El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, de juzgador a juzgado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes comenzó a juzgar en audiencias orales y públicas al ex juez Carlos Vicente Soto Dávila y otros seis imputados _entre los que se encuentran dos funcionarios del juzgado por entonces a su cargo y un grupo de abogados_ acusados de conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con el narcotráfico.
En el debate intervienen el fiscal general Carlos Schaefer, la fiscal auxiliar Tamara Pourcel y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. El tribunal está compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones), dada la excusación de los integrantes originales del Tribunal por su relación con los ex funcionarios acusados en juicio.
En la audiencia de apertura se leyó el requerimiento de elevación a juicio en el que los imputados están acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Ávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El resto de los integrantes de la banda son los secretarios penales de ese juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau; y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos y Gregorio Humberto Giménez.
El grupo, según la fiscalía, habría cometido diferentes delitos contra la administración de la justicia a cambio de garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente a los miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí y cuyos integrantes fueron condenados en 2021.
De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban ante el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones a favor de los sospechosos, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse y todo con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.
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Los cuatro abogados serían quienes intermediaban para la entrega y recepción de las dádivas junto con Omar Antonio Serial y Juan Manuel Faraone, que fueron condenados el año pasado por integrar la organización criminal. En esa línea, los narcos Carlos Alberto Bareiro, Federico Sebastián Marín y Pablo Nicolás Torres (también condenados en la misma causa) fueron quienes entregaron las sumas de dinero en miras a lograr los beneficios procesales señalados, para sí mismos o para sus allegados.
Como consecuencia de la entrega de dádivas, en las investigaciones que involucraban hechos de narcotráfico se dictaron resoluciones “prevaricantes” _es decir, contrarias al derecho invocado por las partes o basadas en hechos falsos_ para poder así beneficiar a los investigados.
Antes del inicio del debate, el Tribunal anunció que se firmaron cinco juicios abreviados que abarcaron a los abogados Antonio Serial y Jorge Vallejos; y a tres narcotraficantes que fueron condenados en el marco de la causa Itatí: Federico Sebastian Marín, Pablo Nicolas Torres y Carlos Bareiro.
Por Martín Stoianovich