El gobierno provincial blanqueó sus sospechas sobre las “posibles” intenciones de Esteban Alvarado de asesinar al gobernador Maximiliano Pullaro y vengarse así de quien, como ministro de Seguridad, “dispuso y logró su detención” en 2019. La idea, de la cual no se expusieron más que conjeturas y suposiciones, fue formulada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, en una conferencia de prensa en la que puso nombres y apellidos a lo que dos días antes había expresado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, respecto de indicios sobre la planificación de “un crimen de alto impacto político” por parte de Mauricio Laferrara, el principal sicario del empresario narco detenido el viernes en Andino.
“Supongo que tanto Alvarado como Laferrara, además de querer mantener sus negocios ilícitos, tienen el objetivo de la venganza. Y el objetivo máximo de esa venganza seguramente sea el gobernador Pullaro. Esto es una suposición a partir de todo lo que significa el modo en que siempre se movieron estas personas. Los homicidios de Laferrara tuvieron que ver con venganzas y es una posibilidad que intentaran matar al gobernador”, afirmó Pereira el lunes a la mañana ante la consulta de la prensa sobre la detención de uno de los gatilleros más peligrosos de los últimos años, capturado ocho meses después de haberse fugado de la cárcel de Devoto.
Conjeturas
Acompañado por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad santafesino, Esteban Santantino, Pereira brindó en rueda de prensa detalles sobre la captura de “Mauri” Laferrara, también apodado “Caníbal”, quien se fugara en octubre pasado del penal federal porteño. Reveló que nunca hubo indicios que aseguraran que el tiratiros de 28 años y dos veces condenado a prisión perpetua por tres crímenes —e imputado de al menos otros tres— había salido del país. Por ende, desde la asunción de Pullaro en diciembre pasado su gobierno puso entre sus prioridades la búsqueda de Laferrara en la zona de Rosario.
Así, fue detectado en una casa de Andino —unos 50 kilómetros al norte de Rosario— donde habría estado en contacto con su familia. Si bien se hallaron armas y municiones en su poder, no hay todavía constancia de que ya hubiera vuelto a las andadas, aunque en el gobierno no tienen dudas de que tarde o temprano volvería a su actividad.
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En ese sentido, según publicara este diario el sábado último, Cococcioni se refirió a “rumores de que Caníbal estaba planeando un crimen de alto impacto político” del cual sólo podía “conjeturar porque de estos temas no suele haber evidencias concretas”.
A esos rumores y conjeturas, Pereira sumó ayer el nombre del gobernador como “posible” blanco de un ataque. “Apenas asumimos en diciembre, la recaptura de Laferrara comenzó a ser nuestro principal objetivo habida cuenta de su peligrosidad. Este hombre tiene en su haber seis homicidios y participación activa en varios hechos resonantes. Además, fue detenido en la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad de Santa Fe. Y uno de los objetivos de Alvarado, además de mantener sus negocios ilegales, es la venganza, seguramente, sin dudas”, sostuvo Pereira.
La afirmación suscitó un par de preguntas sobre la existencia de un plan criminal concreto que el funcionario negó conocer. “Supongo que tanto Alvarado como Laferrara, además de querer mantener sus negocios ilícitos, tienen el objetivo de la venganza. Y el objetivo máximo de esa venganza seguramente sea el gobernador Pullaro. Esto es una suposición a partir de todo lo que significa el modo en que siempre se movieron estas personas. Los homicidios de Laferrara tuvieron que ver con venganzas y es una posibilidad de que intentaran matar al gobernador y al ministro (de Seguridad, Pablo Cococcioni)”, afirmó remarcando la palabra “posibilidad”.
Ante la insistencia de la prensa para conocer pruebas que refrendaran esas suposiciones, como alguna escucha telefónica, el secretario de Seguridad mantuvo su línea de conjeturas. “Laferrara fue un sicario bastante eficiente en lo que tuvo que hacer durante años. Era la mano derecha de Alvarado. Estuvo detenido. Se fugó de la cárcel de Devoto, que no es de alta seguridad, en octubre de 2023, estuvo dos o tres días dentro del tacho de basura. Una persona que se escapa con todo este tipo de características tuvo que hacerlo con un objetivo muy importante”.
“A partir de esos elementos —continuó— y entendiendo la lógica de estos delincuentes, que cumplen prisión perpetua, que no tienen nada que perder, lo único que les queda es mantener sus negocios vivos fuera de la cárcel y la venganza. Y esa represalia podría estar dirigida a quien dispuso o logró su detención como el entonces ministro de Seguridad Pullaro”.
Personal
Más allá del umbral de los rumores, conjeturas e indicios, entre lo dicho y lo que se calla, las sospechas sobre un posible atentado contra el gobernador de Santa Fe se inserta en un contexto en el cual Pullaro aparece en el centro de un conflicto con ribetes hasta personales en torno a la seguridad pública.
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Apenas asumió, el mandatario cumplió su promesa de restringir las condiciones de detención de los denominados presos de “alto perfil” y el 13 de diciembre pasado se registraron las primeras balaceras con notas amenazantes contra él y su familia, firmadas por presuntos presos en represalia contra las medidas más estrictas en las cárceles contra los reclusos de alto perfil. Desde entonces se entabló un extraño y violento diálogo entre el Estado y un actor no especificado que se pretendió englobar bajo el rótulo genérico “narcocriminal” o "narcoterrorismo", en una movida retórica que contó con el apoyo tuitero de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Así, durante un tiempo se alternaron videos de inspiración bukeliana y guitarras metaleras para exhibir el nuevo modelo de rigor carcelario, los cuales eran respondidos con más ataques a tiros con amenazas. Una escalada de violencia que tuvo su punto máximo en los cuatro asesinatos a trabajadores de servicios nocturnos escogidos al azar durante la primera semana de marzo.
Ya entonces circulaba el nombre de Alvarado como ideólogo de la saga, pero las imputaciones solo llegaron hasta Alejandro “Chucky Monedita” Núñez y un grupo de desconocidos acusados de poner en manos de un adolescente inimputable la más terrible operación de intimidación pública sufrida por la ciudad. Tal vez hayan sido los mismos rumores o conjeturas que ahora llevan al gobierno a deslizar públicamente sus sospechas sobre un tema más que delicado cuya comunicación alumbra más interrogantes que certezas.
