El asesinato de Marcos Guenchul, un entrenador baleado en la cabeza hace poco más de dos años luego de salir de su trabajo en un gimnasio de la zona oeste, será debatido en un juicio oral en el que los tres imputados afrontarán un pedido de prisión perpetua. Así lo requirieron los fiscales de Homicidios Adrián Spelta y Gisela Paolicelli quienes consideran a Maximiliano Rodrigo Panero, Caio Santiago Soso y Priscila Vanesa Denoya “coautores funcionales” de un plan urdido para terminar con la vida del preparador físico a raíz del conflicto que éste mantenía con su ex pareja, Denoya, con quien tenía una hija en común.
El pedido de los fiscales fue formulado el martes en la audiencia preliminar al juicio y la acusación fue admitida por la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera. Sin embargo el trámite no terminó ya que la magistrada dictó un cuarto intermedio hasta el viernes para que las partes puedan seguir con el ofrecimiento de las evidencias que presentarán en el juicio. En ese marco, también se prorrogó la prisión preventiva para Panero, a quienes acusan de haber gatillado contra Guenchul a cambio de dinero prometido por Soso y Denoya.
Detenidos
Guenchul fue asesinado minutos antes de las 22 del martes 23 de julio de 2019. El entrenador de 32 años había salido de su trabajo en el gimnasio Progress Fitness de Mendoza al 4900 y caminaba hacia la parada de un colectivo que pensaba tomar para ir a la casa de su novia. Sin embargo antes fue abordado por un hombre que a punta de pistola lo forzó a doblar por calle Sucre y caminar unos 30 metros antes de efectuarle dos disparos, uno mortal a la cabeza, sustraerle una mochila y escapar.
La hipótesis inicial del homicidio en ocasión de robo mutó a partir de las imágenes que habían sido captadas por cámaras de vigilancia de la zona. Así entró en escena un auto Peugeot 208 que había estado 40 minutos estacionado en una esquina hasta que Guenchul salió del gimnasio. De ese vehículo no sólo bajó el hombre que encañonó y terminó asesinando al entrenador sino que además pudo verse cómo el rodado iba avanzando a la par del homicida y su víctima mientras éstos caminaban por Sucre.
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Esa primera pista que aportó la presencia del auto condujo a Soso. El vehículo fue hallado en una cochera de los padres de este técnico en seguridad e higiene que fue detenido días después del crimen en el aeropuerto de Ezeiza a punto de tomar un vuelo con destino a Líbano. Una evidencia importante contra el hombre de 34 años fue que su celular se había activado en una antena cercana a la escena del crimen a la hora en que se cometió.
Tras dos meses detenido, Soso pidió declarar. Dijo que se cómplice había sido Panero, el ex maquinista vial de 40 años acusado como sicario. En esa ocasión Soso argumentó que no había intención de matar a Guenchul sino hablar con él “para que entendiera y no molestara más a Priscila”. Para entonces ya se sabía que la víctima y Denoya mantenían un conflicto por el régimen de visitas de Tiziana, la hija de entonces 3 años que tenían en común.
La mujer de 34 años también terminó involucrada cuando el fiscal consideró que, según las evidencia que había colectado, había actuado como instigadora. Con una hija de 27 días fruto de su relación con Soso, le dictaron prisión preventiva efectiva y quedó tras las rejas imputada como instigadora de un crimen triplemente calificado por el vínculo, la promesa remuneratoria y el concurso premeditado de dos o más personas. Desde entonces sigue en la cárcel, luego de que la Cámara Penal rechazara un pedido de prisión domiciliaria para que pudiera seguir cuidando a sus dos hijas.
"Consenso previo"
La acusación se estructuró en torno a un “homicidio triplemente calificado por el vínculo, precio y concurso premeditado de dos o más personas”. Esa figura se mantuvo pero en marzo pasado cambió el papel atribuido a los imputados. En principio Panero estaba acusado como autor de los disparos y Denoya como instigadora.
Pero los fiscales consideraron que, en verdad, los tres debían ser juzgados como “coautores funcionales” del mismo plan homicida y los reimputaron en virtud de la hipótesis de que el crimen fue resultado de una idea compartida por los tres acusados y llevada adelante en forma conjunta, más allá de los aportes individuales de cada uno.
Ayer la acusación postuló que una vez consumado el crimen, hacia las 23.30 de esa misma noche, Soso y Panero fueron hasta la casa de Denoya, ella subió al auto y junto con Soso fueron hasta la casa de Panero en Villa Gobernador Gálvez donde le hicieron entrega del dinero previamente pactado. Según la teoría del caso de los fiscales, Panero actuó a cambio de una remuneración y a partir de un “consenso previo" entre los implicados que cometieron el crimen como “unidad de acción”.
En esa casa de Villa Gobernador Gálvez, según plantean los fiscales, fueron captados los celulares de los imputados. Además una amiga de Panero había declarado que los tres se habían encontrado allí un par de veces.
Así, la acusación propuesta por los fiscales ubica a Soso, Denoya y Panero como coautores funcionales del delito de “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos personas más, perpetrado mediante el uso de arma de fuego, todo en concurso ideal”. En el caso del gatillero, se suma la imputación por haber portado ilegalmente el arma de fuego de guerra con la cual cometió el crimen.
"Total discrepancia"
El abogado defensor de Priscila Denoya manifestó ayer su total desacuerdo con la teoría del caso propuesta por los fiscales y los cargos que afronta su clienta. “Tengo total discrepancia con la acusación sobre los roles endilgados y las calificaciones penales atribuidas, pero considero que el ámbito adecuado para discutir todo esto será el juicio oral”, sostuvo Fausto Yrure al ser consultado por este diario.
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En ese sentido el defensor también cuestionó la medida cautelar dictada contra su clienta que permanece en la cárcel de mujeres desde diciembre de 2019. En abril de 2020 la jueza Valeria Pedrana rechazó un pedido de prisión domiciliaria para que pudiera cuidar de su hija mayor, medida ratificada en junio de 2020 por la camarista Carolina Hernández. “Mientras tanto —agregó Yrure— mi clienta está presa con su hija de 2 años, una criatura que no conoce la calle porque vivió toda su vida tras las rejas. Y el hecho de haber metido presa a Priscila no tiene sentido porque ella estaba enfrascada en un problema que se disputaba en un tribunal de familia y por ese carril tenía que seguir”.
