El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Carlos Stornelli, pidió que ocho personas vayan a juicio oral por su presunta participación en el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario Gastón Alfredo Tallone, ocurrido en julio de 2024 en el barrio porteño del Abasto, en un caso en el que los restos de la víctima no fueron hallados. En el legajo policial se encontraron conexiones con Alejandro “Rengo” Ficcadenti y Sergio “Bebe” Di Vanni, ambos vinculados al capo de la banda de Los Monos Ariel “Guille” Cantero. Las conexiones implicarían relaciones de logística y llamadas amenazantes al celular del hijo de la víctima.
Ficcadenti y Di Vanni se encuentran imputados y detenidos por las amenazas contra la familia de Ángel Di María, que según la acusación tuvo como objetivo evitar la llegada del jugador a Rosario Central y así ganar popularidad para asumir el mando de la hinchada y el control de las recaudaciones ilegales.
Según información oficial, el fiscal consideró que son ocho los imputados que deben ir a juicio: el abogado José Alberto Tomás Uriburu (presunto ideólogo del hecho), Gustavo Adolfo Juliá (con antecedentes conocidos por haber cumplido una condena de 13 años de prisión en España por el tráfico de 944 kilos de cocaína en la denominada causa “narcojet”) y otros seis hombres: Alejandro Nicolás Ficcadenti, Sergio Gabriel Di Vanni, Juan Mauricio Zabaleta, Cristian Mariano Gauna, Juan Carlos Miró y L.G.L (quien declaró como arrepentido).
Secuestro y homicidio
En declaraciones a la prensa Stornelli sostuvo que "Los ocho habían sido procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por actuar con la participación de tres o más personas y haber dado muerte intencional a la víctima, según el artículo 170 del Código Penal y que prevé la pena de prisión perpetua. Stornelli, quien ya dio por acreditado que Tallone sufrió “un destino trágico, como la muerte”, tras analizar los elementos recopilados en la pesquisa, entre ellos la declaración de un imputado que, como arrepentido, afirmó que Tallone, un oscuro empresario investigado por lavado narco, fue asesinado: “Uriburu se volvió loco y lo mató al empresario con una pala de cavar, y lo llevaron cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego”.
La investigación se inició el 11 de julio de 2024 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal federal Josefina Minatta. En el marco de otra causa, se detectaron escuchas telefónicas que daban cuenta del secuestro de Tallone, presuntamente ordenado por el abogado Uriburu. El sumario comenzó en esa jurisdicción, aunque luego, al corroborarse que el secuestro ocurrió en Capital Federal, recayó en la fiscalía federal porteña de Stornelli.
Según la imputación fiscal, el secuestro se inició el mediodía del 8 de julio de 2024, cuando los imputados Miró y Gauna., actuando bajo las órdenes del abogado Uriburu, trasladaron a Tallone desde la calle Anchorena al 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta un inmueble ubicado en la intersección de las calles Chaco y Libertad, de la localidad bonaerense de Benavídez, que funcionó como lugar de cautiverio. Para el traslado se utilizó un Volkswagen Gol aportado por Juliá, mientras que Uriburu escoltó la maniobra en su vehículo Audi Q3.
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Llamadas extorsivas
Una vez en la propiedad, perteneciente a la familia del abogado, los captores obligaron a Tallone a gestionar, a través de una persona de su confianza, el dinero para su liberación. Al referirse a un posible móvil, Stornelli mencionó en su requerimiento de elevación a juicio que “los elementos recolectados apuntan a que Tallone fue secuestrado en el marco de un conflicto con Uriburu, siendo posteriormente asesinado y su cuerpo ocultado mediante métodos extremos”. El pago del rescate, de al menos 65.000 dólares, se concretó aproximadamente a las 21.36 de ese mismo día en una estación de servicio Shell ubicada en la avenida Cabildo al 4700, en el barrio porteño de Núñez.
La fiscalía sostiene que, pese a haberse concretado ese pago, los captores asesinaron a Tallone e incluso, posteriormente, intentaron obtener más dinero enviando los siguientes mensajes extorsivos al hijo de la víctima. En tanto, Alejandro Nicolás Ficcadenti y Sergio Gabriel Di Vanni participaron según la investigación de forma "participación directa” en los mensajes extorsivos que recibía el hijo de la víctima luego del pago del rescate.
Amenazas a Di María
Ficcadenti y Di Vanni fueron imputados en septiembre de 2024 por las amenazas que recibió la familia Di María en marzo de ese año, un par de mensajes por los cuales en ese momento se terminó postergando la vuelta a Rosario Central del futbolista.
Ambos hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2024. El primero fue a la 1.30 cuando frente al country Miraflores de Funes donde viven los padres de Di María. Primero se escucharon disparos y cerca de la entrada al predio se encontró una nota que decía que el jugador no volviera a Rosario porque en ese caso iban a matar a familiares.
El segundo ocurrió sobre las 9 de ese día cuando la hermana del futbolista recibió una caja en su inmobiliaria de Santa Fe al 1700.En su interior había una cabeza de chancho con una bala incrustada y un mensaje escrito con amenazas. Por ambos hechos los barras fueron imputados como coautores de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.
Según la acusación Ficcadenti le encargó a Di Vanni que escribira las amenazas halladas en cada hecho. Por los tiros en el country de Funes ya habían sido imputados en abril Pablo Acotto y Sara Belén Gutiérrez.
Ficcadenti además está imputado como instigador del homicidio de Nelson "Chivo" Saravia, exlíder de la barra de Newell's asesinado a balazos en octubre de 2021.
