Tiene 19 años y está sindicado como acompañante en la moto que trasladaba a los homicidas de Marcos Daloia, baleado el pasado 7 de marzo
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
El chofer de la línea K fue baleado minutos antes de las 19 en Mendoza y Méjico.
Un joven de 19 años que era buscado como presunto coautor del asesinato del colectivero de la línea K, Marcos Daloia, se presentó pasado el mediodía de este lunes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI). El sospechoso, identificado como Axel Ignacio H., quedó detenido por requerimiento del fiscal de Homicidios Patricio Saldutti. En tanto continúa prófugo José Mauricio Maturano, sindicado como el conductor de la moto en la que se movían los homicidas.
Desde la Fiscalía Regional se indicó que el joven está sindicado como quien, vestido con remera blanca, iba como acompañante en la moto que transportaba a los asesinos del chofer baleado la tarde del pasado 7 de marzo en México y Mendoza, en barrio Belgrano, en el marco de la saga de cuatro asesinatos perpetrados al azar contra trabajadores de servicios nocturnos que por esos días azotó la ciudad. El sospechoso fue visto en un video que desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se difundió en un pedido de colaboración para lograr la identificación de los ocupantes del rodado involucrado en el crimen.
Desde la fiscalía se indicó que la audiencia imputativa contra AIH e realizará en los próximos días, con fecha y horario a confirmar en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario.
La investigación de este y los otros tres crímenes de trabajadores ya había arrojado novedades. De manera similar a la que se entregó Axel H., el viernes pasado se entregó una mujer que tenía pedido de captura por uno de esos hechos luego de que trascendiera por los medios de comunicación la colaboración solicitada por el MPA para dar con su paradero.
El joven de 19 años se agrega a otras siete personas detenidas e imputadas por su participación directa en los crímenes, mientras que otras 11 fueron acusadas por encubrimiento agravado. La hipótesis oficial más solida relaciona a esos ataques a una represalia de organizaciones criminales contra el gobierno por el endurecimiento de restricciones en las cárceles.
En cuanto a la mujer que se entregó cerca de las 13 del viernes pasado en la comisaría 14ª de Marcos Paz al 6600, en barrio Belgrano, se trata de Joana Laura G. La mujer de 37 años aseguró ante los empleados policiales que pesaba en su contra un pedido de captura por el homicidio de Bruno Bussanich, el joven de 25 años asesinado a balazos el sábado 9 de marzo cuando trabajaba como playero en la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600.
Si bien no trascendió cuál fue su participación en el hecho, se supo que quedó demorada y será imputada en un plazo de 15 días. Horas antes de que la sospechosa acudiera a la comisaría 14ª, el MPA había difundido una solicitud de colaboración a la ciudadanía rosarina para dar con el paradero de Maturano, todavía buscado como coautor del homicidio de Daloia, atacado a balazos el 7 de marzo pasado mientras conducía en la zona de Mendoza y México mientras trabajaba en una unidad de la línea K.
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Al presentarse en la comisaría, Joana G. aseguró ser la ex pareja del prófugo Maturano y que, además, también su nombre había trascendido en los medios de comunicación. Es que, en conferencia de prensa, el fiscal Patricio Saldutti había mencionado también el pedido de captura activo para ella. Sobre Maturano, en tanto, se confirmó una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información fehaciente y que de utilidad para la investigación.
Los asesinatos del colectivero Daloia y el playero Bussanich se suman a los crímenes de los dos taxistas, Héctor Figueroa y Diego Celentano, ocurridos los cuatro en un plazo de cinco días en marzo de este año. Hechos que conmocionaron a la ciudad y al país por haber ocurrido contra víctimas totalmente ajenas a cualquier conflicto, atacadas mientras cumplían horario en sus puestos de trabajo.
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En un año marcado por una significativa disminución en la cantidad de homicidios ocurridos en Rosario, estos crímenes se consideraron como actos "narcoterroristas" por haber buscado la intimidación pública como represalia a políticas en el ámbito de Seguridad. Concretamente la hipótesis del gobierno y de la Justicia apunta a que los crímenes fueron la respuesta a las restricciones enmarcadas en los programas de control de presos de alto perfil en cárceles de la provincia y en los establecimientos federales donde hay jefes narcos rosarinos.
El primero de esos homicidios fue el de Héctor Figueroa, cuando el 5 de marzo por la noche el taxista de 43 años levantó un pasajero en Uriburu y Oroño para dirigirse a Flammarión al 5100. Al llegar a destino un individuo apareció a pie, se paró frente a la ventanilla del conductor y lo mató a balazos. El pasajero se bajó del vehículo y escapó a las corridas junto al sicario.
La noche siguiente, con características casi idénticas, fue asesinado Diego Alejandro Celentano. A bordo de su taxi, el hombre de 33 años fue atacado a tiros por un pasaje en la zona de Alvear y Garmendia. Más allá de que las víctimas se dedicaran a la misma actividad, horas después trascendió otro dato que conectó ambos hechos: los dos crímenes se habían ejecutado con balas de la policía de la provincia que salieron de la misma pistola. Con esos mismos elementos algunas horas más tarde fue baleada la fachada de la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino.
