Para el abogado penalista rosarino Paul Krupnik "la lucha contra el narcotráfico está perdida". Y lo dice sabiendo que muchos de sus clientes están vinculados al negocio de la venta de drogas en la ciudad y la región. Pero no se queda en la denuncia fácil, sino que echando mano a datos que reflejan la importancia de este negocio a nivel mundial, propone de una vez por todas "asumir el tema como un problema de salud pública" y propone "ordenar el consumo de estupefacientes desde el Estado". Es Abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Magister en Derecho Procesal. Vinculado a importantes causas penales de trascendencia mediática como la de Los Monos, en la que asumió la representación legal del policía Sergio Blanche; o la del atentado a la casa de Antonio Bonfatti, donde defiende al agente Pablo Espíndola.
—¿Por qué se perdió la guerra contra las drogas?
— Se perdió hace mucho y no existe la mínima chance de revertir el resultado. Se perdió porque no existe negocio en el mundo donde los márgenes de ganancia económica sean tan estrepitosamente altos.
— ¿Hay números de ese negocio?
—Entre Colombia, Bolivia y Perú producen anualmente mil toneladas de cocaína. De ese total, 150 toneladas son decomisadas en los países productores y 850 toneladas salen al mundo. Estados Unidos, el principal consumidor mundial, recibe 450 toneladas, Europa 250 y las 150 restantes se dividen en el mundo. El kilo de cocaína pura un productor lo vende a 700 dólares pero ese mismo kilo en Nueva York sale 30 mil dólares. Y eso sin calcular que en el mercado estadounidense la droga se estira para obtener cuatro kilos de cada uno para destinar al menudeo, con lo cual el precio final en las grandes ciudades es de 120 mil dólares el kilo.
— ¿Pero Estados Unidos se define como el gran luchador contra el narcotráfico?
— Se estima que la DEA, creada en 1973 por Richard Nixon, logra secuestrar sólo un 10 o 15 por ciento de la droga que ingresa a su territorio y sin embargo tienen 21 divisiones de campo, 227 oficinas en los Estados Unidos, 86 oficinas extranjeras en 62 países, un presupuesto de 3 mil millones de dólares y cuenta con 10 mil empleados de los cuales 6 mil son agentes especiales. Además tiene una flota aérea de cien aviones y 130 pilotos en Texas. Así y todo, en 2014 la DEA sólo decomisó 33.370 kilos de cocaína. Es decir nada.
— ¿Esa lucha fracasa porque hay una gran demanda?
— Así es. La lucha contra el narcotráfico es un perro mordiéndose la cola. Existe un mercado de venta de estupefacientes porque existe un mercado de compra que lo sostiene. Existe oferta porque hay demanda. Las razones o motivos por los cuales una cierta cantidad de gente consume exceden largamente los lineamientos de esta entrevista, pero en la historia existen referencias a la utilización de drogas muchos centurias antes de Cristo. El opio fue utilizado en la antigua Babilonia y Egipto. Luego en China. La cocaína lleva miles de año utilizándose como hoja medicinal y desde comienzos del siglo XX en su forma pura en tónicos y elixires para tratar ciertas dolencias. El cáñamo fue utilizado en la India 4000 años antes de Cristo y fue esencial en la meditación de ceremonias budistas.
— Y con esa historia, ¿por qué los Estados apuntan a eliminar el consumo de drogas?
