La resolución fue tomada ayer a la tarde al término de una extensa audiencia que comenzó el viernes con las imputaciones alegadas por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y continuó ayer con las exposiciones de las defensas, las declaraciones de los imputados y el tratamiento de las medidas cautelares. En ese sentido, y luego de rechazar un pedido de nulidad propuesto por la defensa de Alvarado sobre la pericia del I-Phone del cual se extrajo gran parte de la evidencia, la jueza no admitió ninguno de los pedidos de morigeración de los arrestos y ordenó que los policías Martín y Marcelo Rey, Pablo Báncora y Jorgelina Chávez sigan tras las rejas. La medida alcanza a Nicolás Ocampo, también imputado como miembro de la asociación ilícita y quien estaba cumpliendo una prisión morigerada que Carrara revocó.
Lucio Maldonado apareció muerto el pasado 13 de noviembre junto a la autopista a Buenos Aires, a metros del casino City Center. El sitio del hallazgo y un cartoncito con la leyenda "Con la mafia no se jode" similar a los encontrados en algunas de las balaceras contra objetivos del Poder Judicial cuya instigación se había imputado a Ariel "Guille" Cantero sonaban como indicios, un tanto burdos, que pondrían bajo la lupa a la banda de Los Monos.
Sin embargo la pesquisa del crimen condujo a una casa de fin de semana que Alvarado tiene en el paraje Los Muchachos, cerca de Piñero. Así comenzó la búsqueda de este hombre de 43 años sindicado como narco pero con antecedentes más importantes en el robo y desguace de vehículos. Alvarado fue apresado el 1º de febrero en Córdoba, segundos después de que arrojara a un lago su I-Phone 8 que pudo ser recuperado enseguida por uno de los policías que lo capturó.
El análisis de ese teléfono, que debió enviarse a Estados Unidos para recuperar los datos, permitió echar luz sobre una serie de episodios por los cuales Alvarado no había estado sospechado: tres ataques contra blancos del Poder Judicial ocurridos con posterioridad a ese crimen y que, según la investigación de los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional, fueron urdidos y ejecutados para implicar a Los Monos en el crimen por el cual Alvarado fue imputado como instigador con una elevada pena en su horizonte.
Tal como viene informando este diario a partir de la investigación que se ventila desde el viernes en audiencias públicas, la idea del acusado para vincular a los Cantero con ese crimen implicó la generación de nuevos delitos que los conectaran. Por ello, según los fiscales, en diciembre mandó a balear los edificios de Tribunales y del Centro de Justicia Penal (CJP) y, en enero, la casa de una empleada de Fiscalía.
Datos plantados
Concretados los ataques, el plan continuó con "plantar" distintas pruebas que apuntaban a dos personas investigadas por su presunta cercanía con los Cantero.
Para los fiscales, esas pruebas falsas fueron aportadas por los hermanos Rey, ambos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). A Martín se lo acusa de haber incorporado a la investigación, "sabiendo que era un dato falso", la patente del auto en el que habían huido los tiradores en el último de esos hechos. Esa chapa era del auto de una de las personas a quienes se pretendía vincular con Los Monos e inculpar del atentado.
Otro dato falso que se le imputó a Martín Rey fue pedir un allanamiento a una vivienda de Pueblo Esther donde se esconderían colombianos vinculados con los ataques al Poder Judicial. Finalmente se le atribuye otra requisa en una casa de Rivero al 5200, el pasado 29 de abril, en la que se secuestró un teléfono falsamente atribuido a una de esas personas.
"Todo ello a sabiendas de que ese aporte era parte del plan de Alvarado para desviar la investigación por el homicidio de Maldonado e inculpar a otras tres personas, una relacionada con los Cantero", se indicó en la imputación.
En tanto, a David Rey se le imputó haber participado de ese mismo allanamiento para plantar ese teléfono cuyos mensajes de texto desviarían la investigación.
