“«Guille» Cantero tiene condenas por 80 años y lo seguimos investigando, cuando lo único que hay que tratar es que no se cometan más delitos desde las cárceles por intermedio de los teléfonos celulares. Lo que hay que hacer es impedir que él y otros tenga acceso a un celular”. Las palabras pertenecen al fiscal Pablo Socca, de la denominada Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, quien así expresó el hartazgo colectivo existente entre los fiscales respecto a las investigaciones criminales que tienen como objetivo a hampones que están privados de su libertad y continúan delinquiendo.
Quizás Guille Cantero sea el lugar común por tratarse de un detenido de alto perfil, jefe de la banda más temible de la ciudad y quien en sus ocho años detenido acumuló cinco de sus siete condenas desfilando por los penales provinciales de Piñero y Coronda y los federales de Resistencia (Chaco), Rawson (Chubut), Ezeiza y Marcos Paz (Buenos Aires). Si bien no puede acumular más penas que 50 años (artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación la unificación de esas penas no podrá exceder los 50 años de reclusión) lleva un total de 84 años y 8 meses.
Las declaraciones que el fiscal Socca, quien trabaja en la mencionada unidad fiscal con Valeria Haurigot y Federico Rébola, realizó este jueves siguen en sintonía con una cruzada que los fiscales antibalaceras llevan adelante para que se destierren los celulares de los pabellones de la cárceles santafesinas y federales en donde hay presos de alto perfil. Según un informe oficial en Piñero, el penal más poblado del sur provincial se secuestraron de enero a agosto 1.148 teléfonos celulares, casi uno por cada preso en esa unidad con capacidad para 1.426 internos. Piñero es la cárcel que ocupa el tope del ránking en cantidad de aparatos hallados en requisas o allanamientos por orden fiscal. En el mismo período en todas las cárceles de la provincia se requisaron alrededor de 3.700 equipos celulares, tablets, conversores de televisión y hasta un router inalámbrico. El dato no es menor si se considera que desde las cárceles se ordena el 95% por ciento de las balaceras que riegan con plomo las calles de Rosario.
Socca expresó su hartazgo luego de la audiencia del miércoles en la cual tras casi 12 horas 16 acusados, doce de los cuales ya estaban presos por diversos delitos como homicidios, balaceras o portación de armas, quedaron tras las rejas. La banda puesta bajo investigación está regenteada por Jonathan Agustín Camino, quien junto a su hermano Pablo Nicolás (ambos detenidos), tiene bajo su dominio los barrios Godoy y Villa Nueva (en la zona oeste de la ciudad) y Bajo Cullen (en la zona del puente Sorrento del norte rosarino).
Esta gavilla, según una investigación conjunta entre fiscales provinciales y federales, era una de las tres bandas que tributaba a Guille mediante la administración de su lugarteniente Leandro “Pollo” Vinardi. En la audiencia Socca presentó a Cantero como “un vitalicio del hampa” que es el “dueño de la violencia en Rosario”. Dijo “Quien quiera ser narco; barra brava o ladrón, le tiene que pagar a él”. Y agregó: “Encabeza una empresa criminal y la sede principal de la empresa está en la cárcel y otras sedes están afuera con la gente que le queda”.
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El debate
Los dichos de Socca abrieron un debate sobre el sistema penitenciario provincial y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando el privado de su libertad ya no se siente amedrentado por la Justicia y refugiado en su celda administra sus negocios extramuros sin temor a cualquier condena? Meses atrás desde la misma Unidad de Balaceras se planteó un panorama similar, cuando la fiscal Valeria Haurigot solicitó en diciembre del año pasado que Brandon Bay (de 25 años y líder de la banda de Los Gorditos) fuera trasladado a una cárcel de otra provincia. Ese pedido fue denegado. Hubo que esperar que, tras la bochornosa fuga de ocho presos de Piñero sobre fines de junio pasado, las autoridades tomaran la decisión de trasladar unilateralmente a presos de alto perfil a penales federales. Bay fue llevado a Ezeiza; Esteban Lindor Alvarado a Marcos Paz, la misma cárcel en la que está “Guille”; Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, Joel Pucheta, René “El brujo” Ungaro y los hermanos Alan y Lautaro Funes terminaron en el penal de Ezeiza.
