Imputan hoy a dos fiscales santafesinos por escuchas al ministro de Seguridad

Los fiscales de Santa Fe Roberto Apullán y María Laura Martí serán imputados hoy en el marco de una investigación que se inició tras filtrarse una serie de escuchas telefónicas que implicaban al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el manejo de las denominadas horas "Ospe" (orden de servicio de policía extraordinaria) y que llevó a la detención de un jefe policial.

Quienes llevarán adelante la acusación serán los fiscales rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce Asahad, quienes analizan por qué se pinchó el teléfono oficial del ministro y por qué trascendieron públicamente esas escuchas. La audiencia se llevará a cabo a las 11 en la Fiscalía General de Santa Fe y la imputación será por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Apullán y Martí fueron indagados el año pasado luego de que se difundieran las escuchas que involucraban a Pullaro y que se lograron en el marco de una pesquisa por una supuesta defraudación al Estado. En ese contexto se intervino el teléfono oficial del titular de la cartera de Seguridad bajo la autorización del juez Nicolás Falkenberg, quien a criterio de la defensa del ministro "fue engañado en su buena fe".

Jefe detenido

En esa investigación el fiscal Apullán ordenó que el ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez, sea detenido el 9 de octubre de 2017 y trasladado a Santa Fe para imputarlo por cohecho. Sin embargo, un día después fue liberado por orden del Fiscal Regional Carlos Arietti, quien le ordenó a Apullán que siga el proceso en libertad.

La decisión del jefe de los fiscales causó sorpresa en el ámbito político santafesino y dejó suspicacias sobre lo que se investigaba. Esas sospechas se profundizaron cuando el 26 de octubre de 2017 Apullán citó a Rodríguez para ser imputado, pero minutos antes de la audiencia Arietti lo apartó de la investigación que pasó a manos del fiscal de Delitos Complejos Ezequiel Hernández.

Días después de ese episodio, una serie de CD's con escuchas telefónicas en las que hablaba Pullaro se difundieron por distintos medios. Esa situación motivó que el propio titular de la cartera de Seguridad, el 7 de noviembre, explique el contexto de esas escuchas en la Legislatura. Un día después radicó la denuncia para que se investigue cómo se filtraron los audios difundidos. En tanto, en julio de este año, Pullaro se constituyó como querellante por medio del abogado Pablo Cococcioni, ex titular del Servicio Penitenciario.

Acusaron al jefe

La denuncia fue remitida al Ministerio Público de la Acusación de Rosario y los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce Asahad iniciaron la investigación que apuntó a peritar las computadoras y celulares de Apullán y Martí y también de los agentes de Asuntos Internos Ariel Katramis y Nicolás Grimoldi, para saber si desde el organismo judicial se filtraron las escuchas.

La solicitud fue apelada por la defensa de los acusados y derivó en un debate en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ante el juez de alzada, Enrique Álvarez. En ese momento se discutió si debía autorizarse el "acceso a toda la información que se hallaba dentro de los servidores del Ministerio Público de la Acusación, en relación a los usuarios correspondientes a Apullán y Martí", quienes con fuertes dichos inculparon a su jefe, Carlos Arietti.

Según Apullán, tanto él como Martí recibieron órdenes de Arietti para que comuniquen al Poder Ejecutivo las transcripciones que figuraban en la causa que seguían. Y pidieron que se investigue a su jefe.

El 21 de junio, el juez Álvarez resolvió de manera parcial sobre los pedidos de González y Ponce Asahad: hizo lugar al peritaje de los celulares y computadoras secuestradas a los fiscales santafesinos pero rechazó que la investigación tenga acceso a la información que se encuentra dentro de los servidores del MPA.

En diálogo con este diario, Pablo Cococcioni dijo estar convencido de que "los fiscales engañaron al juez Falkenberg para obtener la orden de interceptar el teléfono del ministro ya que no justificaron el motivo de la investigación y también porque dijeron no saber a quién pertenecía esa línea cuando como investigadores deberían saberlo".

Asimismo, el abogado querellante expresó que Pullaro, "por su calidad de ministro tiene cierta inmunidad o fuero especial por lo que no podrían haberlo escuchado sin justificación y autorización especial. Por eso ésto es de una gravedad iinstitucional importante, máxime por la difusión que después tuvo ese material sensible y probatorio en una causa en curso".