Para Daniel Erbetta, titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se deben acelerar los tiempos en las causas en las que están involucrados funcionarios públicos. Así se puso en sintonía con el gobernador Miguel Lifschitz, quien en declaraciones a la prensa pidió celeridad en las investigaciones sobre corrupción policial. "Comparto este concepto. Se deben apurar los tiempos, y si bien a partir del nuevo sistema penal que rige en la provincia desde 2014 la estrategia de persecución penal quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y de los fiscales sin ingerencia de los jueces, las causas que quedaron en el sistema conclusional también deben avanzar lo más rápido posible".
En ese sentido Erbetta hizo la salvedad de que los magistrados "deben tomar las medidas que consideren pertinentes para priorizar causas", y abundó en que "el tema de la corrupción de todo tipo no se resuelve con la ley penal solamente, sino con una ingeniería institucional, con controles preventivos de parte del Estado que profundice los mecanismos de control interno, porque si no hay controles se pasa a la arbitrariedad y de allí a la corrupción".
En los casos específicos en los que se juzgan hechos de corrupción policial o en los de cualquier funcionario público que haya cometido delitos, Erbetta fue contundente: "Deben merecer un juicio mucho mas ajustado. No se puede hacer un juicio de valor general, pero en funcionarios públicos que llegan a una instancia judicial la sospecha es sobre gente que tiene como prioridad hacer cumplir la ley, sobre todo en efectivos policiales que están violando la función para la que fueron designados por la sociedad".
"Lo que no es bueno es que la sociedad se quede sin respuestas. El impacto de la Justicia penal en reducir el delito no ha sido exitoso en Argentina ni en otros países, pero sí deben verse los resultados en reducir la impunidad sobre quien comete delitos", sentenció.
"Me permito hacer una autocrítica, hay que tener la suficiente sensibilidad como para advertir que hay situaciones como éstas donde el tiempo hay que aprovecharlo y usarlo rápidamente. No solo por el interés que hay en la sociedad para el funcionamiento del Estado de derecho, sino por los propios involucrados", apuntó Erbetta.
Y por eso, para el titular de la Corte tanto los jueces como los fiscales deben tener "cierta prioridad o criterio de oportunidad" para agilizar las causas, y respecto a las más recientes, recordó que "son los fiscales del Ministerio Público de la Acusación quienes llevan adelante la investigación y, como dijo el gobernador, hay que avanzar lo más rápido que se pueda".
Los roles de la asociación
En cuanto a la causa que llevó tras las rejas al ex jefe de la policía santafesina Rafael Grau, imputado por asociación ilícita y defraudación a la administración pública con el pago de reparaciones y cambio de repuestos a móviles policiales que se facturaban pero no se realizaban, el fiscal santafesino Roberto Apullán explicó ayer que "la asociación ilícita no hubiera sido posible sin el conocimiento del jefe de policía y el cumplimiento de distintos roles por parte de los otros (7) involucrados".
En ese marco, Apullán dijo que dos de los detenidos fueron imputados como jefes: "un policía (Ariel Hernán Villanueva, que ocupaba el cargo de habilitado de la fuerza) y un civil (distribuidor de repuestos)". La acusación colocó además entre los organizadores al retirado Grau; al ex jefe del Departamento Logística (D4), José María Leiva; y a una mujer. Y los restantes civiles, mecánicos, como miembros de la organización. "Entiendo que los ocho imputados en este momento de la investigación tuvieron una directa intervención en la asociación ilícita que perpetró una estafa cercana a los 97 mil pesos en 16 hechos" registrados entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, indicó Apullán.
Acusados
El miércoles el fiscal acusó al habilitado de la policía, Ariel Villanueva, de 42 años, y al distribuidor de repuestos Facundo José T., de 40, como jefes de la asociación ilícita. En una segunda línea, sindicó como organizadores al retirado Grau, de 54 años; a Leiva, el ex jefe del neurálgico D4, de 50 años; y a la civil Noelía B., de 39 años. Y como miembros de la organización fueron imputados los civiles Artemio B., de 41 años; Andrés S., de 39; y Rodrigo R., de 28. Los ocho se negaron a declarar.
Entre los acusados Facundo José T. y los hermanos Artemio y Noelia B. tienen lazos de parentesco. Los dos hombres inscribieron en el Registro Público de Comercio, en febrero de 2016, una SRL que tenía por objeto "la venta al por menor de partes" de repuestos e insumos nacionales e importados en un local de barrio Tablada de Rosario.
La denuncia que llevó al banquillo de los acusados a los ocho imputados fue presentada por el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro el 4 de mayo de 2016 tras recibir en su despacho un sobre con una denuncia anónima. En el sobre se aportaban facturas de al menos dos talleres mecánicos por reparaciones realizadas a móviles policiales.
Sobre fines de mayo el fiscal Apullán ordenó una serie de allanamientos, entre ellos del D4, donde se secuestraron una serie de vehículos que al ser peritados por mecánicos de Gendarmería se detectó que no habían sido reparados a pesar de que habían sido presentados como arreglados. La factura que le acercaron a Pullaro era de uno de esos vehículos.
presidente. Daniel Erbetta, titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pidió celeridad en las causas.
