A diez años de iniciarse la investigación sobre sus bienes, el comisario mayor retirado Osvaldo Raúl Bejarán comenzó a ser juzgado por enriquecimiento ilícito. El fiscal de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy solicitó una pena de 3 años de prisión para quien fuera jefe de la División Leyes Especiales de la policía rosarina y a quien se le constató la compra de autos y propiedades no acorde con sus ingresos como policía entre el período que va entre 2001 y 2004. Es el tercer caso de un funcionario de la fuerza que llega a juicio oral por un incremento injustificado de su patrimonio.
La de Bejarán es una de las causas que se inició a partir de 2001, cuando la Dirección de Asuntos Internos posó la lupa sobre el patrimonio de jefes policiales. Luego de una pesquisa administrativa previa, cerca de veinte legajos se convirtieron en causas penales impulsadas por fiscales del viejo sistema escrito. Con demoras en los trámites, plazos estirados por largas pericias contables y el traspaso al nuevo sistema, dos de esas causas prescribieron en 2009 y dos desembarcaron en el juicio oral recién a partir del año pasado.
Este lunes Bejarán comenzó a ser juzgado en una sala del Centro de Justicia Penal ante los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle. Fernández Bussy pidió 3 años de prisión efectiva para el comisario retirado por el delito de enriquecimiento ilícito, además de una multa del cien por cien del valor del enriquecimiento e inhabilitación parcial para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, el aumento infundado en su patrimonio dentro del largo período investigado se constató a partir de 2001, el año en que comenzó a cumplir funciones como jefe de Leyes Especiales, y se prolongó por otros tres años. El fiscal destacó esta particularidad en su alegato de apertura e hizo notar que esa era el área que concentraba la persecución del juego clandestino.
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En el año 2003 Bejarán adquirió una licencia de taxi, un auto Fiat Siena y un Chevrolet Corsa cero kilómetro. Al año siguiente compró una propiedad y otro vehículo Renault, todos bienes conseguidos con su único ingreso como empleado policial. Durante su carrera pasó por distintas jerarquías policiales entre 1978 hasta el 3 de septiembre de 2008, cuando se retiró como comisario general de la Unidad Regional de Iriondo.
El ex comisario llegó a juicio tras ser procesado en 2016 por la entonces jueza Alejandra Rodenas. La investigación penal abarcó el período en que el comisario se desempeñó en la fuerza aunque el análisis de su aumento patrimonial se extendió hasta 2010. Luego de conducir varias comisarías, en abril de 2001 dejó la jefatura de la seccional 13ª para pasar a comandar la entonces División Leyes Especiales, considerada como una verdadera "caja negra" de la fuerza.
Los bienes por los que el policía llegó a juicio son dos inmuebles, uno de Lavalle al 900 y otro en Cafferata al 1900, y seis vehículos: un Chevrolet Corsa classic modelo 2008, otro auto de la misma marca modelo 2003, un Chery Face 2011 a nombre de su cónyuge, un Renault Master modelo 2010 también nombre de su pareja y un taxi Fiat Siena adquirido en marzo de 2001 que fue renovado por un Chevrolet Corsa cero kilómetro en diciembre de 2003, además de la acumulación de ahorros por 20 mil dólares.
A la hora de su descargo, el ex comisario había dijo al ser imputado que desde su ingreso a la policía y hasta que la jerarquía se lo impidió hizo "servicios adicionales diarios de lunes a viernes en el Banco Provincia de Santa Fe y en el Banco Nación desde 1980 al 1990". Y que desde 1999 a la fecha de su indagatoria obtuvo, "mediante ocho créditos sucesivos 128.000 pesos que seguía pagando".
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Sin embargo la pericia contable efectuada por la perito Elida Pujato en base a documentación, declaraciones juradas y estados contables determinó que “no surgen fondos disponibles para justificar el incremento patrimonial del imputado en el período investigado”.
Luego del traspaso de la causa al nuevo sistema penal se celebró la audiencia preliminar al juicio en agosto del año pasado. En la jornada de este lunes declararon cinco testigos. La declaración de Pujato, clave en el juicio, está prevista para mañana.
Bejarano es el tercer oficial de alto rango en llegar a juicio después de una década. En diciembre del año pasado el ex habilitado de la Jefatura Omar Pintón, primero en llegar a esa instancia, fue condenado a dos años de prisión condicional, una multa de 2.300.000 pesos y el decomiso de los bienes adquiridos entre 2005 y 2008 mientras que en junio pasado fue absuelto por el beneficio de la duda el ex jefe de la Agrupación Unidades Especiales Hugo Giuliano.
