Los empresarios miembros del Grupo Praga, una inmobiliaria investigada por administración fraudulenta y estafas en más de $130 millones por venta de autos de alta gama y desarrolladores inmobiliarios, todos de Rosario, fueron involucrados por la fiscalía en otros 25 delitos. En la audiencia imputativa también quedaron involucrados un cadete de un delivery, que figura como gerente de una de las cuatro firmas investigadas, y un abogado, a quien detuvieron la semana pasada por tenencia de arma de fuego y administración fraudulenta en las cuatro firmas bajo la lupa: Praga, Integral Automotores, Integral Motors y Ortopedia Técnica SRL.
La fiscal Valeria Haurigot le atribuyó a Leandro Damián González (39 años), Bruno Poletti (45) y Jorge Daniel Fonaroff (41), el delito de administración fraudulenta de las sociedades mencionadas, en tanto que a César Ramón Metto (56) se lo mencionó como cadete de las cuatro firmas y gerente de una de ellas, es decir, Ortopedia Técnica SRL. En rigor, Haurigot consideró que los mismos provocaron "daño patrimonial y obligaron abusivamente a las sociedades que administraban, generando obligaciones pendientes de determinación, no obstante lo cual se han rechazado cheques por falta de fondos".
Asimismo, la investigadora acusó a González, Poletti y Fonaroff de actuar "por derecho propio, como socios gerentes, socios ocultos o administradores de hecho de las sociedades que administraban, abusando de la confianza de las víctimas, aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo, aparentando solvencia mayor a la que tenían y a sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que de buena fe simularon asumir". Además de "haber desplegado maniobras ardidosas en el marco de la compraventa de vehículos propiedad de las víctimas".
Conforme a la investigación realizada hasta el momento, esas maniobras "se llevaban a cabo bajo la promesa del pago diferido del precio acordado por los vehículos. Concretamente, se les prometía a las víctimas la entrega de otros autos cero kilómetro a través del pago mediante cheques diferidos y así lograban que los damnificados dispusieran de un monto a su favor. De esta manera, captaban el ahorro de las víctimas y su núcleo familiar bajo la promesa de pagarle un rendimiento mensual por el uso del capital ajeno. Todo ello tenía el objetivo de obtener un beneficio económico resultante", apuntó Haurigot.
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Además, a Fonaroff se le atribuyó el hecho del pasado 4 de febrero, cuando fue detenido por tener un revólver calibre 22 lago cargado, con aptitud para el disparo y sin contar con la debida autorización legal. El arma fue secuestrada del interior de casa, ubicada en Pelayo al 2600, en el marco del allanamiento realizado en el marco de la investigación.
En audiencia, la fiscalía solicitó una medida cautelar para el abogado y el cadete-gerente, de modo que el Juez de Primera Instancia Nicolás Foppiani admitió la calificación legal para los imputados e hizo lugar al acuerdo de partes, por lo que dictó la prisión preventiva efectiva para el letrado por el plazo de 60 días y la libertad con restricciones para el cadete-gerente, quien deberá acudir de manera mensual a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) por el plazo de 6 meses, al tiempo que tendrá la prohibición de no innovar con las acciones que tenga a su titularidad de Ortopedia Técnica SRL hasta el 3 de julio de este año.
Cabe recordar que en el caso de González y Poletti están en libertad luego de haber hipotecado sendas viviendas de familiares como garantía.