El policía David Marcelo Rey fue condenado a 3 años de prisión efectiva como integrante de la asociación ilícita comandada por Esteban Lindor Alvarado. En el rol de quien plantaba pistas falsas para desviar investigaciones, el ex miembro jerárquico de la Policía de Investigaciones fue sentenciado como el “proveedor de impunidad” de la organización durante de siete años. El efectivo de 43 años aceptó la pena en un acuerdo abreviado que además lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 6 años. Por el tiempo que cumplió en prisión preventiva obtuvo el cese de prisión y se fue a su casa.
El acuerdo fue propuesto por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en una audiencia que se realizó el martes a la tarde en el Centro de Justicia Penal. Los abogados defensores Bárbara Reynoso y Jorge Bedouret participaron de la propuesta y solicitaron la “inmediata libertad” del policía, ya que las penas a 3 años de prisión permiten salir de la cárcel a los ocho meses. Rey, que cumplió 15 meses y medio en prisión preventiva, prestó su conformidad y aceptó la autoría de los hechos.
El juez Pablo Pinto declaró admisible el acuerdo y lo condenó como miembro de una asociación ilícita, por el delito de encubrimiento agravado, la omisión de promover la persecución de delincuentes y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego dictó el cese de prisión de Rey y dispuso que, una vez firme la medida, se realice el cómputo de la pena para que cumpla la libertad condicional bajo las reglas de conductas usuales, como el impedimento de contacto con otros acusados.
En el acuerdo, los fiscales plantearon que la pertenencia de Rey a la organización fue sostenida a lo largo de al menos siete años, ya que se detectaron contactos telefónicos entre ellos que se remontan al año 2012. Por entonces efectivo era parte de la sección Sustracción de Automotores de la policía rosarina y Alvarado lideraba una organización de robo de autos en el conurbano bonaerense que luego eran desguazados en Rosario.
Empresas y muerte
La banda de Alvarado quedó bajo la mira a partir del crimen del prestamista Lucio Maldonado, quien apareció asesinado el 13 de noviembre de 2018 junto a la autopista a Buenos Aires, a metros del casino City Center. La investigación condujo a una casa de fin de semana de Alvarado en el paraje Los Muchachos, cerca de Piñero. En febrero del año pasado el célebre ladrón de autos fue apresado en Córdoba, después de que arrojara a un lago un I-Phone 8 que pudo ser recuperado.
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Alvarado fue acusado de comandar una asociación ilícita que producía actos violentos y mantenía una trama de empresas a partir de actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, con al menos diez personas a su mando. Tras una pericia a su celular en Estados Unidos se detectó una serie de maniobras, ejecutadas con complicidad de policías ubicados en el núcleo de la investigación, para desviar las sospechas hacia la banda de Los Monos como autores del crimen de Maldonado. Para eso fue necesario plantar pruebas, tarea que fue reprochada a Marcelo Rey y a su hermano Martín, detenidos en junio de 2019.
En ese celular se detectó que Marcelo Rey, a quien le dicen “Puchero” tenía contacto con el jefe narco investigado. Si bien no se recuperaron conversaciones entre ambos, en la base de datos del I-Phone el policía estaba registrado como “GOOOR". Otros dos integrantes de la banda de Alvarado, Nicolás "Fino" Ocampo y Carlos Argüelles, lo tenían en su agenda de contactos. El primero como “Salpicón” y el segundo como “Puchero”.
A Rey finalmente lo condenaron por haber plantado en un allanamiento del 29 de abril de 2019, en Rivero al 5200, un celular que contenía mensajes de texto especialmente creados para desviar la investigación hacia otras dos personas. Rodrigo Ortigala, un ex allegado a Alvarado que luego se enemistó con él, y Leandro “Chulo” Olivera, un personaje ligado a los Cantero.
La maniobra buscaba implicarlos no sólo por el crimen de Maldonado, por el cual Alvarado estaba imputado hacía cuatro meses, sino también por atentados a edificios y empleados del Poder Judicial cometidos en diciembre de 2018. “Todo ello usted lo llevó a cabo cumpliendo con su rol de proveedor de impunidad de la organización”, reza el acuerdo.
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Cinco meses después de aquella primera imputación, Rey también fue acusado por hechos previos que daban cuenta de una sostenida relación en el tiempo con Alvarado. En su carácter de integrante de la Agrupación de Unidades Especiales de la policía rosarina, según el acuerdo, ya en junio de 2012 encubrió actos ilícitos de la organización.
En escuchas captadas por un fiscal de San Isidro que investigaba a Alvarado en la causa en la que fue condenado por robo de autos se detectó una comunicación del 11 de julio de 2012 entre el policía y Alvarado, a quien alertó de un procedimiento, “a sabiendas de que obtenía autos de manera ilícita” y a los fines de “no perjudicar el funcionamiento de la organización criminal”.
Por último, entre la evidencia, los fiscales citaron escuchas de aquel año a la línea de Alvarado en las que le ofrecían tres autos robados de un estacionamiento céntrico el 1º de julio de 2012 y él los buscaba recuperar para entregárselos a Rey porque a él lo dejaba trabajar a “raja bonete” (en cantidad).
