El día que demoraron a un jefe policial santafesino

El del jueves pasado no fue el primer roce en procedimientos antidrogas entre la Justicia Federal de Reconquista y las fuerzas de seguridad apostadas en la provincia de Corrientes. El 21 de diciembre de 2016, 40 policías santafesinos de la ex Drogas Peligrosas, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Unidad de Trata de Personas quedaron envueltos en un escándalo mayúsculo de tintes políticos cuando la policía correntina desconoció una serie de órdenes de allanamientos ordenadas por el juez Aldo Alurralde que se debían llevar adelante en la localidad de Goya.

El propio gobernador correntino, Ricardo Colombi, se movilizó aquel día 200 kilómetros hasta el lugar donde se realizaban siete de los allanamientos, pidiendo a viva voz que dejaran salir a los testigos y desconociendo la orden de un juez federal. El mandatario consideraba el operativo una intromisión en su territorio.

El entonces jefe de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de Santa Fe, José Mario Moyano, y uno de sus subalternos fueron demorados por policías correntinos y sólo la intervención del ministro de Seguridad santafesino destrabó la situación.

Órdenes precisas

En tanto, el mes pasado un joven a disposición del juez Alurralde solicitó por medio de su abogado ser alojado en la Unidad Penitenciaria 8 de Goya. El detenido basó su pedido en razones de cercanía con su familia. El juez federal envió un oficio a la prisión para que las autoridades le informaran si disponían de cupo. El 6 de abril, en una nota firmada por Patricio Espinoza, alcaide de la citada cárcel respondió: "Esta dirección no tiene intención de colaborar con ese Juzgado Federal, tendiéndose presente que se cuenta con directivas precisas de la superioridad".