El martes 14 de junio el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, visitó el Organismo de Investigaciones (OI) que asiste a los fiscales en delitos complejos. En su recorrida advirtió que Leonardo Andrés Peiti, empresario de juego implicado en una red dedicada a cometer extorsiones, figuraba en el centro del organigrama que le mostraron de una organización delictiva. Al día siguiente Serjal fue otra vez a esa oficina y pidió ver la pesquisa sobre Peiti. Esa vez lo acompañaba el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, que examinó el informe. Un día más tarde el control de la línea, que estaba intervenida, detectó que Peiti no habló ni volvió a enviar mensajes por ese celular.
Peiti contó el viernes en audiencia que el fiscal Ponce Asahad le dijo entonces que tirara el celular y que había una investigación muy grande contra él que podían desactivar a cambio de 100 mil dólares. ¿Dijo la verdad? Los fiscales sospechados lo negarán. Pero no podrán negar que estuvieron viendo un informe que implicaba a Peiti en un delito y que un día después el empresario no usó más esa línea telefónica.
Este indicio es uno más de los reunidos por los investigadores que comprometen a Serjal y a Ponce en la resonante pesquisa que les reprocha dar cobertura institucional a cambio de dinero al emprendedor de casinos clandestinos, lo que implicará que mañana haya una presentación de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Legislatura que puede costarles el cargo a ambos.
Mientras se acumulan detalles de lo que parece ser un hecho de corrupción institucional al máximo nivel, la mala hora de los funcionarios saca a la luz otro costado: las conductas que mantuvieron durante largo tiempo, que como ahora parecen saber todos en la Fiscalía Regional de Rosario, son objetadas allí desde hace mucho.
Serjal tuvo problemas desde antes de su designación. Altos funcionarios judiciales indicaban que no tenía el tiempo exigido de residencia en Rosario para acceder al cargo por tener domicilio en San Pedro. Fue designado tras ser un fiscal de Flagrancia de muy bajo perfil en un concurso sin evaluación de gestión de los candidatos (todos fiscales en ejercicio) ni valoración técnica, ni contraste de antecedentes. De seis candidatos se elevó al Ejecutivo una terna de la cual el entonces gobernador Miguel Lifschitz designó a Serjal con especial impulso de senadores peronistas y el referéndum de la Legislatura.
La indiscutible mano derecha de Serjal fue Ponce Asahad, que también tuvo una designación controvertida. Personas que hoy son fiscales junto a Ponce se movilizaron activamente para desalentar su designación. La diputada radical Griselda Tessio, quien fuera vicegobernadora de Hermes Binner, criticó con énfasis a quienes como Ponce llegaban a consideración de la Asamblea Legislativa para ser fiscales con el dictamen negativo de los jurados que los habían examinado.
Tessio justificó el voto negativo de su bancada diciendo que Ponce protegió a la ex jueza María Luisa Pérez Vara cuando ésta eludió investigar el crimen de Luis Medina y su novia en diciembre de 2013. En una nota de Rosario/12 el periodista Juan Carlos Tizziani reseñó la intervención de Tessio, que en marzo de 2015 dijo que en ese juzgado de Instrucción Nº 5 Ponce “tenía la llave del despacho y gozaba de la mayor confianza de la jueza”. Sobre la causa en la que Pérez Vara fue procesada por incumplimiento de deberes por estar en la playa cuando debía estar en el tribunal, Tessio dijo que Ponce “trató de amparar a su jefa, dijo que estaba en Rosario cuando se probó que estaba en Cariló. Ese sólo hecho es sumamente grave”.
Manejes en Instrucción 5
Lo que ocurría en Instrucción 5 se escuchó por años en los pasillos del primer piso de Tribunales. Es clásico el hábito de cierto abogado vinculado al juzgado en combinación con quienes controlaban los resortes de ese juzgado. Se solían radicar allí denuncias contra pesados del delito por hechos menores como amenazas. Así el abogado se aseguraba que si luego su cliente era denunciado en otro juzgado todo se acumulara en Instrucción 5, donde estaba la primera denuncia y la garantía de un tratamiento favorable.
Luego Ponce tuvo manejos desconcertantes. Por ejemplo, bloquear sin motivo la devolución de expedientes de policías denunciados por enriquecimiento al personal de Asuntos Internos a cargo de las investigaciones patrimoniales. Esa demora jugaba en favor de la prescripción de los trámites. Esa retención de causas suponía un tráfico de influencias idéntico al que se le reprocha ahora por dar información privilegiada a delincuentes para saber cuándo serían allanados o cómo están sus causas.
