No se discutió cómo ni por qué lo hizo. A cinco años y un día del crimen del
estudiante de psicología Germán Owsianski, se consideró probado que Brahian Pizzicatti, de entonces
18 años, fue uno de los dos jóvenes que lo abordaron para robarle las zapatillas en su torpe
primera experiencia con el delito. Los jueces de la Cámara Penal que ayer le confirmaron la condena
a 14 años de prisión no destinaron una palabra a su responsabilidad en el caso. En cambio,
dedicaron el fallo a remarcar que la pena de prisión, por sí sola, es un sinsentido que sólo sirve
para aplacar la búsqueda retributiva de venganza.
Ese enfoque crítico respecto de la aplicación de penas
severas de prisión por la simple búsqueda de castigo, sin embargo, no fue acompañado de una
reducción de la pena. Ocurre que Pizzicatti obtuvo la sanción mínima del delito por el que fue
condenado: un robo seguido de muerte, agravado por el uso de arma de fuego. Aunque elogiaron la
rehabilitación del joven, los jueces de la Sala II dijeron que no pueden desplazar los topes
rígidos del Código Penal.
Sanción y sugerencia. Por eso mantuvieron la pena de 14 años de prisión tal y
como estaba. Pero le recomendaron al juez de Ejecución penal (quien otorga beneficios durante la
condena) que considere alternativas al encierro duro.
Ese encuadre también inspiró, el mismo día, la definición
judicial de otro caso resonante: la muerte de Carla Palma, la joven que en junio de 2003 chocó
contra un árbol cuando dos adolescentes la abordaron para robarle la moto (ver página 28). La misma
Sala II alentó en ese caso una considerable reducción de la pena a los jóvenes implicados, con un
criterio común: castigar no es rehabilitar.
Así cerró, cinco años después, el trámite judicial de dos
casos conmocionantes que en ocasiones alentaron reclamos sociales punitivos. Contra esa voluntad de
castigo los jueces se pronunciaron ayer. Para explicar que la reinserción social no se obtiene con
flagelo.Y que la penosa oscuridad del encierro no sirve para reducir las tasas de delincuencia.
El 13 de octubre de 2003 a la madrugada Germán Owsianski,
de 18 años y nacido en San Justo, volvía de pasar la noche en un bar con amigos. Se acercaron dos
pibes. Le pidieron plata, pero no tenía.
Los ladrones, inexpertos, le pidieron las zapatillas.
Germán se agachó para desatarse los cordones de las Topper cuando en el silencio de Maipú al 1800
retumbó un disparo. Los ladrones se fueron corriendo con las Topper en la mano. Después, admitirían
ante un juez que no notaron a Germán herido, que lo vieron alejarse caminando.
Pero la bala calibre 22 hirió a Germán en la cabeza y le
fue quitando fuerzas de a poco. Caminó como pudo unos cien metros hasta su departamento. Se
desvaneció en el palier y se desangró de a poco.
La investigación policial llevó a la detención de dos
jóvenes. Uno de ellos, Pablo Correa, tenía 17 años. Fue responsabilizado por el crimen pero en
febrero dos jueces de la Sala III de la Cámara Penal decidieron no aplicarle pena. Entendieron que
su recorrido por el tratamiento tutelar fue satisfactorio.
El encuadre. Brahian tenía 18 años recién cumplidos al momento del crimen y por
eso fue juzgado como mayor. En 2006 lo condenaron a una pena que vencerá el 17 de octubre de 2017.
El joven, nacido en Canadá, vivía con su abuela y su hermano mellizo en Rosario desde que sus
padres se separaron. Pablo, en una familia de padres profesionales.
Los dos jóvenes implicados contaron que esa noche habían
estado reunidos y que cerca de las 4 se pusieron de acuerdo para cometer un robo. Dijeron que el
tiro se les disparó. Pero la voluntad de matar es indiferente para el delito que les imputaron: el
robo seguido de muerte no exige que el homicidio sea intencional.
Los jueces de la Cámara Penal dejaron la pena intacta
porque no hay fundamentos para atenuarla. "La frontera legal es clara en cuanto a la
responsabilidad que le concierne por haber cumplido 18 años. No existe, por mucho que el tribunal
ha buscado, una posibilidad jurídica razonable de reducir la pena", dijeron los camaristas Ramón
Ríos y Juvencio Mestres, para quienes el grave delito "no puede quedar impune".
Remarcaron que el muchacho manifiesta "dolor por el
sufrimiento ajeno, no encuentra alivio, se arrepiente hasta de haber nacido. En síntesis, el
muchacho revela angustiosamente su profundo arrepentimiento". El joven detenido estuvo internado
Asociación Nazareth, un centro privado de rehabilitación de adictos de Cañada de Gómez. Finalizada
la terapia, ahora es instructor de otros internos. Todo eso fue tomado como indicador de su
recuperación.
El planteo de los jueces es que el encierro permanente debe
racionalizarse: "La privación de libertad quedaría reservada para los casos más graves". La cárcel,
evaluaron, revela el fracaso del Estado en sus políticas de control social. Es "el recurso más
violento" para responder a un conflicto que no pudo ser resuelto antes.
La noción del castigo. Para respaldar ese encuadre citaron al filósofo argentino
Mario Bunge cuando en febrero pasado se pronunció, en la UBA, contra la idea de que hay que
castigar antes que prevenir: "Esta actitud retributiva, enraizada en el deseo primitivo de
venganza, bloquea tanto la búsqueda de los mecanismos del delito como el diseño de programas
eficaces de prevención y rehabilitación. Quienquiera que se interese seriamente en reducir la tasa
de la delincuencia, en lugar de librar ineficaces "guerras al crimen" intentará descubrir las
causas del delito con el fin de rediseñar políticas sociales, en lugar del ensañarse en el
castigo". Una filosofía que, en sentido contrario a los reclamos de mano dura, selló el cierre
judicial de dos crímenes conmocionantes.