Descargos
Las imputaciones fueron formuladas el viernes. A la acusación por el caso Maldonado, Alvarado sumó una nueva como jefe de asociación ilícita e instigador de tres hechos de "amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida por parte de cualquier miembro de los poderes públicos", en alusión a las balaceras contra el Poder Judicial. A su presunta mano derecha, Nicolás Marcelo Ocampo, lo imputaron como miembro de esa asociación y como partícipe secundario de esos ataques, así como de encubrimiento agravado.
A los hermanos Rey se les atribuyó integrar esa asociación ilícita, además de los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado". Chávez, acusada de haber entregado a cambio de dinero información al entorno de Alvarado para colaborar con su plan, también fue imputada como miembro de la organización, por incumplimiento de sus deberes y por "trafico de influencias agravado por ser funcionario público".
Por su parte Báncora, quien integraba el equipo de Fiscalía que investigaba los atentados en cuestión, fue el único policía que quedó afuera de la asociación ilícita. No obstante, se le imputó "entregar información reservada" a personas que luego se la harían conocer a Alvarado; haber sugerido varias veces a fiscales que intervinieran un teléfono para inculpar de los ataques a una persona a quien el plan de desvío pretendía vincular con los Cantero. Por ello se le imputó incumplimiento de deberes, encubrimiento y cohecho, ya que se lo acusa de haber actuado de esa manera a cambio de dinero.
En la jornada de ayer algunos de los imputados declararon. En primer lugar Alvarado dijo que no tiene que ver con el crimen que le achacan y negó conocer al resto de los imputados excepto al “Fino” Ocampo (ver aparte). En ese sentido su abogado Claudio Tavella cuestionó —al igual que el resto de las defensas— la imputación por asociación ilícita, además de pedir la nulidad de la pericia sobre el I-Phone alegando que no fue notificado al respecto y eso viola derechos del acusado.
Respecto de Ocampo, su defensa argumentó que los elementos en su contra fueron sacados de contexto y no son más que conjeturas.
También declaró Martín Rey, quien negó las acusaciones. Dijo que trabajó en hechos resonantes en sus 20 años de carrera, que no conoce a Alvarado, que fue su hermano Marcelo quien le pasó el dato de la patente. Además reveló que a raíz de esta acusación su esposa fue despedida de su trabajo. En tanto, su abogado Germán Mahieu sostuvo que las imputaciones no son más que especulaciones genéricas.
Marcelo Rey también habló. Dijo que no estuvo presente en el allanamiento de calle Rivero, que no tiene nada que ver con Alvarado y que no ostenta un crecimiento patrimonial que ponga en duda su desempeño como policía. También Chávez se desligó al tomar la palabra, dijo que en 21 años como policía conoce a Báncora pero no a los hermanos Rey.
A su turno Báncora también afirmó no conocer al principal acusado. Sostuvo que un abogado le ofreció “en broma” dinero y agregó que, “sin saber por qué”, fue desplazado de su puesto en la Fiscalía. También alegó no exhibir un crecimiento patrimonial. Su abogado José Luis Giacometti agregó que su cliente, que había estado prófugo unas horas, nunca trató de escapar.
En ese marco todos los defensores pidieron la libertad de sus asistidos o, en forma subsidiaria, distintas medidas de morigeración de la prisión.
Argumentos
Al momento de resolver, la jueza primero rechazó la nulidad requerida sobre la pericia clave al I-Phone. Al respecto, hizo lugar al argumento de los fiscales que indicaron que la pericia no constituye una prueba definitiva sino una forma forense de extraer información, que la medida fue avalada por dos jueces y además el procedimiento fue filmado.
Luego calificó la investigación como “profusa y contudente”, con una gran cantidad de indicios y evidencia. Aceptó las imputaciones por asociación ilícita y tildó de “gravísimos” los ataques contra edificios públicos que le atribuyen haber orquestado a Alvarado con complicidad de los policías acusados de proveer de impunidad al principal acusado.
En ese sentido, y por considerar elevado el riesgo procesal, rechazó las morigeraciones propuestas por las defensas y dictó prisión preventiva por el plazo de ley a todos los imputados. Y en lo referido a los policías ordenó que el Servicio Penitenciario disponga alojarlos en sitios donde no se ponga en peligro su integridad física.
