Dos hombres detenidos el jueves en procedimientos relacionados a la tenencia ilegal de armas de fuego fueron imputados ayer en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal (CJP). Les achacaron la autoría de seis hechos de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en concurso real. El trámite legal se dio en el marco de la multiplicidad de hechos violentos cometidos con armas de fuego y el notable incremento de su circulación en manos de civiles no autorizados, lo que llevó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a emprender una tarea de coordinación con áreas de análisis criminal del gobierno provincial que derivó en los últimos días en más de 20 allanamientos en distintos barrios de Rosario con un total de 22 detenidos y el secuestro de 35 armas con un considerable poder de fuego.
Los imputados ayer fueron apresados el jueves en operativos desplegados en los barrios Puente Gallegos, Tío Rolo y Las Delicias. Uno de ellos, identificado como Julio Q., de 21 años, quien estaba prófugo de la Justicia después de quebrantar el régimen de prisión preventiva con salidas laborales por una causa por robo calificado. En tanto que Rodolfo Z., un hombre de 60 años, domiciliado en la zona sur, también fue imputado por el fiscal Gustavo Ponce Asahad.
La jueza Paula Alvarez aceptó la calificación legal y resolvió imputar a ambos. Mientas que a Julio Q. le revocó el beneficio de las salidas laborales y le dictó prisión preventiva efectiva por 90 días en ambas causas, a Rodolfo Z. le otorgó la prisión preventiva domiciliaria por 60 días con restricciones, firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y la garantía personal de su mujer. Entre los domicilios de ambos la policía incautó un pistolón calibre 14, un arma calibre 22, dos escopetas calibre 16, dos carabinas 22, dos revólveres calibre 22 y un pistolón calibre 16.
El marco en el cual se dieron los allanamientos tiene que ver con el trabajo que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el MPA tratan de amalgamar mediante estrategias tendientes a afrontar un problema que preocupa y queda en evidencia cada vez que se produce un hecho violento, desde un robo o arrebato simple a uno más sofisticado como los homicidios dolosos concretados por sicarios o en cruentos enfrentamientos.
Siempre armados
En cada uno de esos hechos siempre hay armas. Revólveres calibre 22 y 32, cortos y largos, las temibles pistolas 9 milímetros (de uso oficial de la policía) algunas cuyos cargadores son adaptados para sumarle capacidad de tiro transformándolas en pequeñas ametralladoras, rifles o tumberas. La lista podría seguir, aunque más o menos poderosas, son letales, causan daños irreparables y derraman temor.
Y aunque sus efectos van más allá de la cuestión cuantitativa, los números sirven para graficar la situación. Según estadísticas del MPA, en el 85 por ciento de los 90 homicidios dolosos registrados en Rosario en lo que va de 2018 se utilizaron armas de fuego.
Tras la seguidilla de crímenes ocurridos en los últimos días de abril y los primeros días de mayo, el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Florentino Malaponte, se pronunció sobre ese aspecto. "Preocupa el acceso que se tiene a armas de gran poder", advirtió el funcionario el pasado 10 de mayo, un día después de que la ciudad se viera sacudida por cuatro crímenes en 11 horas y cuyas víctimas fueron Mario Ezequiel Sosa, de 19 años, en Gutemberg al 2500; Gabriel López, de 21 años, en Margis al 5000; Darío Leguizmaón, de 38 años, en Alem al 4000; y Alexis Pereyra, de 22, en Rueda al 5300.
Porque el panorama preocupa, hace pocos días el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro firmó un convenio con la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Natalia Gámbaro, durante el cual se puso en marcha un plan de desarme voluntario.
En ese marco, se informó que durante 2016 y 2017 se fundieron en el país 78.672 armas de fuego decomisadas, de las cuales 2.950 correspondían a la provincia de Santa Fe. En una próxima etapa la provincia llevará al desguace otras 3.658 armas. En esas estimaciones se cree que en la provincia de Santa Fe hay al menos 300.000 armas en manos de civiles, según un informe que el periodista Nicolás Maggi publicó en La Capital el pasado domingo.
Mercado negro
Pero más allá de las personas que por razones culturales (coleccionistas, herencias) las guardan en su casa, las estrategias apuntan además a focalizar y detectar los mercados negros que alimentan el alquiler o venta de armas utilizadas en distintos delitos.
En ese sentido, el fiscal Gustavo Ponce Asahad tiene a cargo la unidad que articula el abordaje de hechos investigados por las unidades de Homicidios, Investigación y Juicio, Violencia de Género, o NN (con imputados no individualizados) entre otras, donde surgen datos que luego se profundizan y derivan en allanamientos en busca de armas o arsenales.
"En virtud de los hechos violentos con armas se dieron algunos aspectos para avanzar en esta problemática. El fiscal regional Patricio Serjal impulsó la unidad de la cual surgen los pedidos de allanamientos en zonas sensibles que se detectan en coordinación con las áreas de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, y además se potenció la fiscalía NN", describió el funcionario.
En ese camino contabilizó que desde el 26 de abril a la fecha se secuestraron 35 armas de fuego en varios allanamientos y se detuvo e imputó a 22 personas. De esas cumplen prisión preventiva efectiva un 70 por ciento, mientras que el resto lo hace con alternativas morigeradas, pero siguen vinculadas a los procesos penales.
Trabajo conjunto
"Estamos logrando interconexión con unidas fiscales como Homicidios, donde hay detenidos, y también con Investigación y Juicio por hechos de robo calificado. Luego hacemos un rastreo del caso, y con datos precisos ordenamos allanamientos en busca de las armas. Esto permite dar respuesta en el marco de los procedimientos de investigación" explicó Ponce Asahad.
El fiscal no esquivó que la problemática tiene al menos dos vertientes preocupantes, más allá del programa de desarme que ahora impulsó la provincia (ver aparte): las armas que son utilizadas por la policía provincial y aparecen en manos de delincuentes, y el mercado negro con variedad de "herramientas", como se le dice en la jerga tumbera a las armas.
"Procuramos seguir la ruta de las armas. Si se trata de una pistola calibre 9 milímetros realizamos todos los pasos para identificar el policía usuario, y si le fue sustraída certificamos que haya realizado la pertinente denuncia. Si no es así, hay que ordenar sumarios administrativos".
Por otra parte, dijo el fiscal "también tenemos que dar en la tecla con el mercado negro, atacarlo. No se puede soslayar que hay gente en algunos puntos de la ciudad que alquilan y facilitan armas para la delincuencia. Pero tiene que quedar claro que el monopolio de las armas lo debe ostentar el Estado, y para eso hay que articular políticas adecuadas", analizó el fiscal.
Implementan programa de desarme voluntario
La semana pasada se dio un primer paso en el programa de desarme voluntario que implementa el gobierno de Santa Fe a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad provincial y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). En ese marco, en Rosario se capacitó a 43 personas encargadas de poner en marcha el desarme civil.
Según informó el gobierno, esos ciudadanos son considerados "multiplicadores" y fueron dotados con herramientas para concientizar a los ciudadanos de los distintos barrios de la ciudad sobre los riesgos que implica tener un arma en casa. Además se los capacitó en temas referentes a la legislación vigente, a los mitos sobre la tenencia de armas y como eso afecta al núcleo familiar. Para aquellos que hagan entrega de sus armas, el programa prevé un incentivo económico que llega hasta los 3.000 pesos.
