mismo día el lugar de alojamiento".
Además, el letrado dijo que "llama la atención que la causa que se les inició a los fiscales que intervinieron la línea telefónica del ministro de Seguridad se investigue en Santa Fe mientras que la causa iniciada al fiscal Fernando Rodrigo (por escuchar supuestamente en forma ilegal a su ex pareja y a dos empleadas de su oficina a las que Edwards representa), se remitió a Buenos Aires a pesar de resultar un hecho idéntico al que se le imputa a Apullán y Martí. Es decir que la Justicia provincial utiliza dos criterios totalmente contrapuestos, lo que atenta contra la unidad de actuación que debe tener el Ministerio Público de la Acusación".
