La audiencia por estafa contra un abogado, su esposa y un escribano se realizó en el Centro de Justicia Penal.
Cuatro pistolas 9 milímetros que estaban guardadas en un cajón sin llave en una dependencia del Centro de Justicia Penal fueron robadas durante la feria judicial de enero pasado. El caso trascendió recién ahora y ya es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Paola Aguirre.
Según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las armas sustraídas eran parte de la evidencia exhibida en un juicio oral y público sobre un caso de homicidio, cuya sentencia se conoció 1º de diciembre de 2021. En esa oportunidad fueron condenados a 20 años de cárcel a Víctor y Franco Villarruel, dos hermanos policías que fueron declarados culpables por la muerte de Matías Sosa.
Los voceros indicaron que en ese fallo se dispuso la destrucción de dos armas de fuego, que fueron las que se utilizaron en el crimen, y la devolución al Ministerio de Seguridad de dos pistolas reglamentarias que no habían tenido relación con el hecho. A partir de ese momento, los artefactos quedaron en poder de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que funciona en el primer piso del Centro de Justicia Penal, para ser derivadas al MPA.
De acuerdo a la versión oficial conocida este lunes, el 2 de diciembre pasado personal de la OGJ “no realizó el depósito de las armas en el MPA, porque la documentación que debía presentar dicha oficina estaba incorrecta e incompleta. Entonces se solicitó desde el MPA que se confeccionara correctamente la documentación y sea presentada junto a las armas en los días siguiente del mes de diciembre de 2021. Cuestión que no ocurrió”, señalaron desde Fiscalía.
“Lo que se pudo determinar en base a la investigación penal en curso es que las armas se la llevó personal de la OGJ a su oficina, ubicada en el primer piso del Centro de Justicia y quedaron desde el 2 de diciembre de 2021 y durante la feria judicial del mes de enero 2022, sin ser remitidas al MPA con la documentación correcta como era el proceso a seguir”, señalaron fuentes oficiales del MPA.
“Luego de la feria judicial de enero 2022, en la Oficina de Gestión Judicial, que depende de la Corte Suprema, notaron la faltante de la caja con las armas. En el mes de marzo se le dio aviso a la Fiscalía de la faltante de las armas en OGJ por lo que se inicia una investigación que queda a cargo de la fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional”, sostuvo el parte de Fiscalía.
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Según esa versión, la fiscal Aguirre dispuso una serie de tareas investigativas para determinar el destino de las armas en la OGJ y el resguardo que se realizó de las mismas en esa oficina. Asimismo se solicitaron sean cauteladas las imágenes de cámaras de seguridad internas del espacio de la OGJ en el Centro de Justicia Penal como también se solicitó la información de quienes estuvieron en acceso a dichas oficinas durante la feria judicial.
El parte oficial indica que “la investigación está en curso a la espera de resultados. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe paralelamente dispuso abrir investigación de sumario administrativo. La seguridad del edificio del Centro de Justicia Penal, de la OGJ y todo lo que corresponde a su organización depende del máximo tribunal de la provincia.
Cuatro días antes del allanamiento, la firma aseguró que desconocidos rompieron equipos, materiales y objetos. Y desaparecieron las copias de seguridad de las cámaras internas
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