"Vamos a estar en el juicio para marcar nuestro reclamo de justicia. Si Martín Santoro es culpable que lo condenen y si es inocente que lo liberen. Pero que nos digan quién mató a las dos vecinas", dijo el ex juez de Instrucción Jorge Eldo Juárez, uno de los referentes de los vecinos del barrio Parque donde vivían Concepción Lavore y Susana García, dos mujeres asesinadas por cuyos crímenes será juzgado el verdulero. El juicio oral se realizará a partir del 26 de noviembre ante un tribunal oral conformado por María Isabel Mas Varela, Juan José Tutau y Roxana Bernardelli. Santoro llegará acusado del delito más grave del Código Penal: homicidio críminis causa, es decir el que se comete para asegurar y encubrir un ilícito previo, en este caso el de robo.
Santoro fue detenido el 5 de junio de 2010 cuando salía de su casa de Villa Gobernador Gálvez. En la vivienda se hallaron elementos de las víctimas que comprometieron seriamente su situación. Un mes más tarde fue procesado por la jueza María Luisa Pérez Vara como autor de tres homicidios: además de los de Lavore y García en barrio Parque, el de José Savini en Zavalla.
Controversia. El proceso penal fue controvertido desde el inicio. En julio de 2010 los abogados de dos de los imputados recusaron a Pérez Vara por considerar "vulnerado el principio de igualdad ante la ley" a raíz de la negativa a excarcelar a sus representados. Pero la Sala 2 de la Cámara Penal resolvió que la jueza debía seguir al frente de la causa.
Finalmente, la Corte Suprema provincial rechazó el planteo de los letrados, ya que apartar a la jueza podía derivar en la nulidad de las actuaciones y tener incidencia directa en la situación procesal de los imputados.
—Juárez, ¿qué valoración hace del proceso penal como ex juez y ciudadano?
—Creo que cuantitativamente ya está todo dicho. La instrucción duró 28 meses y la instrucción suplementaria un año.
Juárez ponderó que el tiempo transcurrido de la etapa instructoria fue excesivo ya que no se puede extender más de ocho meses cuando hay detenidos. Y objetó la pesquisa desde su inicio. "Planteamos varias propuestas probatorias a través de la fiscalía y no obtuvimos una respuesta en tiempo y en calidad tendiente a ampliar el espectro de la investigación. Por ejemplo, pedimos un entrecruzamiento de llamadas telefónicas que, creo, recién ahora están analizando el resultado de la pericia. El juicio oral es una etapa donde también se pueden producir evidencias, pero a lo mejor alguna prueba que pudo hacerse dos o tres años atrás", aseguró.
Hermanos. Durante la pesquisa fueron detenidos los tres hermanos menores de Santoro. Federico y Cristian pasaron 48 días presos hasta que el 8 de abril pasado fueron sobreseídos. En tanto Gustavo fue detenido en octubre de 2011, liberado 45 días después y en agosto de 2012 la Cámara Penal ratificó su falta de mérito.
Para los vecinos de barrio Parque, los hermanos de Santoro debieron haber sabido sobre el accionar criminal de Martín. "Nosotros pensamos que no fue profunda la investigación. Tal vez con la búsqueda de pruebas a tiempo (los Santoro) hubiesen sido sobreseídos, pero se los sobreseyó por el transcurso del tiempo y sin elementos para dictar o sostener un procesamiento", dijo Juárez.
Sobreseídos. En su primera indagatoria Martín Santoro negó vinculación con los crímenes pero admitió cierta participación en la venta de las pertenencias de las víctimas e identificó los lugares donde se reducían los objetos robados. A partir de esa declaración se detuvo a José Marotto, Carlos Colombini y Matías Massoni, quienes llegaron a ser procesados por encubrimiento de homicidio agravado en un fallo que luego ratificó la Cámara Penal.
Pero el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini desistió de acusarlos en un juicio oral por falta de pruebas y también fueron sobreseídos. También fueron sobreseídos Víctor Vargas y Pablo Rojas, señalados por Martín Santoro como cómplices de sus actividades delictivas. Vargas era entonces un policía en disponibilidad y Rojas estuvo acusado de integrar una banda que robaba en fincas rurales.
También fueron desvinculadas Natalia Luchetti, ex empleada de la verdulería de los Santoro, y a Alicia Pierpaoli, una vecina del barrio, a quienes se investigó por su amistad con los Santoro y que sin tener nada que ver con los hechos pasó 42 días detenida.
—¿Cómo evalúa que Pérez Vara haya seguido a cargo de la causa pese a haber sido recusada?
— Nosotros le pedimos a la Cámara Penal que nos permitiera estar presentes porque teóricamente las recusaciones ahora se deciden en una audiencia, pero la Cámara lo resolvió sin debate. El entonces procurador (por Agustín Bassó) pidió el apartamiento de la jueza, pero los ministros de la Corte estimaron que no había elementos para separarla. Considero que tenían miedo de que si la separaban la defensa pidiera la nulidad de algunos actos procesales y hubiesen tenido que dejarlo en libertad a Santoro por el transcurso del tiempo sin que haya una prisión preventiva válida.
Discusión no saldada. El apartamiento de la magistrada también había sido requerido por el querellante que representa a familiares de Susana García de Giménez, asesinada en su vivienda de Riobamba 3036 el 27 de mayo pasado. El querellante Luciano Botello planteó entonces que la existencia de dos denuncias contra el juzgado conspiraba "contra la averiguación de la verdad real y la transparencia". Se refería a la denuncia por supuesta corrupción radicada por Franichevich y a otra por arbitrariedad y desigualdad que habían radicado Ruiz y Ferrara —los abogados de Marotto y Massoni— al denegarse la excarcelación a sus clientes. Pleito pero que se volvió abstracto cuando ambos obtuvieron la libertad.
A su vez, en el marco de la causa, el fiscal Franichevic denunció penalmente que en el juzgado de Instrucción Nº5 se omitieron del expediente dos escritos en los que él se había manifestado a favor de la libertad de Marotto y Massoni.
Las tres víctimas de la secuencia
Los hechos por los que será juzgado Martín Santoro son los crímenes de Concepción Lavore, asfixiada en su casa de Suipacha 2124 el 19 de febrero del 2010; de Susana García de Giménez, asesinada en su vivienda de Riobamba 3036 el 27 de mayo, y del jubilado José Savini, a quien mataron en su propiedad de Zavalla el 13 de marzo del 2010. Cuando el verdulero acusado fue detenido en su casa se encontraron objetos de dos de las víctimas: un teléfono celular, una cremas importadas y un perfume Givenchy pertenecientes a García, y un acordeón de Savini.
