El ex jefe de la policía rosarina Marcelo Gómez fue condenado a 1 año de prisión condicional por retirar la custodia hace más de dos años de edificios públicos que habían sido blanco de ataques a balazos. El efectivo aceptó en un juicio abreviado la sentencia que lo declara autor del delito de abuso de autoridad y lo inhabilita por dos años para ejercer la función pública. La acusación surgió de una denuncia del ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, por haber dejado descubiertos tres objetivos judiciales a lo largo de nueve horas el 13 de diciembre de 2019.
El hecho en cuestión quedó registrado en intercambios de audios por WhatsApp que se hicieron virales entre el ex funcionario y Gómez, que por entonces era el titular de la Unidad Regional II rosarina. Occurrió sobre el primer fin de semana de gestión del gobernador Omar Perotti y tras la designación de Saín como ministro. En su carácter de titular de la policía rosarina, a las 13 del viernes 13 de diciembre Gómez ordenó levantar las guardias externas del Centro de Justicia Penal de Sarmiento y Virasoro, la sede de Fiscalía en Montevideo 1968 y el Colegio de Magistrados de Balcarce 1551.
Cuando Sain se enteró de ese movimiento, a las 23.37 le dio la orden de reponer las custodias: "De lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante", advirtió. La respuesta de Gómez llegó a los siete minutos: "Buenas noches ministro. Ya está restablecido". En total, el servicio estuvo suspendido de 13 a 22. Según declaró Gómez al ser imputado en febrero de 2020, “los objetivos nunca quedaron sin custodia” porque removió refuerzos pero no las guardias internas. Dijo que ordenó ese movimiento porque integraba un chat de WhatsApp con comerciantes del Paseo del Siglo alarmados por la circulación de “mecheras, trapitos y pungas” que reclamaban vigilancia en esa fecha cercana a las fiestas de fin de año.
Si bien en aquel momento la fiscal Paola Aguirre le atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la tarde de este lunes fue condenado por el delito de abuso de autoridad. El cambio de calificación obedeció a una cuestión técnica, ya que se entendió que había dado una orden contraria a los protocolos. Así quedó establecido en la propuesta de juicio abreviado que presentaron la fiscal y el defensor José Nanni ante el juez Gonzalo López Quintana, quien aceptó el acuerdo. Marcelo Oscar Ceferino Gómez, de 52 años, recibió además una inhabilitación especial por dos años y deberá cumplir en ese lapso ciertas reglas de conducta, como someterse a la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria. La condena fue a la pena mínima.
De acuerdo con la sentencia, Gómez le ordenó en forma verbal al jefe de la Agrupación Cuerpos que el personal de la Brigada de Orden Urbano apostado en los tres edificios fuera destinado a cubrir el operativo llamado Felices Fiestas, lo que ocurrió “a sabiendas de la arbitrariedad de su decisión, por no contar con basamento legal y por ser contrapuesta a la orden que se encontraba vigente a la fecha”.
Esa orden había sido impartida por el jefe de policía de la provincia y establecía que desde el 4 de agosto de 2018 debían asignarse servicios de custodia en los tres edificios, en los que previamente se habían registrado ataques a balazos. A las 21.29 de aquel viernes 13, el área policial que coordina con las oficinas de gestión judicial comenzó a recibir mensajes alertando que las custodias de esos edificios públicos no estaban en su lugar.
Cuando Sain se enteró de ese movimiento, a las 23.37 le dio a Gómez la orden por WhatsApp de reponer la vigilancia en el CJP de Sarmiento y Virasoro, la fiscalía de calle Montevideo y la sede del Colegio de Magistrados de Balcarce 1551. El policía acató en cuestión de minutos y cuatro días más tarde comenzó a tramitar su jubilación. En total, el servicio estuvo suspendido de 13 a 22.
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“Me vi en la necesidad de remover personal para asignar a este sector teniendo en cuenta que los recursos eran limitados. Como jefe estoy capacitado para disponer de mi personal”, había dicho Gómez al ser imputado en libertad en la causa por la que ahora aceptó condena.
