La denuncia presentada en agosto del año pasado por el entonces fiscal regional de la 3ª Circunscripción con asiento en Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, contra la fiscal coordinadora de los distritos del interior Natalia Benvenutto ante la “posible omisión de medidas investigativas” en una investigación sobre juego clandestino, fue desestimada por el fiscal Gonzalo Fernandez Bussy. En el texto de su dictamen, el funcionario dice que la fiscal “no ha dejado de promover la persecución y represión de delitos, sino todo lo contrario”. El texto fechado el 6 de abril analiza las pruebas recolectadas en la pesquisa y señala que lo realizado por Benvenutto “no puede ser calificado como típico de un delito, ni siquiera es una omisión que haya afectado la promoción y persecución de hechos delictuales”.
En ese sentido el abogado Gustavo Feldman, a cargo de la defensa de Benvenutto, sostuvo que “la resolucion del fiscal Fernandez Bussy desestimando la disparatada denuncia del entonces fiscal Sinópoli, que ligeramente hizo suya la Auditoría del Ministerio Público Fiscal (MPA) a cargo de María Cecilia Vranicich, viene a poner un poco de cordura al accionar de ese organismo santafesino”. Y agregó que el dictamen “termina con lo que nunca debió haber comenzado”.
Para Feldman, “el estrépito público no es una causal de incriminación y el accionar dentro de la ley nunca puede constituir un delito, ni siquiera una falta”. Por eso, dice, “sería bueno que algunos fiscales recuperen el equilibrio y dejen de funcionar mirando solo los diarios o las redes sociales a las que son tan afectos”.
La historia se remonta al 18 de agosto de 2020 cuando el fiscal Sinópoli advirtió a Vranicich sobre “la posible omisión de medidas investigativas” en las que Benvenuto podría haber incurrido en una investigación sobre juego clandestino desarrollada en 2018. En aquel momento la funcionaria comandaba una pesquisa que tenía como imputado a Roberto Peiti, el padre del empresario de juego clandestino que como “colaborador” declaró que durante dos años le pagó coimas al destituido ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y al suspendido fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, ambos presos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y transmisión de datos reservados en favor de una banda dedicada a la extorsión y el juego ilícito.
En aquella oportunidad Benvenuto llegó a un acuerdo con la defensa de la familia Peiti, a cargo de los abogados Luis y Angelo Rossini, y el expediente se cerró en un proceso abreviado y una pena de cumplimiento condicional, lo que en un primer momento parecía haber cerrado la historia judicial. Entonces se manifestó que el acuerdo que terminó con esa pena fue “resultado presunto de una presión” dado que la fiscal, según la denuncia, “habría dicho que de no cerrar el abreviado ordenaría abrir los registros de teléfonos de los imputados y así podría involucrar a otras personas”, incluso a Leonardo Peiti, en pesquisas en que se llevaban adelante en sedes judiciales de Venado Tuerto, Villa Constitución y Cañada de Gómez.
La auditora del MPA consideró que tal cosa podía implicar una omisión de investigación o del deber de denuncia de la funcionaria, lo que sería una falta disciplinaria grave por mal desempeño o posible delito. Así las cosas el legajo penal fue enviado a la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos complejos a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes en diciembre dijeron que los hechos investigados y sus derivaciones no se ajustaban a su competencia. Por lo tanto el expediente recaló en la Unidad de Violencia Institucional.
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En su dictamen, el fiscal Fernández Bussy recuerda que Sinópoli advirtió a la auditora del MPA en agosto de 2020 sobre un hecho ocurrido dos años antes, cuando mantuvo una conversación informal con Benvenutto. En ese diálogo, la funcionaria denunciada le manifestó sobre el acuerdo abreviado al que había llegado con la defensa de Roberto Peiti y por el cual se condenaba al hombre a tres años de prisión condicional, fallo que fue avalado por el juez Jesús Alberto Rizzardi. Pero también que la funcionaria le habría dicho a los acusados que aceptaran el abreviado porque “aún tenía en su poder los teléfonos celulares para peritar”, sin poder garantizarle las consecuencias que esas pericias podrían acarrearle.
Pero la presentación de Sinópoli no fue inocente ni extemporánea, sino que se hizo cuando la sede Rosario del MPA estallaba en pedazos tras las declaraciones como colaborador del empresario de juego clandestino Leonardo Andrés Peiti, hijo de Roberto, quien sostuvo que le pagaba unos 5 mil dólares por mes al fiscal regional Patricio Serjal y al adjunto Gustavo Ponce Asahad para que le brindaran protección en su negocio clandestino. Como es sabido, esa declaración terminó con la carrera de ambos funcionarios hoy presos.
