La mañana de hoy, en los Tribunales provinciales, una vez más el crimen de Jonatan Herrera tendrá un espacio de discusión. A partir de las 10 la Justicia deberá dar respuestas al pedido de cese de prisión realizado por dos de los policías condenados por el hecho y la solicitud de salidas semanales que hizo otro de los agentes penados por el homicidio.
El 4 de enero de 2015 Jonatan Herrera lavaba su Volkswagen Gol frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho. Entonces apareció corriendo y con un revólver en las manos Brian Vespucio, perseguido por la camioneta Nº 5035 del Comando Radioeléctrico como sospechoso de haber robado una juguetería de la zona. Antes de llegar al cruce mencionado, los policías Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron del móvil y le dispararon. Al mismo tiempo, los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, con escasa y reciente instrucción, bajaron de un colectivo de la línea 133 en el que iban otros diez agentes y se sumaron a los tiros.
Vespucio y Jonatan recibieron tres balazos cada uno. El ladrón (luego condenado a 6 años de cárcel por el atraco) fue detenido. Herrera, de 22 años y padre de un bebé, murió por dos impactos: uno en el cráneo y otro en el abdomen.
Cinco de los 9 policías que abrieron fuego esa tarde fueron a juicio. Rodríguez, Sosa y Gálvez, por haber intentado matar a Herrera. A Rosales se le atribuyó el crimen tras comprobarse que la bala hallada en el cuerpo de la víctima la disparó él. Y 18 meses después fue imputada Galindo por el tiro en la cabeza.
El juicio comenzó en febrero de este año y el pasado jueves 5 de abril los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón absolvieron a la agente Galindo por falta de pruebas, condenaron a Rosales a 6 años y medio de cárcel por homicidio culposo y sentenciaron a Rodríguez, Sosa y Gálvez a 3 años y 8 meses por abuso de armas.
Transcurrido el tiempo, los abogados de los policías Sosa y Rodríguez solicitaron a la Justicia el cese de prisión de sus clientes, quienes podrían quedar en libertad hasta que se confirme o modifique la sentencia por el tribunal de alzada ante el cual fue apelada la sentencia. Mientras que el representante legal de Ramiro Rosales pidió que al condenado se le permitan salidas semanales.
Ante este hecho, la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocó a una movilización y conferencia de prensa frente a Tribunales previa a la realización de la audiencia de hoy, que estará a cargo de los jueces Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Delia Paleari, al sostener que "la ejecución sumaria de Jonatan Herrera constituye una grave violación a los derechos humanos por lo que corresponde el cumplimiento efectivo de la sanción dictada por la Justicia".Y pide que todos permanezcan tras las rejas al considerar que "existe peligro de fuga por parte de los condenados" y "su libertad constituiría una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan que ha sido sistemáticamente amenazada, amedrentada y hostigada".