Policiales

Denunciantes del ex fiscal Rodrigo no quieren que el caso vaya a la Justicia Federal

El abogado que patrocina a la ex novia del funcionario cuestionó que la Fiscalía remitiera la investigación penal a la jurisdicción porteña

Lunes 13 de Noviembre de 2017

Días atrás la causa contra el ex fiscal Fernando Rodrigo, apartado de su cargo por escuchar ilegalmente a una ex pareja y a personas del entorno de la mujer fue remitida a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Sin muchas explicaciones, se argumentó que esa es la jurisdicción en la que se deben investigar los delitos del ex funcionario judicial. En ese marco, las víctimas de las escuchas hicieron un planteo de "disconformidad" ante la resolución de la fiscal Natalia Benvenutto, cuestionaron que no fue sometida al control de un juez y solicitaron que fuera revocada.

Si bien la noticia sobre las escuchas que el ex fiscal ordenara sobre el entorno de su entonces novia y compañera de trabajo generó gran controversia, fue otro caso de escuchas el que absorbió la atención la semana pasada: el escándalo y posterior denuncia del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, luego de que trascendiera que su línea telefónica estaba intervenida a pedido de un fiscal santafesino con orden de un juez en el marco de una investigación por corrupción policial.

Más allá de diferencias y similitudes de ambos casos, emparentados en lo referido a su gravedad institucional, surge como interrogante si el Ministerio Público de la Acusación (MPA) resolvería con el mismo criterio derivar a la Justicia Federal el expediente por las escuchas a Pullaro.

Gravísimo

La división que se advierte en muchos miembros del MPA se huele en los pasillos de los Tribunales de Rosario como el café de los despachos. Por lo bajo, funcionarios del organismo no quieren quedar pegados a semejantes desprolijidades, que hasta ahora no tuvieron la respuesta política y judicial a la altura de la circunstancias. ¿En que se asemejan los casos de Rodrigo y Pullaro? ¿Qué los diferencia?

Rodrigo, acusado, era un fiscal joven y con futuro en el MPA hasta que, según sus allegados, tuvo un "arranque de celos" y coló en expedientes de casos resonantes que investigaba pedidos para intervenir líneas telefónicas de su ex novia, amigas y familiares de la mujer.

En agosto pasado fue denunciado por las víctimas luego de que un empleado de la fiscalía advirtiera esa grave irregularidad entre los papeles de Rodrigo. Separado del cargo, como estrategia para esquivar el juicio político puso su renuncia a disposición del gobernador Miguel Lifschitz, que la aceptó. Pero igualmente quedó sujeto a una investigación penal a cargo de la fiscal Benvenutto, sospechado de cometer diversos delitos: desde incumplimiento de los deberes de funcionario, estafa procesal, interceptación indebida hasta falsificación de instrumento público.

En ese contexto merodeaba los Tribunales un rumor que nunca se pudo confirmar por falta de datos oficiales: que el fiscal "escuchaba a más personas" y que incluso fisgoneaba abogados del fuero. Y aunque la transparencia parece ser una de las mayores virtudes del nuevo sistema penal, paradójicamente no se informó un sólo renglón de la pesquisa sobre Rodrigo.

El restringido acceso a datos de la causa impide entonces tener una dimensión real del accionar del funcionario, derivaciones, consecuencias e implicancias de su conducta. Parece remanido, pero Rodrigo ordenó escuchas sobre ciudadanos que no figuraban imputados en ninguna causa. Gravísimo.

