El departamento Rosario tuvo al 30 de septiembre un total de 174 homicidios dolosos, lo que llevó la cifra a niveles similares a los registrados en 2013/14. Para analizar los motivos de semejante fenómeno, su origen, la llegada de tropas federales para controlar una situación que parece desmadrada y las políticas aplicadas para terminar con ello, La Capital dialogó con el Magister en Criminología Enrique Font, quien es investigador categorizado y profesor titular de Criminología y Control Social, Política Criminal, Políticas Públicas de Seguridad y Sociología de la Policía en carreras de grado y postgrado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
_ ¿Qué explicación le encontrás a este alza en el nível de crímenes?
_ Ya en 2008 visualizamos el fenómeno de los homicidios en Rosario como un problema grave, no porque las tasas crecían como ocurrió cuatro años después sino porque había una alta circulación de armas, se conformaron banditas de pibes desafiliados de los grupos delictivos y había una violencia expresiva en las disputas de bandas desorganizadas. Así, el fenómeno de la violencia visualizado en la construcción de identidad con la pertenencia a una banda y la hipermasculinidad de esa violencia como generadora de vínculos, redes y reconocimiento, era caldo de cultivo para las bandas. Además, salvo casos puntuales nunca se hizo nada para abordar el fenómeno. Al contrario, lo que se vio desde la gestion de Álvaro Gaviola como ministro de Seguridad en la gestión de Hermes Binner, agravado durante los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, fue el hacer cosas contraproducentes para frenar ese crecimiento criminal. No se identificó con especificidad el fenómeno de la violencia, más bien se lo fraguó, se lo intentó presentar con una lógica que permitía evadir la responsabilidad sosteniendo que eran ajustes de cuentas y no un problema de seguridad, es decir que todo era una disputa de bandas narcos como si eso no fuera responsabilidad del Estado. Y el pico que se produjo en 2013/14 estuvo dado por la operación política-mediática-judicial de la megacausa contra Los Monos que fue elegir a un chivo expiatorio presentado por la ex Brigada de Judiciales de la policía, llevar adelante medidas reñidas con la legalidad y el debido proceso y mediatizar esas acciones. Así explicaban que el fenómeno tenía que ver con la narcocriminalidad y que en espejo con esos hipervillanos (Los Monos) estaban los superhéroes de uniforme. Hubo dos momentos claros en esa operación: uno cuando Bonfatti, su ministro Raúl Lamberto, el ex fiscal Guillermo Camporini y el juez Juan Carlos Vienna se reunieron en Jefatura tras allanamientos al clan Cantero para exhibir todo lo que le habían secuestrado; y otro, que marcó la derrota de ese plan, cuando un año y medio después desembarcaron las fuerzas federales a cargo de Sergio Berni mientras Lamberto y Bonfatti veían lo que ocurría desde la delegación de Prefectura Naval. Para mí, que el gobierno y ciertos sectores de la Justicia le hayan dado a la ex División Judiciales de la policía, una banda reconocida por todos y muchos de cuyos integrantes terminaron procesados o presos, el manejo de toda esa operación no hizo más que reorganizar el negocio narco en la ciudad favoreciendo a unos, en particular a Esteban Alvarado, y perjudicando a otros, el clan Cantero. Jugaron con fuego porque exponían a bandas cuyo sello no era la narcocriminalidad sino la violencia. Dijimos entonces que era peligroso fraguar una guerrita contra las drogas tumbando bunkers, sobre todo cuando empezó a funcionar la lógica de Vienna para armar la megacausa.
_ ¿Cuál fue el origen de esa espiral de violencia?
_ Hay dos vertientes: la desatención de una política pública para trabajar la violencia de pibes de sectores populares no necesariamente ligados a estas bandas y la puesta en escena de la megacuasa que trajo muertes, venganzas y otros hechos que creó una marca nueva en la ciudad. Las tasas criminales se dispararon y quedaron amesetadas muy arriba pero con una o varias bandas a las que se les dio un cartel importante, lo que es su principal capital. Es decir hicieron famosos a grupos que para su existencia en el delito necesitaban de una presencia pública importante. A eso le agregaría la degradación institucional que fue sufriendo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que, como ocurría en el sistema inquisitivo anterior, tiene una tasa muy baja de esclarecimiento de los homicidios.
_ Aún con los líderes de las grandes bandas presos la tasa criminal no bajó y parece que las calles están anarquizadas, a tal punto que las segundas y terceras líneas de esos grupos disputan territorios sumando muertos.
_ El Estado no pensó poner preso a los líderes, se fraguó una guerra contra esas bandas sin conocimiento, con mucho riesgo, con mucha desaprensión. Si vamos a creer que el negocio del narcomenudeo en Rosario se reduce a dos o tres bandas es ignorancia, desconocimiento, carencia de experticia y mala fe. Hay que saber que en el mundo, si hablamos de economía narco, las bandas nunca son verticales sino que hay formaciones nodales en las cuales bien puede haber un grupo vertical pero en general son elementos que cumplen distintos roles y que cuando uno más baja en esa economía son fusibles intercambiables. Pensar que el fenómeno de los pibe tiratiros se iba a resolver desarticulando la parte operativa del narcomenudeo de una banda sin tocar todo lo vinculado a las estructuras de connivencia policial y judicial es ver sólo la punta de un iceberg. Hay que pensar que un juez como Vienna no sólo orquestó la operación de la megacausa sino que sigue siendo juez cuando había numerosos elementos para investigarlo por sus vínculos con Luis Paz, condenado tiempo después como líder de otra banda narco. Entonces, pensar que esto se iba a resolver con las cúpulas de las bandas encarceladas sin modificar la oferta y demanda de drogas y sin tocar los canales de circulación de las ganancias que no quedan en los barrios populares sino que van a grandes oficinas y se ligan a la evasión impositiva, el contrabando de cereales y otros delitos es equivocar el camino. Pensar eso sin alterar la demanda de cocaína de las clases medias y medias altas indignadas por estos hechos es de una ingenuidad muy grande. Levantarle el cartel a una banda, usarla políticamente y darle cobertura a otros grupos criminales y a policías que estaban vinculados de forma clara al negocio fue parte de la realidad que se vive hoy.