La tarde del jueves 7 de marzo, horas antes de los tiros a la comisaría, fue baleado Marcos Daloia. El chofer de 39 años conducía una unidad de la línea K cuando en la zona de Mendoza y Méjico se le cruzó una moto con dos ocupantes, de los cuales quien iba como acompañante disparó directamente contra el conductor.
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Los primeros tres asesinatos ocurrieron en un contexto de incertidumbre dado que, al menos públicamente, no se conocían posibles motivaciones. A su vez otros hechos llamativos se llevaban por esas horas la atención de las autoridades y medios de comunicación, como fue el sábado 9 de marzo por la tarde el hallazgo de un mensaje escrito en una sábana colgada en el puente de Circunvalación a la altura de Ovidio Lagos. "Pullaro y Coccocioni: se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes", decía el trapo.
Horas más tarde, la advertencia se cumplió con el asesinato de Bruno Bussanich, el playero de 25 años baleado mientras trabajaba en la estación de Mendoza al 7600. En la escena del crimen se halló un papel con un extenso mensaje que refería a que no se trataba de una disputa entre bandas por el territorio sino contra el gobierno provincial. Así comenzaría a tomar forma la que luego se consolidó como la principal hipótesis que conectaba a los cuatro homicidios.
A partir de estos hechos la entonces fiscal regional María Eugenia Iribarren conformó un equipo de fiscales compuesto por Patricio Saldutti, Marisol Fabbro (Homicidios), Franco Carbone (Balaceras), Luis Schiappa Pietra (Delitos Complejos) y Fernando Dalmau (Investigación y Juicio) con el apoyo de Adrián Spelta (también Homicidios).
Para los investigadores los hechos fueron orquestados por dos células criminales con sus mandos en prisión, una en la cárcel de Piñero y otra en una federal. Este organigrama fue dado a conocer a mediados de abril cuando, luego de una serie de detenciones, se realizó la audiencia imputativa.
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La estructura con pie en la cárcel de Piñero, según los fiscales, estuvo dirigida por Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, un recluso que cumple condena por homicidio y está acusado de liderar una asociación ilícita vinculada al comercio de drogas, aunque no tiene causas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes. Núñez fue quien, por medio de su pareja Brenda "Cote" Pared, que cumplía prisión domiciliaria en una causa por drogas y lo había visitado en tres oportunidades entre febrero y comienzos de abril, envió ordenes al eslabón inferior conformado por jóvenes y menores de edad.
La Justicia señaló a Axel Uriel Rodríguez, Gustavo Márquez, Macarena Muñoz y su hermano de 17 años identificado como M.M como quienes se ocuparon de gestionar las directivas que Núñez hizo llegar desde la cárcel. En ese sentido se valieron de la participación de dos chicos de 15 años y uno de 16 para ejecutar los asesinatos de los dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª. También fue imputado un hombre identificado como Raúl Pereyra, dueño del celular desde el cual contactaron a la central de radiotaxi para la que trabajaba Diego Celentano.
Sobre la otra célula, coordinada según los investigadores desde una cárcel federal, no hay precisión acerca del presunto instigador. Sin embargo los avances en la causa apuntaron las sospechas a dos conocidos jefes criminales: Esteban Lindor Alvarado y Claudio "Morocho" Mansilla, ambos condenados a prisión perpetua por homicidios instigados desde sus lugares de líderes de asociaciones ilícitas.
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Lo que sí establecieron los investigadores es que este grupo estuvo detrás de los asesinatos del colectivero Daloia, del playero Bussanich y de un ataque fallido contra otro chofer de colectivos. Sobre el crimen del playero se estableció que fue cometido por el menor DG, de 15 años, también señalado en la célula comandada por Chucky Monedita como autor del homicidio del taxista Figueroa. Este chico, de edad no punible, fue detenido gracias al aporte de un ciudadano que brindó información en el marco de la solicitud que había hecho el gobierno provincial bajo promesa remuneratoria. Los registros de las cámaras de vigilancia de la estación de servicio en la que trabajaba Bussanich habían capturado su rostro al descubierto.
Otro punto de conexión entre ambas células fue Axel Rodríguez, sindicado por su rol en los ataques contra colectiveros. Estos hechos fueron ejecutados por José Maturano, identificado pero prófugo, señalado como conductor de la moto en la que trasladó al sicario, también evadido de la Justicia y aún sin identificar. En los primeros avances de la investigación se conoció que, luego del crimen de Daloia, los dos sospechosos fueron a una vivienda de Nicaragua al 2200 donde dejaron la moto y se cambiaron de ropa. Cuando ese domicilio fue allanado las autoridades encontraron elementos de interés y detuvieron a once personas que luego fueron imputadas por encubrimiento agravado.
La propuesta fue una suba del 8%, escalonada, para el segundo trimestre. Los trabajadores de la educación votaron por no aceptar, pero definieron medidas dispares
Por Elbio Evangeliste