Allá

El pasado 23 de octubre la fiscal Benvenutto declaró la incompetencia del MPA para intervenir en la pesquisa contra Rodrigo y remitió las actuaciones a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal de la Nación "que por turno corresponda".
   Tomó como argumento el caso de espionaje con escuchas ilegales en la que estuvo imputado —luego fue sobreseído— el presidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño. En esa causa, que llegará a juicio en 2019, las escuchas fueron autorizadas por un juez de Misiones.
   Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó claro que ya existía una investigación previa que estaba avanzada en la Justicia Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el cual se consumaron las escuchas (las víctimas eran de Capital Federal) donde estaba la sede del organismo que técnicamente las practicaba, cuyo patrimonio resultó afectado.
Acá
El abogado Carlos Edwards, que representa a las mujeres cuyos teléfonos fueron intervenidos por Rodrigo, dejó en claro que este caso no es similar al del espionaje en Buenos Aires. En un escrito que presentó el jueves pasado ante el MPA para pedir la revocatoria de la resolución de Benvenutto detalló que los delitos denunciados "se iniciaron en Rosario, los jueces que firmaron las órdenes de intervención tienen sede también en esta ciudad, donde además viven las denunciantes".
   Advierte que la Corte Nacional brinda "pautas para determinar la competencia territorial. Además del principio rector de que debe entender el juez del lugar donde se comete el delito, que la "investigación y el proceso" se efectúen cerca del "lugar donde ocurrió la infracción y donde se encuentran los elementos de prueba"; además, se tiene en cuenta el domicilio de la persona imputada a fin de facilitar su defensa" (ver aparte, página 33).
Víctima
En términos de persecución penal, en el caso de escuchas que lo involucra Pullaro es víctima. Y como las personas a quienes escuchaba Rodrigo, el ministro denunció administrativa y penalmente para que se investigue la situación en la que se decidió intervenir la línea telefónica oficial que usa.
   Pullaro fijó su posición política sobre las escuchas divulgadas el miércoles pasado con transcripciones de diálogos que mantuvo con el gobernador y con el fiscal general Jorge Baclini, entre otros, y calificó el hecho como de "profunda gravedad institucional".
   Las pericias telefónicas habían sido ordenadas en el marco de la investigación de una causa por adicionales policiales ante posibles delitos contra la administración pública y falsificación de documento público. La fiscal María Laura Martí requirió la intervención de cinco líneas que fueron autorizadas por el juez Nicolás Falkenberg. Al trascender la noticia, el Colegio de Jueces de primera instancia de Santa Fe emitió un comunicado para aclarar que tanto la fiscal como el magistrado desconocían la identidad de los titulares de las líneas.
   Según Pullaro, del contenido de las dos escuchas no puede inferirse "bajo ningún concepto un delito de tipo penal". Y detalló que así lo entendió el fiscal regional Carlos Arietti al ordenar la libertad de Adrián Rodríguez (un comisario sospechado en el marco de esa pesquisa) a quien el fiscal Roberto Apullán ordenó detener.
   Pullaro anunció que presentó ante el MPA una denuncia penal y otra administrativa para que se investigue la situación. "Penal porque creemos que puede existir un delito penal si es que la escucha es ilegal o irregular. Y administrativa porque queremos una investigación para saber cómo se pidió esa intervención".
   El paralelismo trazado con la causa Rodrigo es inevitable. Pero la pregunta es qué criterio adoptará el MPA ante la denuncia de Pullaro, que impulsa saber si las escuchas sobre su teléfono son ilegales. Lo esperable es que cualquier determinación, como lo plantea Edwards en el caso Rodrigo, respete los pasos que contempla el Código Procesal Penal de Santa Fe, que exige el control jurisdiccional de un juez, donde se exponga la situación en una audiencia pública.

Cambios con control de juez

En los últimos tiempos hubo dos casos resonantes en los que se cambió la competencia judicial de la investigación: los crímenes de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar. En ambos, la modificación fue sometida al control de un juez en audiencia pública.
   En el primero la discusión atravesó una serie de audiencias hasta que la fallecida jueza de Investigación Penal Preparatoria Roxana Bernardelli remitió las actuaciones a los Tribunales Federales, en noviembre de 2014. En el caso Escobar, fiscalía, querella y defensores dirimieron sus pretensiones en debates que presidió el juez Luis María Caterina, que finalmente decidió también girar el expediente a la jurisdicción federal.

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