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Celulares camuflados en tarros de pintura que fueron incautados en la cárcel de Piñero el 22 de septiembre pasado.
El catálogo de presos de alto perfil sobrepasa a Guille, Alvarado o El peruano. En el departamento Rosario se puede prescindir del mote de “preso más buscado” ya que líderes y jefes de las bandas más representativas de la última década están tras las rejas o muertos. En conteo subjetivo y caprichoso, se puede delinear un listado de integrantes de la mitología delictiva rosarina que están presos. Tomando como referencia a las bandas más temidas, de Los Monos están presos y condenados Guille Cantero, Ramón Ezequiel “Monchi” Machuca, Emanuel “Ema” Chamorro y Leandro “Gordo” Vilches, entre otros. Quizás Monchi Cantero sea la excepción de la regla, ya que el hermano de crianza de Guille no ha sumado nuevos delitos desde que está preso.
Por otra parte estando encarcelado en Marcos Paz, el Gordo Vilches fue apuñalado lo que desató una escalada de violencia callejera contra distintos objetivos de Esteban Alvarado. A ellos hay que sumarle dos hombres que si bien llevan el apellido Cantero, no formarían parte de la marca Los Monos: Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero y Alexis Claudio "Tartita" Schneider. Entre los archirrivales del clan Cantero están los también presos Luis Orlando “Pollo” Bassi, Milton Damario y Facundo Nicolás "Macaco" Muñoz.
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Esteban Alvarado cayó preso el 2 de febrero de 2019 en un camping de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y a partir de ese momento fueron detenidas varias personas apuntadas como parte de una banda mixta cuya conducción los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le endilgaron a Alvarado. La causa lleva ya 15 condenados en juicio abreviados y también tuvo bajas por asesinatos: en marzo de 2020 fue acribillado Rodrigo Carlos Sánchez, quien se desempeñaba en CMB Servicios Industriales SRL, una de las empresas montadas por Alvarado para dar cobertura financiera a sus operaciones ilícitas. El viernes 16 de abril pasado Nicolás “Fino” Ocampo, apuntado como uno de los integrantes de la banda y que desde hace un tiempo contaba con prisión domiciliaria, fue ejecutado frente a su casa de Ocampo 6600. La tarde del lunes 6 de septiembre pasado Carlos Héctor Argüelles, quien fuera mano derecha de Alvarado e imputado colaborador en la causa por asociación ilícita contra su ex jefe, fue asesinado frente a su esposa e hijos en el taller que tenía en inmediaciones de Garay al 3500. Una de las líneas investigativas sobre el homicidio lleva las miradas hacia una cárcel.
También cabe destacar al ex jefe de la barra brava de Newell's, Emiliano "Jija" Avejera y a Enrique Adrián “Cable” Solís, condenados a prisión perpetua en abril pasado. Otros temidos en las calles rosarinas, y también detenidos, son Hernán Ramón “Lichy” Romero, Gustavo “Toro” Martinotti, Brandon Bay, Nelson Alexis “Pandu” Aguirre y Daniel “Dany” Noguera, de Villa Gobernador Gálvez. Finalmente hay que sumarles los nombres de Tania Rostro, Olga “La Tata” Medina, el “Gordo Brian” González, Sixto “Chaqueño” Pérez y Ramón Alberto “Willy” Velázquez entre los más mentados del malandraje local.
Y no dejar de mencionar a Rubén Ariel “Tubi” Segovia, de 29 años, uno de los fugaces referentes del paravalanchas leproso con liderazgo en Tablada y el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, quien fue asesinado a traición en abril de 2018 en la celda 27 del pabellón 8 C de la cárcel de Coronda, lugar que compartía con aliados de Alexis Caminos, hijo de “Pimpi”, su antiguo socio. Uno de sus asesinos fue Pablo Nicolás Camino, hermano de Jonatan, imputado este miércoles por el fiscal Socca como cabecilla de una de las bandas que tributan a Guille, al que en agosto de 2019 condenaron a 24 años de prisión en proceso abreviado.
