Por demoras en la organización del juicio oral se ordenó la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de un policía acusado de matar de un tiro con su arma reglamentaria a Brandon Cardozo en medio de una fiesta de año nuevo el 1º de enero de 2016. Fiscalía, defensa y querella coincidieron en que la medida genera una situación irregular e incluso el juez que la dispuso se mostró crítico del sistema. "Ahora nos quejamos pero nadie puso los medios en su momento ni nadie los pone ahora", replicó el juez Luis María Caterina un requerimiento de la defensa que pidió elevar la situación a organismos jurisdiccionales.
Desde el 7 de enero de 2016 el policía de la Motorizada Emiliano Martín G. está preso e imputado de disparar, mientras estaba de franco servicio, en una fiesta callejera que se hacía en Entre Ríos y Centenario, lo cual le costó la vida a Cardozo, de 16 años. En diciembre de 2017 la fiscal Marisol Fabbro había presentado la acusación formal y entonces se convalidó la prórroga extraordinaria de preventiva —vencía hoy— propuesta por la defensa y aceptada por la fiscal y los querellantes. Se estimaba que en este lapso la causa debía elevarse a juicio oral.
En abril se desarrolló la audiencia preliminar celebrada, en la cual Caterina admitió el encuadre de la Fiscalía como homicidio simple agravado por uso de arma con un pedido de pena de 24 años, aunque resolvió agravar esa figura por ser un funcionario policial, condición "permanente" según también lo impulsó la querella.
Pero ante la demora en fijar fecha de juicio, Fabbro pidió ayer una nueva prórroga extraordinaria por cuatro meses. "No se fijó fecha", remarcó la fiscal, y aclaró que hace dos semanas se firmó el decreto que avanza en ese sentido. Y pidió al juez que intime a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) a fijar fecha antes de que venza el plazo.
Rechazo
Mientras Salvador Vera, abogado querellante que representa a la madre de Brandon, adhirió al pedido de la fiscal, la defensora pública María Eugenia Carbone lo rechazó. "El Código Procesal establece plazos razonables y el principio de inocencia. Ya hubo una prórroga mayor a lo previsto (lo pidió la anterior defensa privada del policía, que renunció) y ahora que vencen esos seis meses tampoco hay fecha de juicio".
La abogada pidió la libertad de G. o que la prórroga se extienda por seis meses. Y en sintonía con la fiscal y la querella se mostró proclive a hacer conocer la situación a la OGJ. "La demora evidencia una cuestión de agenda y de límite temporal, inconveniente que no puede ser soportado y en perjuicio del imputado", fustigó.
Y al citar directivas precisas que recibió del defensor general Gustavo Franceschetti (uno de los impulsores de la reforma del Código Procesal de Santa Fe) requirió que tal situación se "ponga a modo de denuncia y conocimiento de la Fiscalía Regional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura ante posibles responsabilidades funcionales".
Razonable
El juez aclaró que la gravedad del delito "no torna irrazonable la extensión de cuatro meses. Es cierto que G. goza del principio de inocencia, pero se ha probabilizado en sucesivas etapas la comisión del ilícito, de extrema gravedad", adelantó sobre la decisión de prorrogar la preventiva.
Luego contestó los planteos de la defensora y, por su intermedio, a Franceschetti, lo cual dejó en evidencia los problemas que surgen en la diagramación de audiencias, juicios y demás trámites a cargo de la OGJ.
"Recuerdo a las partes que reiteradamente Fiscalía y Defensa acuerdan sobre el mismo día de inicio de un juicio, o el anterior, la resolución de casos en procedimiento abreviado. Eso redunda en una situación difícil de planificar para la OGJ. Por eso hay dos o tres juicios sobreagendados, se van cayendo y hay que reemplazarlos", aclaró Caterina.
"Cuando usted —le dijo el juez a Carbone— insiste en que se notifique según las instrucciones del defensor general, se olvida que durante años tuvimos profesores que venían a decir lo bien que iba a funcionar el sistema, pero nunca a nadie se le ocurrió pensar cuáles eran los medios que se debían destinar".
"Todos nos quejamos de cómo se organizó el sistema pero nadie puso los medios en su momento, y nadie los pone ahora. Dígale al defensor general que puede articular los medios que corresponda, porque él sabe de sobra los problemas que hay", enfatizó Caterina tras decidir mantener la preventiva de G. por otros cuatro meses más.
