De protocolos, castigos, exámenes y naturalizaciones

¿Cómo debe ser un examen forense para detectar la tortura en instituciones carcelarias aún cuando las víctimas, para protegerse, niegan sufrirla? Según Virginia Créimer ese método existe y está detallado en el Protocolo de Estambul, una convención internacional para advertir y prevenir el fenómeno que ella comenzó a implementar en 2012 en Buenos Aires, en una experiencia inédita en el país, y que ahora impulsa en Santa Fe desde el Ministerio de la Defensa Pública. "La falta de aplicación de un protocolo de detección eficaz es lo que impide levantar evidencias para llevar adelante un juicio por tortura. Y nos quedamos siempre en las lesiones y los apremios pero nunca hay un responsable".

Este mes, a partir de un trámite de hábeas corpus, se logró consenso para aplicar ese Protocolo en el ingreso de adolescentes al Irar. Un espacio donde un juez constató que se aplican castigos de manera sistemática en la internación o el traslado. Esa fue una de las instituciones que recorrió el equipo de Créimer. Pero, según planteó, sólo pudieron examinar a un chico porque las autoridades restringieron la revisión médica del resto.

"Los pibes nos contaron que un par de días antes les habían tirado gases lacrimógenos, poniéndoles esposas, caminándoles por la espalda y con libros en el pecho —con lo simbólico que es esto— para no dejar marcas". En los altos de la comisaría 7ª, donde se alojan chicas menores de edad, se detectó que "se encontraban medicadas con psicofármacos, sin existir consulta con un psquiatra que los indicara". En un caso, a pesar de que la joven estaba embarazada y las drogas podían generar malformaciones en el bebé.

Para que un examen forense sea eficaz, según Créimer, el deber profesional más esencial es hacer un examen médico: "Tiene que constar de un interrogatorio médico que es la anamnesis, donde uno escucha a la persona, de una evaluación psicológica y de un examen físico completo para evaluar la existencia de lesiones, vejámenes o torturas. A veces no lo pueden poner en palabras porque tienen tan naturalizada la violencia que no consideran que eso sea tortura".

Para la especialista, aún aplicando ese mecanismo idóneo, no basta con el voluntarismo de actores individuales sino que hacen falta políticas institucionales para detectar la tortura de manera eficaz: "Ni los médicos forenses, cuando los hay, ni los del Servicio Penitenciario, están capacitados en exámenes de identificación de tortura. Hace falta una decisión institucional de capacitar a estos profesionales. Uno no diagnostica lo que no se conoce y, si no lo conoce, no lo va a buscar".