El gobierno ofreció una recompensa para quien aporte datos sobre balaceras

La investigación por las balaceras que tuvieron como blanco el Centro de Justicia Penal (CJP), la Fiscalía Regional y casas y departamentos donde alguna vez vivieron funcionarios judiciales que tuvieron contacto con la causa de Los Monos, suma nuevas estrategias. Ayer desde el gobierno provincial anunciaron una recompensa de dos millones de pesos para quien aporte datos para identificar a autores materiales e intelectuales de los atentados.

En tanto, ayer fueron liberados casi todos los detenidos esta semana luego de la balacera del martes a la madrugada contra la fiscalía Regional de Montevideo al 1900. Salvo uno, apresado momentos después al volante de un Renault 9 desde el que se habrían realizado los disparos y que será imputado hoy, todos los otros recuperaron la libertad según confirmaron fuentes judiciales.

Por su parte, cinco de esos detenidos que fueron liberados ayer también alcanzaron a ser imputados por dos armas secuestradas en su poder. No obstante, no fueron vinculados con ninguna de las 13 balaceras registradas entre el 29 de mayo y el martes pasado.

Oferta

Ayer a la mañana el secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, hizo el anuncio: "El gobernador tomó la decisión de hacer una oferta de recompensa por la suma de dos millones de pesos para todas las personas que sean testigos de los atentados, tanto de los autores materiales como intelectuales".

"Esto se enmarca —explicó el funcionario— en la ley de protección de víctimas y testigos, que a lo largo de todo el proceso penal reserva la identidad de todas las personas que aporten datos. Esa información no se va a dar a conocer ni antes, ni durante, ni después del proceso".

El objetivo del gobierno santafesino, con este incentivo económico para las personas que cuenten con datos que sirvan para orientar la investigación, "es hallar un hilo conductor" entre todos los atentados que se registraron entre el 29 de mayo pasado, cuando fueron baleados una casa y un departamento en donde había vivido el juez Ismael Manfrín y los otros once ataques a tiros, entre ellos balaceras contra el edificio del CJP de Sarmiento y Rueda, y el de la Fiscalía Regional de Montevideo al 1900.

El común denominador que tuvieron los otros 11 ataques es que estuvieron dirigidos a lugares donde alguna vez vivieron funcionarios judiciales y policiales que investigaron a la banda de Los Monos. Por eso la principal línea investigativa apunta a esa organización criminal y pone en cabeza de Ariel Máximo "Guille" Cantero la autoría intelectual de los ataques, con el objetivo de amedrentar a la Justicia que ahora está en proceso de revisar la condena que le fue impuesta.

"Esta recompensa es también para ver si puede haber otro hilo conductor entre los ataques", detalló Figueroa Escauriza, y agregó que el dinero no es "exclusivamente para una sola persona, porque pueden ser varios datos que sirvan para llevar adelante la investigación". En ese sentido, agregó que los datos, que deben ser comprobables y verosímiles, serán procesados por el Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario se encargó de aclarar, ante el lanzamiento de esta nueva estrategia por parte del gobierno provincial para conseguir información a través de carriles distintos a los que venía transitando hasta ahora, que "la investigación viene siendo fructífera".

Imputaciones

Luego del ataque perpetrado el martes a la madrugada contra la Fiscalía Regional de Montevideo al 1900 se practicaron más de cuarenta allanamientos en los fueron detenidos en total 19 personas, tres de ellas menores de edad. Si bien ayer al mediodía se preveía que seis de los detenidos el primer día iban a ser imputados hoy por la balacera contra ese edificio, finalmente a última hora se confirmó que sólo será imputado José C., quien luego de una persecución policial con tiroteo incluido fue atrapado a bordo de un Renault 9 del que habrían partido los disparos.

Fuentes judiciales señalaron que por el momento José C. es el único de los detenidos que tendría vinculación con alguno de los ataques a edificios judiciales, en este caso con el de Montevideo al 1900, y agregaron que hay medidas en curso respecto de otras personas que hasta anoche no habían sido localizadas, por lo que no se descartaban más detenciones.

En ese marco, sólo cinco del total de detenidos fueron acusados de algún delito, aunque sin relación con el ataque a tiros contra la sede judicial. En primer lugar, cuatro miembros de la familia F. apresados en una vivienda de Ancasti al 3400 fueron imputadas ante el juez de primera instancia Luis María Caterina. Luego fue el turno de un policía, cuya audiencia se demoró porque no fue llevado a tiempo al CJP.

En la primera audiencia, Jonathan F., de 26 años; Alejandro F., de 40; Gabriel F., de 30, y Camila F., de (21) fueron imputados de "tenencia compartida de arma de fuego de uso civil", porque en la casa donde viven se secuestró un revolver calibre 32. El arma fue hallada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco de los 44 allanamientos que se realizaron entre martes y miércoles para intentar dar con los responsables de la balacera.

Los uniformados llegaron a esa casa —en realidad eran dos casas distintas con la misma numeración— porque una de las personas apresadas después del ataque a la Fiscalía dio esa dirección como el lugar donde estaba domiciliado. Sin embargo, allí sólo se secuestró el revolver y como no se pudo determinar a quién pertenecía se les endilgó la tenencia a todos. No se mencionaron delitos vinculados con alguna de las balaceras y todos recuperaron la libertad.

La segunda audiencia afectó al policía Julio L., de 50 años y apresado en su casa de pasaje 2121 al 3800. Allí también se secuestró —además de su arma reglamentaria y otra que tenía registrada a su nombre— un revólver calibre 32 sin papeles.

El policía adujo que había recibido el arma como una herencia de su padre. Los imputaron de "tenencia de arma de fuego" y también recuperó la libertad.