El modelo de enjuiciamiento de delitos de Chile es saludado por organismos penales
internacionales como el más avanzado de América Latina. Su puesta en marcha fue resultado de un
acuerdo nacional: una agrupación de académicos formados en derecho penal y un sector político que
terminó avalado por todas las fuerzas del Congreso. De allí surgió una política de Estado, no de
partidos, que va dando frutos: hoy en Chile nadie cuestiona que edificaron una Justicia más eficaz
y rápida que hace diez años. Esto se basa en un sistema que da la facultad de investigar y juzgar a
órganos distintos. Y que desarrolló órganos específicos que tratan con más respeto, y eficiencia, a
víctimas y acusados de delitos.
En Santa Fe, que se inspira en ese modelo, actualmente existe un proceso
político que se asemeja al que hace doce años, del otro lado de los Andes, permitió imponer aquel
sistema de juicio de delitos. Hay un grupo de académicos que ingresaron al gobierno socialista, sin
ser de ese origen político, que representan la misma escuela. También una generación intermedia de
jueces que se formaron con el ministro de Justicia, Héctor Superti, o compartieron claustros con
él, lo que implica aval a la renovación dentro del Poder Judicial. Y existe, por último, una
coyuntura que conlleva al cambio con consenso: el PJ provincial en la oposición es el partido que
votó en 2007 la modificación del procedimiento hacia el juicio oral y público.
Allá y acá. Hubo otro actor protagónico del cambio en Chile: los medios de comunicación, que
advirtieron el rol pedagógico que debían cumplir en el relevo de un sistema judicial agotado por
uno nuevo que entraría a funcionar no sin complicaciones. En el país vecino la reforma se empezó a
discutir en 1997, la sancionó el Congreso por unanimidad en 1999 y desde 2000 empezó a regir
progresivamente. Aquí se aprobó en 2007 y está en un lento proceso de implementación.
Legisladores, jueces y funcionarios santafesinos que visitaron Santiago
hace diez días experimentaron un pasaje instructivo de lo que fue el tránsito hacia la renovación
penal en la charla de uno de sus protagonistas: el ex viceministro de Justicia de Chile Jaime
Arellano, que ejerció entre 2000 y 2006, los seis años del mandato del ex presidente Ricardo Lagos.
En parte, esto les dijo:
+ Cada país adapta la reforma a su realidad cultural, presupuestaria y
política. Pero es importantísimo generar consenso social y una mayoría política que pueda impulsar
la reforma a nivel legislativo. Y luego hacer que todos los actores de la reforma se sientan
responsables de su éxito. Aquí en Chile hubo cuatro sostenes: poder político, grupos académicos,
medios de comunicación y grupos civiles. Lo que es fundamental es evitar el efecto polizón: todos
están en el momento de cortar las cintas pero hay que evitar que desaparezcan al primer problema.
+ ¿Cómo obtener esto último? Con un seguimiento crítico que impida la
huida. Aquí se hizo con una comisión de coordinación donde estaban ministro de Justicia, fiscal
general, defensor general, presidente de la Corte, todos sentados a la mesa para ver cómo se
preparaba la reforma, cómo se implementaba, qué correcciones hacer. Esto fue una política de
Estado. En el momento que algo falla en lo nuevo se precisan actores que recuerden que lo que
estaba antes no daba respuesta y era peor. Y aquí la prensa —frente a funcionarios que
armados de paciencia explicaban, educaban y recomendaban cómo actuar— es fundamental.
+ Hoy la policía sabe que tiene un standard superior de investigación.
No sólo tiene que informar por escrito sino también sostener en una audiencia lo que ha dicho con
pruebas y justificar la legalidad de todo el proceso de detención. En esta nueva función surgen
roces entre los fiscales y policías que investigan en forma asociada. Es lo normal. Fue bueno tener
a la policía sentada a la mesa, no como igual a los poderes del Estado, pero sí como invitada
permanente a decir, con mucha calidez, cómo veía las cosas y qué aportes podía hacer.
+ Fue crucial en Chile para imponer el nuevo sistema la alianza con los
medios de comunicación. Se dio algo muy poco común: a raíz del secuestro del hijo de uno de los
dueños, el diario El Mercurio —encabeza una cadena de noticias muy conservadora que estuvo
contra todos los gobiernos reformistas— entendió que había un gran problema de Justicia a
transformar. Y actuó con compromiso.
+ Humildemente aconsejo: tengan por un lado apego a los principios y
objetivos últimos de la reforma y por otro lado flexibilidad en la implementación. Es preferible no
apurarse a hacer las cosas mal. En Santiago postergar dos veces la entrada en vigencia del nuevo
sistema nos permitió evitar tropiezos mayores.
+ Hay que saber que habrá resistencia al cambio de sistema. Y cuando
aparezca recordar que, desde distintos lugares, en el pasado todos lo querían: ciudadanos que
pedían que se acabe con la impunidad, con la indefensión de las víctimas, con la arbitrariedad
contra los acusados, que se garantizaran los derechos humanos, que se evitara el despilfarro de un
sistema caro e ineficaz. Hay que saber compartir victorias pero también derrotas: si la policía
falla no es problema de ella sino de todos. Eso se logra cuando en una mesa están sentados todos y
se sienten corresponsables.