Enrique Font es un criminólogo que conoce bien el entramado de la violencia rosarina.
_ Por sexta vez más llegan refuerzos federales para controlar los puntos rojos de la ciudad. ¿Sirve para algo? ¿Qué pasa con la policía provincial?
_ Sobre la policía provincial nos perdimos o nos estamos perdiendo la posibilidad de hacer una transformación profunda y necesaria. Cuando el gobernador Omar Perotti designó a Marcelo Sain como ministro de Seguridad y éste armó un equipo de gestión, teníamos la certeza política y la capacidad técnica para llevar cuanto menos una reforma integral de la fuerza, un saneamiento y una profesionalización. Pero la realidad fue que una gran parte de la oposición y un sector del propio oficialismo bloqueó esa posibilidad y se conformó un conglomerado de poder que salió a perseguir a Sain. Ese bloque es el mismo que echó en su momento a Gabriel Ganón (defensor general de la provincia de Santa Fe entre 2011 y 2016). No importa tanto qué fuerza interviene sino cómo, para qué y con qué sectores. Puede haber una intervención de fuerzas federales para saturar un territorio o para que, en articulación con la Justicia federal, se realicen y profundicen investigaciones complejas. Se deben hacer las dos cosas y en paralelo es necesario tener el aire político necesario para realizar reformas en la policía provincial e implementar políticas serias de seguridad porque sino es un esfuerzo del gobierno federal que se pierde. En 2014, a partir de un trabajo de campo que hicimos en un barrio del sur de Rosario en 2014 donde había altas tasas de homicidios, vimos que el efecto inmediato de la presencia de fuerzas federales produce una reducción de la violencia letal. Pero si no está acompañada de una política intervencionista de fondo, esa violencia vuelve y se sostiene. Hay que tener objetivos claros, articular con el gobierno provincial en tanto el conglomerado político lo deje llevar adelante la reforma policial que se necesita, y si los fiscales y jueces federales responden.
_ Hay causas que elevaron la puntería e implican a actores judiciales y políticos como imputados o bajo sospecha de brindar protección a determinadas economías delictivas. ¿Cómo ves este avance de la Justicia?
_ Tengo una mirada muy critica del MPA. Es una institución que surgió con la promesa de una transformación en las formas de llevar adelante los juicios penales y eso no se realizó. La supuesta democratización de los procedimientos penales resultaron una mentira porque más del 90% de las condenas se resuelven en juicios abreviados con gente que ya esta en prisión preventiva. Esto quiere decir que es un modelo, en la práctica, más inquisitivo que el anterior. Tenes menos garantías procesales que en el modelo de instrucción y en una provincia con una policía involucrada no en la regulación del delito sino en el crimen desorganizado es un suicidio. De vez en cuando conocemos que hay una causa fraguada por la policía, pero esto sucede todos los días porque es lo que la policía cocina en la calle. Cuando ese trabajo se hace como se armó la megacausa de Los Monos y tenes fiscales saliendo a bancarlo como ocurrió en el sistema viejo se expone una Justicia muy degradada. Hay un ex fiscal regional preso y eso no fue autodepuracion, lo hallaron de casualidad; un ex fiscal regional en Santa Fe que intento proteger a una fiscal (en la causa por el homicidio del empresario Hugo Oldani) que dejó que se sustraigan elementos ligados a un delito del escenario de un crimen en un claro acto de lavado de activos, y cuando un fiscal lo quiso investigar estaban estos personajes evitando que intervenga la Justicia federal. Es el mismo MPA que participó de todas las operaciones para desplazar a Sain, un organismo degradado que no me genera confianza. Y en cuanto al avance sobre algunos políticos lo voy a creer cuando vea imputados a funcionarios de todos los colores políticos y no solo de uno. En ese sentido hay un fuerte trabajo mediático para sostener eso y parece que los otros a los sumo son tontos.
_ ¿Cuál es el problema que aqueja a Rosario para que viva esta realidad criminal?
_ Hay muchas variables. Rosario es una sociedad que tiene un nivel de exclusión altísimo pero a la vez es una ciudad pequeña donde es muy visible quiénes tienen todo y quiénes nada. Un 10% tiene los mejores ingresos y se queda con el 80% de la riqueza. Además no hay expectativas de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, es decir a condiciones verdaderamente criminógenas. Esto se asocia a la degradación de la policía que participa del delito desorganizado, donde ves la desprotección a sectores populares por parte de la administración de Justicia, lo que es otro refuerzo criminógeno. En Rosario, por su lógica de producción y exportación, sabemos que suceden grandes hechos de lavado de activos y contrabando aunque no haya números y pocas causas abiertas al respecto. Pero quienes están implicados no caen procesados, ni condenados, y eso es otro componente criminógeno. No creo que haya ausencia del Estado, creo que hay una presencia en salud, en educación, más allá de que no alcance a atemperar la crueldad de la exclusión por la falta de acceso al trabajo. Pero hay una presencia del Estado criminógena también. Las inadecuadas investigaciones federales durante mucho tiempo, la forma en que las fiscalías federales han investigado a una misma organización en dos barrios distintos y con cuatro fuerzas federales distintas es un armado para que cualquier investigación fracase. No es que hay un Estado ausente sino que está presente de manera contradictoria, opera en la inclusión y la exclusión, sobre el delito y el control del delito.
