La investigación del homicidio del empleado estatal Raúl Eduardo Domínguez,
quien apareció mutilado tras denunciar un millonario fraude con timbrados en Rentas de Santiago del
Estero, aparece tan enrarecida como el crimen mismo. El abogado de la familia de la víctima
denunció que dos policías forzaron a una mujer a incriminar a un inocente como autor del asesinato.
Y aportó una filmación en la que uno de los efectivos intimida a la testigo para que ratifique esa
declaración. Según la denuncia los policías decían actuar en nombre del juez del caso, quien se
apartó de la causa el viernes.
La trama que envuelve al crimen de Domínguez se oscureció en los últimos días
con un planteo del abogado Bernardo Herrera, quien denunció que un policía en actividad y otro
retirado amenazaron a una testigo clave para introducir pruebas falsas en la causa e incriminar a
un inocente.
Los policías habían sido asignados a la investigación por el juez del caso,
Gustavo Herrera, quien tras recibir la denuncia el viernes se apartó de la causa por violencia
moral. La causa quedó momentáneamente en manos de Juan Jorge, el juez que investiga el fraude. En
el escrito, el abogado denunció que los dos policías armaron el testimonio de la comerciante Elsa
Saavedra para que implicara a un vecino.
"Fue llevada a declarar al juzgado en horas de la noche para decir que en su
quiosco, mientras le sacaba fotocopias de sellados a un hombre que vive a 20 metros de su casa, le
escuchó decir qué él había matado a Domínguez y que dos hombres detenidos por la estafa debían
pagarle", explicó a LaCapital el abogado Herrera.
Domínguez, un tucumano de 51 años radicado desde hace 30 en Santiago del Estero,
trabajaba en la oficina de Sellados y Timbrados de la dirección provincial de Rentas. En abril
atendió la queja de un cliente por un timbrado falso en un formulario automotor y lo reportó a sus
superiores. Comenzó una investigación y se descubrió que empleados aplicaban sellos falsos a
contratos y documentos en una suerte de oficina paralela, por lo que la provincia dejó de percibir
más de 4 millones de pesos en tributos. El juez Juan Jorge abrió una causa por la estafa en la que
doce personas fueron imputadas y cuatro permanecen detenidas.
En los baños de Rentas aparecieron amenazas y un mes más tarde, el 13 de mayo,
Domínguez desapareció cuando iba a una zapatería donde trabajaba de tarde. Dos semanas después, el
27 de mayo, apareció su cuerpo mutilado cerca de su casa del humilde barrio El Vinalar, donde vivía
con su esposa y dos hijos. La policía tardó más de un mes en identificar el cuerpo y aún no se sabe
cómo lo mataron. Se determinó que la fecha de la muerte fue el 19 de mayo, de lo que sus familiares
deducen que estuvo secuestrado antes de ser ejecutado. No hay acusados por el crimen.
"Plantaron pruebas".El abogado Herrera denunció que el cabo Juan Ybarra y el
policía retirado Raúl Reyes González "plantaron pruebas para que algún perejil pague un crimen que
no ha cometido". Planteó que amenazaron a la testigo Elsa Saavedra para que declarara contra su
vecino Juan Carlos Sosa, quien no está implicado en la causa. Para Herrera, la maniobra procuraba
obtener impunidad en la megaestafa a Rentas.
Saavedra prestó declaración hace dos meses, tras ser conducida de noche al
tribunal. Dijo haber escuchado en su negocio que Sosa decía: "Yo ya cumplí con hacer desaparecer al
buchón de Domínguez. Ahora Carabajal y Leguizamón deben poner la plata". Carabajal y Leguizamón son
dos empleados de Rentas detenidos por la estafa. "Me pareció sospechoso. Por eso recorrí el barrio
de esta mujer, que vive a cien metros de la casa de Domínguez, y pude saber que había sido
coercionada", dijo Herrera. Contactó a la mujer y, en conversaciones grabadas que están en poder de
la Justicia santiagueña, la mujer le confirmó que había sido coercionada y amenazada por el policía
Ybarra a declarar contra Sosa.
Según la denuncia, la testigo fue víctima de una "coacción permanente" para
mantener esa mentira e incluso Ybarra le manifestó a la mujer que había "arreglado todo" con el
juez para que le den dinero o un subsidio de la provincia.
El abogado le recomendó a la testigo que grabara esas intimidaciones y la mujer
accedió. Mediante una cámara oculta instalada en su casa filmó a Ybarra cuando le anunciaba que la
llevarían a ratificar su testimonio otra vez de noche y que el propio juez le iba a dar 4 mil pesos
para que se mantuviera en sus dichos. "Si no los voy a tener que poner yo de mi bolsillo", se le
escucha decir en el video, donde el policía le indica cómo responder las preguntas.
"Querían que la mujer ratificara sus dichos y someterla a un careo con Sosa,
quien se presentó en el juzgado espontáneamente, para dejar pegado a un inocente", opinó Herrera.
El abogado solicitó la detención de los dos policías (que siguen en funciones) e informes de las
llamadas entre los policías y Elsa, a quien le asignaron custodia.
Para Herrera, esta maniobra revela que "no se quiere destapar hasta dónde llega
la estafa a Rentas ni quiénes se beneficiaban. El grueso del fraude proviene de licitaciones,
concursos de obras públicas y contratos de transporte. En un sistema corrupto, donde es evidente
que la seguridad, los bienes y la libertad de las personas están en peligro, pretendieron cerrar el
caso con un inocente".
Hace ocho meses denunció maniobras millonarias en la oficina de Rentas. Apareció
mutilado
Para proteger a los culpables amenazan a testigos e implicaron a una inocente.
Un video lo dejaría probado
