En los últimos días Corrientes se ganó un espacio en la prensa nacional a partir de los procedimientos antinarcos realizados por efectivos federales que terminaron con la detención de los máximos referentes políticos y policiales de la ciudad de Itatí, incluido el intendente de la localidad. Esa trama de allanamientos, decomisos de drogas y detenciones salpicó a todas las instituciones correntinas. Y el lodo llegó al juez Federal de la provincia, Carlos Soto Dávila, a tal punto que la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, pidió que el magistrado se aparte de varias causas ligadas al narcotráfico que instruye desde 2014. En tanto, el juez federal porteño Sergio Torres, quien ordenó el "Operativo sapucay" en el cual cayeron presos el intendente y el comisario de Itatí entre otros referentes, le solicitó a Soto Dávila que le envíe 15 causas por narcotráfico que se tramitan en su juzgado para unificarlas con las que él instruye.
Entre las causas que requiere unificar Torres está la que investiga la ruta de distribución de marihuana Itatí-Rosario a cargo de los grupos liderados por los narcos Luis "Gordo" Saucedo (prófugo), Federico "Morenita" Marín y Carlos Alberto "Cachi" Bareiro. "Logramos establecer que estas tres bandas conforman una única organización criminal que funciona en Itatí y que es apoyada por funcionarios de la policía correntina, la Policía Federal, funcionarios políticos y posiblemente empleados judiciales", indicó un investigador.
El juez Torres tiene datos de que "Los gordos" Saucedo abastecían de marihuana a la banda de Los Monos, en Rosario. "No sólo Saucedo tenía contacto con Los Monos, sino Marín también. Por eso consideramos que estas bandas no se disputaban territorio, sino que se complementaban una con otra", explicó el vocero.
En ese sentido recordaron que Cirilo Saucedo vivió entre 2014 y 2015 en Cabín 9, en Pérez. Y según escuchas judiciales mantuvo un contacto fluido con Walter Daniel Jure, procesado como integrante de la banda de Los Monos.
Bajo la lupa
Soto Dávila ya estaba bajo la lupa desde octubre cuando los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, respectivamente a cargo de la Fiscalía General y las Fiscalías Federales de Corrientes, solicitaron investigarlo junto a su secretario, Pablo Molina, y a otro empleado por cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento. Y en lo que va del mes Soto Dávila fue apartado de siete causas penales en las que ordenó la liberación de imputados por delitos de narcotráfico y trata de personas. Entre ellas la que investigaba a Hernán Aquino (hermano del detenido viceintendente de Itatí) y a Vanesa Sosa (hermana de una concejal), apresados cerca de la localidad de Loreto con más de 500 kilos de marihuana. Soto Dávila ya había liberado dos veces al hermano del viceintendente por tráfico de drogas.
"Es muy complicado trabajar con Soto Dávila. Ahora se lo apartó en siete causas y empezaron a mandar (los expedientes) al Consejo de la Magistratura", explicó el fiscal Schaefer. "Nosotros lo tenemos imputado a Soto Dávila y a su secretario (Pablo Molina) en una causa donde pretendían entregar vehículos que provenían del lavado de dinero del narcotráfico", recordó el fiscal.
El descargo
Soto Dávila hizo un descargo público en una entrevista con Télam Radio. "Todo está bajo la lupa pero hay que aportar pruebas. Hoy se cuestiona todo porque hay una presión mediática tremenda a nivel nacional. En Corrientes se está mezclando lo político por las elecciones a gobernador de este año y hay una turbulencia terrible", explicó el magistrado. En todo momento Soto Dávila hizo hincapié en señalar que desde su despacho "se ha colaborado enormemente" en la lucha contra el narcotráfico en Itatí. "Nosotros detuvimos a la hija de (el intendente) Roger Terán y de la hija del viceintendente con una investigación propia", indicó.
El juzgado a cargo de Soto Dávila tiene tres secretarías Penales y una de Derechos Humanos y Trata de Personas. Fue creado en 1863, meses después de la instauración de la propia Suprema Corte de Justicia. "El juzgado federal de Corrientes tiene 320 kilómetros de frontera con Paraguay y hay entre siete y ocho destacamentos de Prefectura sobre el río y tres o cuatro destacamentos de Gendarmería en tierra", explicó.
"La frontera de Corrientes con Paraguay tiene la distancia que hay entre Buenos Aires y Mar del Plata. Resulta muy difícil abarcar todo y además tenemos Misiones, por donde ingresan para llegar a Corrientes por las rutas 12 y 14", indicó.
En un pasaje de la entrevista Soto Dávila fue consultado respecto a si Corrientes es una provincia contaminada por la droga. "No se si está contaminada de droga. Eso significaría que en la provincia existirían depósitos desde los que se distribuiría al resto del país y a mí me parece que no. Lo que sí tenemos es una frontera terriblemente porosa. Ese es el tema de fondo que tenemos que asumir. Y que del otro lado tenemos un país con una tremenda producción de marihuana y ningún tipo de control", respondió.
