La ausencia de un modelo de juicio constitucional en Santa Fe para menores implicados en delitos genera reiteradas aberraciones jurídicas. Una de las últimas se verifica en el enjuiciamiento que involucra a cinco personas implicadas en un secuestro extorsivo a un supermercadista chino ocurrido en Rosario hace tres años. Se trata de un mismo hecho que generó sentencias contradictorias para sus participantes. Mientras los cuatro mayores, juzgados bajo el nuevo sistema penal, ya están condenados por ese delito, una adolescente implicada en el suceso fue absuelta por la jueza de Menores que intervino, que consideró nula la prueba utilizada para acusarla. La situación ocasionará planteos de parte de los adultos para que las penas que les impusieron sean revisadas.
Esta enrarecida situación es producto de la ausencia en la provincia de un sistema de juicio actualizado para los menores de edad que ofrezca a éstos las garantías constitucionales que sí tienen los procesos de mayores. Para quienes tienen menos de 18 años y son punibles no existe un sistema acusatorio que les asegure ser juzgados por un juez imparcial, con certidumbre en los plazos de juicio y una escala de penas acorde.
La pelota en este momento está en el campo de los legisladores. Existe un proyecto de Código Procesal del Menor que hace tres meses está en análisis en la Legislatura provincial para terminar con la inconstitucionalidad del régimen de enjuiciamiento de adolescentes, que aunque es producto de consensos amplios se retrasa en su avance.
El incidente que motivó dos condenas distintas fue un secuestro que el 18 de julio de 2014 sufrió el dueño de un supermercado chino situado en San Lorenzo al 3700. Ese día cuando Wang Honguii cerraba el local fue interceptado por tres personas —una de ellas una mujer joven— y obligado bajo amenazas con un arma de fuego a ingresar en un Peugeot 504 rojo donde había un cuarto integrante del grupo al volante.
Wang fue retenido en una vivienda bajo vigilancia permanente mientras uno de los integrantes de la banda negociaba con la madre del cautivo, bajo intimidación de asesinato, un pago 150 mil dólares para liberarlo.
La existencia de una denuncia, interceptaciones telefónicas y acciones investigativas sobre el hecho precipitaron la liberación de la víctima seis días después. Los captores lo resolvieron al notar presencia policial en la zona donde se había pactado el intercambio del comerciante por el dinero en una estación de servicio de Ovidio Lagos y Circunvalación.
Detenidos y sentenciados
La investigación condujo poco después a la detención de cinco sospechosos: cuatro varones adultos y una chica de 17 años llamada J. B. que era novia de uno de los detenidos. Buena parte de la pesquisa se basó en escuchas telefónicas sobre celulares que luego fueron secuestrados. En las conversaciones la chica es aludida y mencionada como "Juli" o "Gorda" y, según el fiscal Guillermo Corbella, participa en forma activa en todo el proceso de secuestro y extorsión.
Los roles de cada uno de los participantes detenidos fueron establecidos en audiencias orales del nuevo sistema penal donde los acusados varones, según fuentes judiciales, quedaron en una situación muy comprometida. Tal es así que en marzo de 2016 los cuatro aceptaron su culpa en un juicio abreviado por lo cual tres recibieron once años de prisión y el último tres años y medio por encubrimiento. Los acuerdos fueron el mismo día que se iniciaba un juicio oral en que las fiscales Mariela Oliva y Karina Bartocci pedían 16 años de prisión.
Pero por ser menor de edad, a J. B. la acusación por participar de ese mismo delito se le formuló en el juzgado de Menores a cargo de María Dolores Aguirre Guarrochena.
La jueza consideró la prueba sesgada, basada en afirmaciones dogmáticas y no fundamentadas. Los cargos contra la menor fueron formuladas por testigos a los que se tomó declaración en la instrucción preparatoria durante la investigación policial sin juramento de decir la verdad. Esa informalidad, para Aguirre Guarrochena, no permitía la solvencia técnica requerida para una sentencia condenatoria. Por ello dictó la absolución a J. B.
El fiscal Corbella apeló la resolución que desvincula a la chica por considerar que hay múltiples elementos, a su criterio todos válidos, que incriminan a la chica en el secuestro extorsivo. El caso debe ser resuelto en estos días por los camaristas penales Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Carina Lurati.
Un sistema doble
Lo que queda de controversia, en definitiva, es que un mismo hecho histórico haya analizado en un doble sistema de enjuiciamiento, con el resultado de sentencias contradictorias. Con la misma prueba los jueces de mayores estimaron válida la investigación, acreditaron el ilícito en juicio oral y condenaron a los adultos. La jueza de Menores, por el contrario, interpretó que era imposible por la informalidad técnica de esa prueba condenar a la chica y la desvinculó del hecho.
Mantener semejante tensión, como está ocurriendo en Santa Fe con los procesos penales juveniles, está declarado abiertamente inconstitucional.
Esa asimetría ilógica que generan dos procesos está salvada en el proyecto de ley que está en análisis en la Cámara de Diputados de la provincia en las actuales sesiones ordinarias. Lo que determina esta iniciativa es que en casos así tanto la investigación penal será una sola y el juez será el mismo para adultos y menores. Sí se prevé que haya jueces de Menores específicos para analizar las medidas cautelares durante el juicio (por ejemplo pedidos de libertad o morigeración de prisión) y al momento de determinar la pena. Pero el juez que definirá si hubo o no delito y si debe aplicarse sanción será uno solo.
Un proyecto
El gobernador Miguel Lifschitz remitió en abril a la Legislatura un proyecto para adecuar el régimen penal juvenil, que crea fiscalías y defensores especializados, a la vez que coloca jueces específicos para investigar y determinar pena. Los trámites de mayores y menores en un mismo delito se analizan en un solo juicio.