— Es lo que hay que analizar. El por qué un Estado tiene interés en que sus habitantes no consuman ciertas drogas prohibiendo su venta y comercialización y amenazando con duras penas a quienes participen de ese circuito. Toda norma que prohíbe determinada conducta y la sanciona tiene como contracara lo que en el derecho se conoce como bien jurídico tutelado. Es decir la norma prohíbe porque se tiende a tutelar un determinado bien de significación jurídica. Así se reprime el homicidio porque se tutela la vida, el robo porque se protege la propiedad privada y en la comercialización de drogas ese bien es la "salud pública". Es decir, en apariencia el Estado vela por la salud y bienestar de sus ciudadanos y les prohíbe ingerir determinadas sustancias dañosas. Pero la primera fisura que presenta este planteo es el criterio de selección. El cigarrillo que se compra en cualquier kiosco se lleva según la Organización Munidal de la Salud 5 millones de vidas al año. Es el responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. Además, solo en 2012, unas 3,3 millones de personas fallecieron por una enfermedad, lesión o accidente relacionado con el consumo excesivo de alcohol. En el mismo periodo, según la ONU, el sida causó 1,6 millones de muertes. En el caso del tabaco y el alcohol la cuestión se resuelve con una etiqueta que anuncia el peligro del consumo y una foto de alguien afectado al borde de la muerte. Y ahí finaliza la preocupación del Estado. Claro está que el Estado recibe grandes sumas de dinero en concepto de impuestos que en el caso de cigarrillos y alcohol son altos. O sea que podríamos decir que al Estado sólo le preocupa la salud pública de quienes fuman marihuana o aspiran cocaína y no la de los fumadores y bebedores que mueren de a miles. A poco de repasar esto se advierte la fragilidad del argumento de la salud pública como validante de la prohibición. Lo mismo sucede cuando se advierte que el Estado predispone una batería de recursos para solventar fuerzas de seguridad antinarcóticos, jueces federales y cárceles para ocuparse de la salud pública pero no existen clínicas de rehabilitación y tratamiento estatales serios para desintoxicar consumidores. El mismo Estado que dice estar preocupado por la salud pública no predispone más que mecanismos represivos y no se ocupa de prevención y tratamiento.
— ¿Entonces hay que prohibir el cigarrillo y el alcohol?
— No. No pretendo la prohibición del alcohol o el cigarrillo, pero si su regulación y legislación. De la misma forma que lo pretendo con las drogas. No creo en la figura del Estado tutor porque creo en la libertad infinita de cada cual en autodeterminarse, en el libre albedrío, en vivir y morir a piacere con el único e infranqueable límite del otro, del respeto al semejante. De la misma forma en que existen lugares, horarios y límites en los cuales se puede beber o fumar sin perjudicar a terceros que desean no hacerlo, lo propongo respecto al consumo de sustancias estupefacientes.
— Es decir que propone la legalización de los estupefacientes.
— La única guerra o combate sincero y honesto que se puede hacer contra las drogas es su legalización y su estricta regulación. El Estado debe monopolizar todas las etapas: fabricación, manufacturación y distribución de los estupefacientes. La droga, y no sólo la marihuana, como algunas posturas tibias y políticamente correctas pretenden, deben venderse en farmacias o en lugares predispuestos a tales fines.
— ¿Y que se ganaría con eso?
— La situación así planteada erradicaría definitivamente al narco ya que el producto vendido sería de una calidad y precio contra lo cual ninguna iniciativa ilegal podría competir. De la misma forma que nadie prefiere una botella de vino hecho en el fondo de una casa por sobre una botella de un viñedo reconocido, ningún consumidor de cocaína preferíria una sustancia elaborada en un laboratorio clandestino con sustancias químicas riesgosas por sobre la que ofrecería el Estado con control de un organismo creado a tal fin. En tal tesitura además el consumidor dejaría de verse obligado a concurrir a bunkers y tratar con dealer poniendo en peligro su integridad.
— ¿Esta regulación permitiría también controlar al consumidor?
— La venta de drogas a mayores de edad adecuadamente identificados posibilitaría un relevamiento serio y estadístico (inexistinte hoy) de cuántos consumidores existen, en que rango etario, de que clase social. Y eso podría definir políticas de prevención concretas y efectivas y un abordaje serio de los tratamientos en centros de salud o granjas creadas a tales fines. Y así, todo el dinero que el Estado coloca en una lucha perdida pasaría a terapias de prevención y tratamiento visibilizando un problema grave de salud.
— ¿Y con la monopolización del Estado se terminaría la violencia?
— Creo que desaparecría automáticamente la violencia que acarrea la disputa territorial entre grupos antagónicos por el manejo del negocio. Al extinguirse las cocinas se extingue el paco, sustancia increíblemente dañina que acarrea la muerte en jóvenes de escasos recursos.
— ¿No tiene miedo que digan que su discurso es apologético del consumo de drogas?
— No, para nada. Debe quedar claro que la utilización de las drogas deteriora gravemente la salud y acarrea la rotura de vínculos sociales, sentimentales, laborales y en muchos casos la muerte. Sólo pretendo un abordaje diferente al de la persecución policial y penal para bajar los índices de consumo desde la concientización en forma real y concreta.