En 2017 el fiscal general Baclini le abrió un sumario a Ponce por dejar ir en libertad a Juan Carrazán, un hombre de 33 años detenido con un revólver calibre 38 que contaba con pedido de captura por una condena por dos homicidios, debido a que no regresó de una salida transitoria a la cárcel de Coronda. También lo cuestionaron por encarcelar a padres de chicos que habían hecho falsos avisos de bombas a escuelas.
Cuando analizaban el pliego de Ponce, Tessio fue muy enérgica con sus impulsores y con el entonces gobernador Antonio Bonfatti que los remitió. “Es poco entendible que aparezcan pliegos de fiscales que llegan con un dictamen negativo de los jurados y a pesar de eso son candidatos a la magistratura. Eso es una aberración”, sostuvo, cuestionando el método. La legisladora señaló que Ponce “no era apto para la función” de fiscal. Y consideró incomprensible que se tramitara el pliego cuando en su caso el jurado señaló gravísimas falencias.
Finalmente Ponce consiguió el aval con 19 votos del PJ que lideraba Luis Rubeo, ocho en contra (UCR) y abstenciones del Frente Progresista, tres justicialistas y el PRO.
Discutido
Serjal, que encontró el sólido respaldo de un sector de senadores del PJ y de algunos radicales cercanos al PRO, quedó varias veces resbalando en situaciones opacas. No es un secreto que la recriminación más fuerte la producen los fiscales a los que conduce como fiscal regional. La más audible es no ejercer liderazgo, no dar instrucciones ante a temas sensibles o mantener criterios resistidos por la mayoría, como estar a favor de la competencia federal en los casos de lavado de activos, cuando la provincial es la que permite que una mayoría de fiscales del MPA puedan perseguir negocios económicos que tienen a los hechos de gran violencia como instrumento. O bajar indicaciones de juicios abreviados, a menudo concertados con un mismo núcleo de abogados, en contra de los criterios de los fiscales. O, al revés, no tener presencia para controlar los abreviados con penas mayores a seis años, que requieren su aval. Y sobre todo estar ausente de su despacho de manera reiterada.
Serjal asignó a Ponce una oficina que controlaba los procedimientos de la policía, la llamada “Unidad de Allanamientos”. Así, administraba un poder enorme que para sus críticos conviene diluir entre muchos fiscales. Esto que le daba a Ponce el conocimiento de todo lo que pasaba. Esa concentración del registro de los operativos policiales permite a quien lo controle de manera infiel tener influencia para hacer y deshacer de manera dolosa, que es lo que ahora los investigadores le imputarán mañana.
Más objeciones
Otra fuerte crítica para Serjal es que la unidad de delitos con armas de fuego no lleva las imputaciones con presos o con balaceras, que son temas más complejos de trabajar, sino que se limita a los imputados de portación de arma que quedan en libertad.
De los más objetado a Serjal es haber desistido sin explicación de acusar en una causa por estafas inmobiliarias y lavado de activos a dos imputados para quienes los fiscales habían pedido cuatro años de prisión y luego de que diez jueces avalaran las imputaciones. Luego de eso el fiscal Sebastián Narvaja fue desplazado de la unidad de Delitos Económicos.
En noviembre Serjal fue denunciado tras haber comprado dos vehículos al dueño de una concesionaria al que días antes favoreció con el cierre de una causa en la que estaba acusado de vaciar una empresa.
La idea que impera en el MPA Rosario es que estos desmanejos en el máximo nivel eran coordinados hace tiempo, lo que se vislumbrará mejor en la audiencia de mañana.
Un diseño institucional que expone los delitos en forma oral y pública deja también al descubierto a los sectores estables de un poder conservador que está detrás de las designaciones que impulsó. Mañana Ponce será convocado a una audiencia donde es posible que por uno de los delitos imputados, cohecho agravado por su condición de funcionario judicial, le pidan prisión preventiva.
También arrancó la búsqueda, dentro de la Fiscalía Regional Rosario, de un fiscal que en forma interina reemplace a Serjal en caso de que sea suspendido por la Legislatura. Su mandato caduca en abril de 2023.
Diputados de la UCR piden que los suspendan
El bloque de diputados provinciales de la UCR pidió la “urgente sesión conjunta” de diputados y senadores santafesinos “para resolver la suspensión preventiva con retención de haberes” de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal mientras se desarrolla la investigación. “Esta situación tiene graves implicancias en el servicio de justicia y en la indispensable credibilidad pública de las instituciones que lo administran. Ante las investigaciones en curso que refieren a la comisión de delitos de parte de ambos fiscales, instamos al pleno de la Legislatura a responder de manera urgente y clara en resguardo de la transparencia del Ministerio Público de la Acusación y para preservar la confianza pública en esa entidad”, señalaron en un comunicado.
