Policiales

Ex fiscal fraguó investigaciones para escuchar ilegalmente a su ex novia

Fernando Rodrigo fue acusado por requerir intervenciones de 12 líneas falseando datos e invocando causas penales inexistentes.

Sábado 03 de Agosto de 2019

El ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo fue imputado ayer por ordenar escuchas ilegales contra una ex novia y el entorno personal de ésta, una irregularidad que fue advertida de manera casual hace casi dos años por un empleado de la Fiscalía. En una audiencia extensa el ex funcionario fue acusado en libertad por delitos contra la administración pública que prevén penas de hasta diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese marco la fiscal Natalia Benvenuto expuso en detalle cómo se concretaron las intervenciones telefónicas en cinco ocasiones, falseando datos e invocando causas penales inexistentes.

   La maniobra involucró numerosos recursos institucionales como autorizaciones judiciales, oficios a organismos nacionales y solicitudes a empresas privadas de telefonía celular. Esto derivó en numerosas escuchas registradas en 183 CDs que el propio fiscal pasaba a retirar por la sede local de la dirección nacional de captación de escuchas. Según la investigación, todo el trámite fue controlado por el propio Rodrigo sin delegar acto alguno en su entorno.

   Las solicitudes de intervención de mensajes de texto y conversaciones se concretaron respecto de doce teléfonos y a lo largo de casi un año, entre el 25 de agosto de 2016 y el 28 de julio de 2017. Entre los usuarios de esos teléfonos estaban una ex novia del fiscal que había sido pasante en la fiscalía, sus padres, hermanos y amistades. Tres de las víctimas eran abogadas y dos habían trabajado con él en la Fiscalía. Ninguna de las personas afectadas estaba relacionada con las causas invocadas por Rodrigo para obtener las escuchas.

Por casualidad

La irregularidad fue advertida en agosto de 2017 por otro empleado de Fiscalía que, de manera casual, notó que uno de los números era de una compañera de trabajo. Es que en uno de los últimos pedidos de escuchas el fiscal cometió un error y asentó los números telefónicos con el cero incluido en la característica, dígito que debe omitirse en los pedidos de interceptación.

   Por eso desde una dependencia nacional llamaron a la Fiscalía para advertir del error y atendió el empleado, quien al tomar nota de esos números advirtió que uno de ellos pertenecía a su compañera.

   La situación fue comunicada a la auditora general interna del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Así comenzó una investigación para la que se designó a una fiscal de otra jurisdicción, Natalia Benvenuto, entonces en Cañada de Gómez y ahora integrante de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos.

   De inmediato se hicieron requisas en el despacho de Rodrigo, en su domicilio, en el de su madre y en su auto, donde se recuperaron los discos con las escuchas. Tres días después el fiscal fue apartado de las causas a su cargo y tramitó una licencia psiquiátrica. A las dos semanas, en el primer paso de un juicio disciplinario, el fiscal regional Jorge Baclini resolvió suspenderlo. Ese día Rodrigo presentó su renuncia.

Competencia no resuelta

La razón por la que pasaron casi dos años sin imputación es que, tras acopiar las pruebas más urgentes, la fiscal giró la causa a la Justicia Federal al entender que se afectaban delitos relacionados a las telecomunicaciones. La jueza María Romilda Servini de Cubría se declaró incompetente y devolvió el caso. Pero el juez rosarino Hernán Postma consideró que la causa era federal y así se originó un conflicto de competencia que aún debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

   Como ese aspecto no está aún cerrado, los defensores Víctor Corvalán y Evelyn Quaín pidieron que se suspendiera la audiencia de ayer por no existir un tribunal competente. La fiscal respondió que, ante el paso del tiempo, era necesario formalizar la imputación para que su ex colega conociera los hechos y pudiera defenderse.

   Luego de un debate técnico que insumió más de una hora, el juez Pablo Pinto evaluó que las cuestiones de competencia no deben interrumpir el avance de las causas y la audiencia siguió su curso.

   Ayer Rodrigo sólo habló para brindar sus datos personales. Dijo no tener ocupación actual. Luego permaneció atento y tomando notas mientras la fiscal daba cuenta de los hechos en una sala donde no acudieron las víctimas. En su momento el abogado Carlos Edwards había anunciado la intención de tres abogadas de constituirse como querellantes para que se investiguen delitos de acción privada como la violación de secretos pero ese trámite aún no se concretó.

Delitos varios

La imputación fiscal fue por delitos que afectan a la administración pública. En ese sentido Rodrigo fue acusado de “peculado del trabajo y servicios públicos”, una figura que sanciona con dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta al funcionario que utilice en provecho propio los bienes o servicios a su cargo. También fue imputado de falsedad ideológica y de uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario.

   Rodrigo fue acusado de haber confeccionado cuatro solicitudes de escuchas en textos que remitió con su firma y sello a jueces en turno. En un quinto escrito pidió la continuidad de una intervención ya ordenada.

   En uno de esos casos citó un número de legajo real pero asignándole un delito diferente. En otros, se invocaron causas por venta ilegal de autopartes como pretexto para obtener las escuchas a personas de su entorno. Según la imputación, citaba informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones que en algunos casos eran auténticos y en otros no.

   En todos los casos las intervenciones fueron aceptadas por jueces que remitieron los pedidos a dos organismos nacionales, la Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco). Se obtuvo así una tanda de escuchas contenidas en 78 CDs y otra en 105 discos. Esas intervenciones seguían en pie cuando se descubrieron las maniobras y cesaron por una orden que emitió entonces el juez Juan Andrés Donnola.

Invenciones

En el primer caso, el 25 de agosto de 2016 Rodrigo solicitó a la jueza Patricia Bilotta una intervención por 30 días a los teléfonos de su ex pareja J.G. así como a dos amigos de la mujer y a otra persona sin vínculo con ella. Fue en una causa titulada “NN sobre robo calificado”.

   En la siguiente ocasión, el 3 de abril de 2017, requirió nuevas escuchas en una causa sobre venta de autopartes de dudosa procedencia. Al argumentar ante el juez Carlos Leiva que se trataba de un delito “complejo que involucra a bandas y organizaciones criminales”, consiguió nuevas intervenciones a J., sus dos amigos, su padre, otra amiga y un conocido.

   El 21 de junio de 2017 remitió un nuevo pedido en una causa de desarmaderos ante el juez Postma y así consiguió siete intervenciones sobre el entorno de J. y otra pasante de la unidad fiscal.

   El último pedido fue del 31 de julio de ese año. Al invocar una causa similar contra desarmaderos ante el juez Luis María Caterina obtuvo nuevas intervenciones por 30 días sobre seis de los números.

   En todos los casos, según se indicó en la audiencia, retiró las tandas de CDs tras acudir personalmente, en decenas de ocasiones y a lo largo de los meses a una oficina local de la Dicom en Salta al 3500.

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