Sinópoli también remarcó en su denuncia que tanto Benvenutto como el fiscal de Melincué Matías Merlo “tenían líneas investigativas en común contra la familia Peiti” y sostuvo que cuando en diciembre de 2018 se frustraron una serie de allanamientos en el sur provincial contra una supuesta red de juego clandestino “no tuvo en cuenta el diálogo mantenido” meses antes con la fiscal.
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En ese sentido, Fernández Bussy recuerda que cuando se comunicó a la Fiscalía Regional de Rosario “la existencia de presuntos hechos con apariencia de delito, los que podrían tener vinculación con no peritar los teléfonos celulares (de Roberto Peiti) secuestrados” estaba saliendo a la luz la pesquisa que terminó con las carreras de Serjal y Ponce Asahad, lo que alertó a Sinópoli, quien entendió que las conversaciones mantenidas con Benvenutto pordrían representar un hecho grave que debía ser informado. Y resalta en el dictamen audios que denunciante y denunciada mantuvieron con sus teléfonos oficiales en donde tratan “el tema de los expediente de faltas y los hechos que antes eran contravenciones pero que luego pasaron a ser delitos”, en referencia al juego clandestino.
Sobre ello, el fiscal dice que “el contexto de esos diálogos se vincula a las tratativas propias que se estaban llevando adelante y que luego se concretaron en distintos procedimientos abreviados y suspensiones de juicio a prueba dentro de la investigación sobre juego clandestino en la jurisdicción de Cañana de Gómez”. Y aclara: “Si bien es cierto que surge del audio que la fiscal Benvenutto expresa que faltaría peritar los celulares, también es cierto que ella misma dice que su investigación estaría al borde de la acusación y que cree que las defensas no quieren que lleguen a Leonardo Peiti, aclarando que ello es solo una conjetura de su parte”.
Así las cosas, el dictamen de desistimiento de la denuncia sostiene que “el extenso audio (entre Sinópoli y Benvenutto) no hace referencia ni indica omisión alguna por parte de la denunciada sobre cuestiones relativas a dejar de promover investigaciones en un todo de acuerdo con las funciones a su cargo. Es decir que no puede afirmarse, con total énfasis, que del audio se desprenda una omisión dolosa por la parte de la fiscal....sino que se advierte un relato respecto a la complejidada del caso”. A tal punto que ya en 2017 había tres investigaciones sobre juego clandestino, en jurisdicciones diferentes y a cargo de distintos fiscales que, según consta en el legajo, no “pudieron vincularse entre sí” más allá del parentesco entre las personas investigadas.
“En este punto _dice Fernández Bussy_ la autonomía funcional de un fiscal redunda en analizar los elementos con los que cuenta en una investigación penal y con ello determinar si esos elementos le permiten arribar a una condena; o también considerar otras vías más propicias para obtener una declaración de responsabilidad penal con la aplicación de una pena”. Y aclara que la fiscal “obtuvo una condena y procedió al decomiso de evidencia”. Además expresa que “el secuestro de los celulares y su cadena de custodia estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y no puede ser atribuido al funcionario la desaparición de los mismos”.
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En el epílogo de su dictamen, el fiscal Fernández Bussy remarca que “el anoticiamiento del hecho, acaecido años atrás, es lo que pone en tela de juicio la labor de la fical Benvenutto. Es decir, se presentó la incertidumbre respecto al accionar de la funcionaria vinculada a un audio en donde, presuntamente, dejaba entrever que no había realizado pericias a teléfonos celularas que tenía secuestrados en el marco de una investigación a su cargo, y que ello podría corresponderse con la negociación de un procedimiento abreviado; entendiéndose así que ese obrar podría estar tipificado dentro del delito de omisión de persecución establecido en la normativa penal”.
Y “como bien señala el verbo, la acción es un dejar de hacer, pero para que esa omisión pueda ser considerada delito, debe ser ejecutada con dolo (este tipo de delito no admite la culpa) como así también debe tener un grado de afectación de tal magnitud que nos permita atender al bien jurídico tutelado”, agrega el fiscal.
Y concluye que “no se advierte que la fiscal Benvenutto haya dejado de promover la persecución y represión de delitos sino todo lo contrario; en el ámbito territorial de su jurisdicción llevó adelante una investigación penal contra Roberto Peiti sobre juego clandestino en la cual obtuvo una condena y secuestró gran cantidad de efectos (....) que se han encontrado a disposición de las autoridades que los requieran y para otras investigaciones”. Por lo tanto, “esa acción no puede ser calificada como típica de delito ni siquiera es una omisión que haya afectado la promoción y persecución de hechos delictuales”.∏
